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Apelan rechazo de ‘hábeas corpus’ a favor de activista extranjera detenida en Cusco

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Publicado por DHSF

Como se recuerda, el pasado 21 de Abril la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, intervino a Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de ‘Mining Watch Canadá’, junto al documentalista y periodista John Dougherty, tras la proyección del documental ‘El fraude de Flin Flon’ que denuncia los daños ambientales de la empresa ‘Hudbay Minerals’ en EE.UU., Guatemala, Canadá y en Perú con lamina Constancia en Chumbivilcas, Cusco.

Según la Policía Nacional, las actividades de los extranjeros violentaban el “orden público”. Al día siguiente de la detención, el MININTER publica un lamentable pronunciamiento en el que cita textualmente: “La calidad migratoria de turista permite al ciudadano extranjero realizar únicamente actividades turísticas, de ocio, de salud o similares”. El mismo documento denuncia a los detenidos por “incitar a los pobladores de diversas localidades y comunidades campesinas en contra de la actividad minera canadiense”. Es decir, los acusa directamente de agitadores y ser responsables indirectos de los conflictos que han surgido en Chumbivilcas. Lo que no menciona el comunicado es que dichas conflictos y manifestaciones contra el proyecto minero “Constancia”, surgieron debido a que la empresa habría incumplido acuerdos que tenía con las comunidades.

#Cusco: Detención Arbitraria a periodista estadounidense y ciu…

#Cusco: Detención Arbitraria a periodista estadounidense y ciudadana canadiense por difusion de documental sobre minería. #URGENTERepresión por documental que visibiliza los conflictos y daños ambientales de empresa minera #Hudbay en EE.UU, Guatemala, Canadá y Perú. Inmediatamente después de la proyección: “Desde Canadá al Sur Andino de Perú, el caso de HudBay Minerals”, el periodista y documentalista norteamericano John Dougherty y la ciudadana canadiense Jennifer Moore fueron detenidos por Policías de Migraciones para después ser trasladados a las oficinas de Seguridad del Estado. Los hechos sucedieron al promediar las ocho de la noche en pleno centro de #Cusco. La intervención fue efectuada por alrededor de unos 20 efectivos policiales quienes rodearon a los asistentes del evento y parte de los organizadores del evento para después llevarse a los ciudadanos extranjeros. En las instalaciones del la oficina de extranjería dentro de Seguridad del estado argumentaron que esta intervención fue realizada en razón a la verificación de la calidad migratoria de los intervenidos toda vez que se encontrarían en calidad de turistas y como tales tendrían restringidas ciertas actividades. Sin embargo de acuerdo al decreto legislativo 1350, ley de migraciones artículo 29.1 la calidad de turista significa el no poder realizar actividades lucrativas o remuneradas. Las personas intervenidas participaron en un evento público y gratuito por lo cual no estarían infringiendo ni excediendo su calidad migratoria.Este documental ha sido presentado durante la semana en las comunidades de #Chumbivilcas – Cusco, zonas afectadas por las operaciones de Hudbay – Mina Constancia. Durante estas proyecciones los participantes sufrieron hostigamiento policial permanentemente.Hasta estos momentos Dougherty y Moore siguen dentro de las instalaciones de Seguridad del Estado. Algunos funcionarios como el congresista Edgar Ochoa y Marco Arana se han comunicado con los encargados de la oficina regional de Seguridad del Estado y se ha hecho presente también la representante de la embajada norteamericana.[ACTUALIZACIÓN]Los ciudadanos extranjeros fueron liberados al promediar la 1:00 a.m. Según informan los abogados, la Policía tenía toda la información de movimientos y actividades. No fue una intervención aleatoria.

Posted by Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco on Friday, April 21, 2017

Tras estos sucesos,  organizaciones de la sociedad civil interpusieron un hábeas corpus a favor de Jennifer Moore, el pasado 16 de mayo. La demanda fue interpuesta por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana – Aporvidha y CooperAcción, ante el Juzgado Penal Permanente de Turno de Lima. Los denunciantes pedían al Juez del Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordene a la PNP y Superintendencia Nacional de Migraciones, “abstenerse en el futuro de detener, perseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto, que atente contra la libertad personal, la libertad de opinión y expresión y otros derechos conexos, de la ciudadana canadiense Moore, permitiéndosele retornar el país el día de 8 de agosto de 2017“. Además solicitaban al Ministerio del Interior, Carlos Basombrío, que cese” las amenazas de expulsión y cualesquiera impedimentos para su ingreso al Perú”. Asimismo se pide que el Ministerio Público investigue la detención arbitraria de Moore y sancione a los responsables.

Lamentablemente, el 29 de mayo, se recibió la notificación de la resolución del 1er Juzgado Penal, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus impuesta para favorecer a Moore. Esta situación vuelve vulnerable a la ciudadana extranjera, pues tiene planificado regresar al Perú el día 8 de agosto del 2017 y no habría garantías de que se vuelve a repetir una detención arbitraria.

Tras el rechazo al hábeas corpus, la defensa de la ambientalistas extranjera interpuso un recurso de apelación. Esta situación genera muchas interrogantes. El abogado defensor e integrante de IDL, se pronunció en fabebook con cuestionamientos que también los tiene la sociedad civil, e incluso por la prensa regional, nacional e internacional, por ser un caso que vulnera la libertad de expresión: ¿Puede acusarse a unos extranjeros de afectar el orden público, como consecuencia de proyectar un vídeo donde se muestra los abusos de una empresa con la población afectada por un proyecto de extracción minera?¿Puede iniciarse proceso administrativo contra dos activistas ambientalistas, como consecuencia de no haber tramitado visa de trabajo, a pesar que solo viajaron para comentar un vídeo donde se denunciaban los atropellos de una empresa minera a la población local? ¿Puede el Ministerio del Interior amenazar con expulsarlos sin antes esperar los resultados de un proceso administrativo?

MALA NOTICIA PARA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN El día de ayer hemos sido…

Posted by Juan Carlos Ruiz Molleda on Tuesday, May 30, 2017

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