Redacción DHSF
“Otra mesa de trabajo es una burla contra nosotras”, así se pronunció la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas con respecto a la Resolución Ministerial N° 0216-2020-JUS, la cual ordena la conformación de un grupo de trabajo multisectorial temporal que analizará y propondrá mecanismos que aborden la problemática de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995-2001.
El cuestionamiento radica en que dicha norma publicada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no considera como integrantes a las víctimas de las esterilizaciones forzadas ni a las organizaciones que las defienden. “No queremos ni seremos simples invitadas, la violación de derechos humanos se cometió contra nosotras, exigimos estar presentes en el diseño de las políticas públicas para reparar nuestros derechos”, se lee en el pronunciamiento.
Otro punto de la resolución ministerial que genera preocupación es sobre la elaboración de un diagnóstico integral sobre la situación de la población afectada por las esterilizaciones forzadas. Esta disposición para la asociación dilataría la obligación del Estado de reparar por la violación de derechos humanos cometida. “Harán otro diagnóstico a pesar de los 7 mil testimonios consignados en el REVIESFO (Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas) y de todos los informes que ya existen en el Congreso de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, los tres informes de la Defensoría del Pueblo y otros…otro informe adicional es desconfiar de nuestros testimonios”, indica el documento.
Además, la asociación criticó que el grupo de trabajo tenga vigencia hasta el 31 de julio del próximo año. “Apelamos a las ministras de Salud, Pilar Mazetti y de la Mujer, Rosario Sasieta para acelerar la creación de políticas de reparación y atención a las víctimas”, señala.
De esta manera, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas denunció este hecho como una burla que revictimiza y afecta la dignidad de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, sobre todo cuando han transcurrido más de 20 años sin que las más de 300 mil víctimas de la dictadura fujimorista hayan podido acceder a la justicia y reparación.
También la pandemia del COVID-19 ha incrementado la vulnerabilidad de esta población en el país; sin embargo, el Gobierno sigue indiferente tanto al impacto del coronavirus en la vida de las mujeres como a la justicia y reparación pendiente.
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