[COMUNICADO] Ante la resolución de la CIDH sobre Tribunal Constitucional y caso ‘El Frontón’

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ante la reciente resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) sobre el proceso de seguimiento de la sentencia del caso Nolberto Durand y Gabriel Ugarte vs. Perú, donde se ordena el archivamiento del proceso que el Congreso de la República lleva contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional, expresa lo siguiente:
1. La Resolución de la Corte responde a la solicitud efectuada por los familiares de las víctimas del caso Nolberto Durand y Gabriel Ugarte vs. Perú para que se garantice el acceso a la justicia en el proceso penal que viene llevando en sede nacional.
2. Para la mayoría de los miembros de la Corte ha quedado demostrado que el proceso legislativo contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional es un grave atentado contra la independencia judicial en la medida que los jueces no pueden ser objeto de sanción por sus fallos emitidos.
3. La Corte fundamenta su resolución en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la aplicación de las medidas provisionales que se aplican cuando existe la posibilidad de situaciones que se pueden convertir en irreparables (puntos 3 y 4 de la Resolución), por lo que para la Corte es muy importante preservar una situación de justicia sin interferencias.
4. La Resolución de la Corte finalmente resuelve una situación de abuso de poder del Congreso de la República señalada con anterioridad por diversas bancadas, con excepción de Fuerza Popular y el APRA, por lo que consideramos que esta Resolución fortalece la institucionalidad democrática.
Por estas razones, consideramos que la Corte ha amparado la solicitud de los familiares y esperamos que el Estado peruano asuma su obligación de cumplir con esta resolución. En este sentido, hacemos un llamado a las fuerzas democráticas, sociedad civil y ciudadanía toda a exigir al Gobierno y al Congreso de la República el cumplimiento del mandato constitucional de respeto de las instancias internacionales de las que el Perú forma parte.
Lima, 13 de febrero del 2018