Conflicto armado interno: ¿Estamos construyendo el “nuevo pacto social” planteado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación?

Por Miluska Rojas – Vocera del Movimiento Ciudadano ‘Para que no se repita’

La transformación de la sociedad luego del periodo de violencia de 1980 – 2000 es aún un ideal a alcanzar; las deudas históricas y las cifras recientes de las violencias (económica, social, contra la libertad sexual, política, entre otras) y las exclusiones permanecen en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno.

La idea de reparación integral planteada por las recomendaciones de la Comisión de la verdad y reconciliación (CVR), complementarias al énfasis en el derecho a la verdad, la justicia para las víctimas y las reformas institucionales, no han logrado implementarse cabalmente ni transformar a la sociedad pos conflicto.

El Informe de la CVR planteo a la sociedad peruana una verdad compleja y dolorosa, y tareas inmediatas y de mediano plazo. Sin embargo, dieciséis años después de este informe, aún existen tareas pendientes para la sociedad peruana respecto de las reparaciones a víctimas de la violencia, la búsqueda de personas desaparecidas, la generación de garantías de no repetición de la violencia y de la construcción de un “nuevo pacto social”.

Si bien en los últimos quince años un gran número de víctimas y familiares ha logrado ser parte del Registro único de víctimas, más de 120 mil a nivel nacional, y acceder a algunos beneficios de los programas de reparación, aún existen muchas más que sufren el daño moral de la impunidad, las secuelas de la guerra interna y la fragilidad de aquello que la CVR denominó “un nuevo pacto social”.

Los programas de reparación dados para resarcir los daños generados a las víctimas de la violencia de 1980 – 2000, en materia de salud, educación, vivienda, desplazamiento, restitución de derechos ciudadanos aún son limitados. El acceso a estos, así como el número y cobertura de las atenciones es bajo respecto de las secuelas y el número de registrados. Las víctimas de las zonas más alejadas aún ven desatendidas las secuelas que la tortura, la violencia sexual, la precariedad vivienda, y la ausencia de un familiar desaparecido puede haber dejado en ellas. La dilación de los procesos fiscales y judiciales, la postergación de los casos, las limitaciones de tiempo y cobertura en los programas de reparaciones parecen mantener la sensación de deuda e impunidad. Siendo el acceso a la justicia y la recuperación de restos de personas desaparecidas los ámbitos donde menos resultados se han obtenido.

Ante este escenario la memoria y la incidencia política han sido y seguirán siendo, quizás, la principal estrategia para afianzar los cambios sugeridos por la CVR. Los más de 165 espacios de memoria existentes y las iniciativas ciudadanas de memoria sobre este periodo alientan la construcción de un nuevo pacto social donde otro Perú es posible. Un país libre de exclusiones, atento a resarcir y evitar daños de guerra o de conflictos internos, y a buscar a cada víctima de desaparición forzadamente, voluntaria y diligentemente.

Datos:

  • En junio de 2016, el Ejecutivo promulgó la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000.
  • En 2017 se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas desaparecidas que a la fecha ha logrado registrar 20 mil 511 personas desaparecidas durante 1980 – 2000.
  • Del total de personas desaparecidas apenas 1199 (aproximadamente el 6%) han sido recuperadas, identificadas y sus restos restituidos a sus familiares.

 

  • Existe un aproximado de 13 mil personas de las cuales se desconoce su paradero, y no se tienen certezas sobre su muerte.
  • En el Perú hay referencia de los posibles sitios de entierro de 5 mil personas y es necesario establecer el contexto y la hipótesis para proceder a la exhumación.
  • Al 2021 la Dirección General de Búsqueda de Personas desaparecidas ha proyectado ofrecer 000 respuestas, finales y parciales, sobre las personas desaparecidas.
  • Ayacucho sigue siendo la región con el mayor número de casos, seguida de Huánuco, Junín y Huancavelica. La Dirección General de Búsqueda de Personas desaparecidas cuenta con oficinas descentralizadas en Lima, Ayacucho, Huánuco y Junín.
  • En 2018 se aprobó la Ley que crea el Banco de Datos Genéticos, la misma que de implementarse permitirá guardar los perfiles genéticos para compararlos y así encontrar el parentesco entre los familiares y los restos en el proceso de búsqueda.
  • A la fecha los perfiles genéticos obtenidos y procesados por el Ministerio Público no han sido trasladados a la Dirección General de Búsqueda de Personas desaparecidas, y las coordinaciones entre ambas instituciones requiere de mayor eficacia.

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