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Congreso modifica plazo de detención preventiva ¿Cómo se aplicará esta norma en conflictos sociales?

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El pasado 04 de mayo, el Congreso de la República aprobó ampliar el plazo máximo de detención policial de 24 a 48 horas, siendo una modificación de nuestra Constitución, precisamente el literal f) del numeral 24 del artículo 2. Además en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales el plazo máximo de detención preventiva será por un periodo no mayor de 15 días.

De acuerdo al artículo 206 de nuestra Constitución, toda reforma debe ser aprobada por dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable mayor a los dos tercios del parlamento, es decir con mínimo 82 votos a favor.

La primera votación se realizó el 1 de diciembre del 2016, y se aprobó el dictamen respectivo con 96 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En la sesión del 12 de abril, se inició el debate y se pasó a un cuarto intermedio hasta la sesión del 04 de mayo, donde se obtuvieron 96 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones, con esta modificatoria el Parlamento aprobó la primera reforma constitucional del presente período legislativo.

Con ambas votaciones, que superan los dos tercios de los congresistas, se cumple lo que dicta la Constitución, así que la reforma se promulgó oficialmente el 09 de mayo, en el Diario El Peruano.

La mayoría de las bancadas han celebrado esta iniciativa legislativa que fue presentado el 28 de noviembre del 2016 por la congresista aprista Luciana León Romero, para ser debatida previamente en La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Miguel Torres. Sin embargo, desde la Sociedad Civil, se ha cuestionado esta modificatoria, pues desde el Poder Ejecutivo se plantea la propuesta de una ampliación a 72 horas.

Si bien la modificación de la norma puede ser positiva para aquellos casos de  terrorismo, espionaje, tráfico de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales, tiende a tergiversarse en zonas donde existen conflictos sociales por actividades extractivas, ya que la figura de “organizaciones criminales” puede ser aprovechada para perseguir y hostigar a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores ambientales y de derechos humanos al interior del país, como es el caso de los lideres, dirigentes y comuneros de la provincia de Cotabambas (Apurímac) quienes afrontan un proceso de investigación por participar en el conflicto de Las Bambas. La figura que se ensaya en este caso es de asociación ilícita para delinquir.

Lo que queda claro es que este gobierno, aún sin haber cumplido un año de gestión, está emitiendo leyes, decretos y reformas que apuntan a criminalizar –aún más- a las y los defensores de derechos humanos y a todo aquel que cuestione las decisiones políticas o haga efectivo su derecho a la protesta. Esta política de persecución se refleja claramente en las provincias altas de Cusco y Apurímac, donde en menos de tres meses se han dado dos declaratorias de emergencia injustificadas (Chumbivilcas y Coporaque).

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