Criminalización de la protesta: Walter Aduviri es sentenciado a siete años de prisión efectiva y el pago de 2 millones de soles de reparación civil

(11/07/2017) El último jueves, el Juzgado Colegiado de Puno emitió el adelanto de sentencia para Walter Aduviri Calisaya y otras nueve personas juzgadas por los hechos ocurridos durante el “aymarazo” en el año 2011. La lectura de la sentencia completa se realizará el próximo martes 18.

Mediante el adelanto de sentencia se conoció que –respecto a Walter Aduviri- los jueces dictaron siete años de prisión efectiva y el pago de 2 millones de soles de reparación civil; y los otros nueve implicados, Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Edy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Felix Illacutipa Mamani y Severo Efraín Iturri Gandarillas fueron absueltos de todo cargo.

El juzgado declaró unánimemente a Aduviri responsable del delito de disturbios (ataques a la propiedad privada, saqueo y quema de instituciones públicas) cometido el 26 de mayo del 2011. Sin embargo, el juzgado absolvió a los acusados del delito de extorsión, ya que no existen los requisitos mínimos para sentenciarlos por ese tipo penal.

El juzgado reconoció que la protesta de los aymaras fue justa, porque pedían la derogatoria del D.S. 083-2007 que exceptuaba a la empresa minera Bear Creek de la prohibición (establecida en la Constitución) de realizar actividades cincuenta kilómetros a la redonda de la zona de frontera. Por eso, el Estado vulneraba el derecho a la consulta previa.

Apelará sentencia

Mientras se realizaba la audiencia de lectura de adelanto de sentencia, aproximadamente 1500 campesinos se reunieron en la Plaza de Armas con pancartas de respaldo a los acusados. Por ello, más de 300 policías acordonaron el lugar para evitar que los manifestantes tomen el Palacio de Justicia.

Esa noche, se realizó un mitin en el que Walter Aduviri aseguró que apelará la sentencia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en el mitin se anunció una paralización regional para el próximo 18 de julio, con el fin de cambiar la sentencia.

Criminalización de la protesta social

El “aymarazo” y el caso Espinar tienen algunos elementos en común: primero, ambas protestas se realizaron en defensa y exigencia de los derechos de los pueblos que se veían afectados por la actividad minera; y segundo, los líderes sociales que encabezaron las protestas enfrentan procesos judiciales que se prologan hasta hoy.

El 18 de julio se realizará la lectura completa de sentencia por el “aymarazo”. En el caso de Espinar, hoy, 11 de julio, se realizará la audiencia de alegatos finales en el juicio que enfrentan el ex alcalde de la provincia, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herberth Huamán y Sergio Huamaní. En este juicio, la Fiscalía pide para los acusados de 7 a 8 años de prisión efectiva y una reparación de casi 5 millones de soles.