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Espinar: Dirigentes del FUDIE son investigados por ejercer sus derechos

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En este contexto en el que se pone en tela de juicio la labor que desempeña la Fiscalía por su evidente falta de diligencia en los casos de corrupción, también es importante cuestionar su actitud inversa (activa) cuando se trata de investigaciones penales que intentan criminalizar a líderes y dirigentes de organizaciones sociales que ejercen o ejercieron su derecho a la libertad de expresión, asociación y/o reunión, derechos que sin duda alguna en un estado democrático deberían ser respetados y no reprimidos.

Este es el caso de los líderes y dirigentes del Frente Único de Defensa de la provincia de Espinar Edgar Huranca Katata, Lourdes Sumi Merma, Hernan Lupacca Noa y Yudi M. Sulla Ylachoque a quienes el pasado 26 de mayo del 2017 la Fiscalía Penal de Espinar a través de la DISPOSICIÓN N° 01-MP-FPP-E les apertura denuncia penal por los delitos de usurpación de función Pública, Violencia contra la autoridad para obligarle a algo, violencia contra la autoridades elegidas y coacción en agravio del Alcalde Manuel Salinas Zapata de la Municipalidad provincia de Espinar.

De la denuncia presentada por la Municipalidad se advierte que su principal argumento es que los ahora denunciados cometieron delitos cuando presentaron varias cartas dirigidas a alcalde peticionándole el cumplimiento de sus compromisos en la Asamblea Popular desarrollada en fecha 31 de mayo del 2016.

Luego en fecha 07 de noviembre del 2017 se notifica con la DISPOSICIÓN N 02 donde se requiere a los denunciados apersonarse el día 22 de noviembre a horas 9 am para la toma de su declaración “BAJO APERCIBIMIENTO DE DISPONER SU CONDUCCIÓN COMPULSIVA EN CASO DE INCONCURRENCIA”, es decir, sorprendentemente en la segunda notificación la Fiscalía presurosa ejerce su poder coercitivo. Esta labor diligente debe ser contrastada con las denuncias que son interpuestas por los comuneros en contra de las instituciones públicas y empresas mineras.

Es evidente que en este caso se intenta utilizar el derecho penal para limitar el derecho a la petición, a la libertad de expresión, asociación y reunión; pero además se pretende generar temor a la organización social que por tradición concretizan sus derechos en espacios públicos como son las Asambleas Populares.

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