Por: Yudith Conto Cantero – Área Legal de DHSF
“Mis parientes y mis animales están muriendo… Nosotros también tenemos derecho a comer sano”
Lideresa Melchora Surco
El año 2015, una comunidad campesina de la provincia de Espinar y tres organizaciones sociales que agrupan a personas afectadas por metales tóxicos interpusieron una demanda constitucional de acción de cumplimiento, a razón que las instituciones del Estado que tienen conocimiento, jurisdicción y decisión en temas de fiscalización ambiental como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cumplan con su responsabilidad.
Se trata de la comunidad campesina Huisa, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería representada por su presidenta Melchora Surco Rimachi, el Comité de Usuarios de Agua – Qquetara y el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Cañipía – FREDERMICE.
Con esta medida, la sociedad organizada buscaba, además, la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en las comunidades campesinas de Huisa, Pacpacco – Alto Huancané, Huarca, Hancollahua, Huano Huano, Paccopata y Jatarana. Todo ello con el objetivo de brindar las condiciones adecuadas para el ejercicio legítimo de su derecho a la vida, derecho a seguir viviendo.
Después de 5 años, el juez del Juzgado Mixto Penal Liquidador de Espinar emitió sentencia favorable contenida en la Resolución N° 61, de fecha 05 de diciembre de 2019. Sin embargo, esta fue apelada por el Gobierno Regional de Cusco alegando que dicha entidad pública habría estado cumpliendo con acciones referidas a la estrategia sanitaria de metales pesados y componentes, haciendo referencia al Plan de Acción de Salud Integral para la Población en Riesgo de Metales Pesados en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y la convención 2019-2021, los mismos que no habrían sido implementados adecuadamente, ya que en el 2019 a pesar de los pedidos y exigencias que se tuvieron desde los mismos afectados/as en reuniones con la DIRESA, esta entidad no habría cumplido con la totalidad de especialistas solicitados, periodo de las atenciones, ni tampoco se inscribieron en su totalidad a los pobladores al Seguro Integral de Salud – SIS. El 2020 no hubo ejecución del plan.
No basta con accionar el plan sino hacerle un correcto seguimiento o una previa evaluación si la mencionada está acorde al contexto de las provincias. El procurador del Ministerio de Salud refiere que sus competencias son como ente rector de salud, mas no ejecutor, lo que evidentemente corresponde al gobierno regional a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco. Cabe poner en conocimiento que esto no libera de las funciones y competencias que corresponden al gobierno nacional, a través de los ministerios. Esa es la política pública responsable y proactiva la que se ha apreciado, por ejemplo, a raíz de la emergencia nacional por la presencia de la COVID–19, en coordinación con los gobiernos regionales y municipales. Se trata de una política pública de responsabilidad compartida conforme a un modelo de Estado Democrático, Unitario y Descentralizado.
Finalmente, con fecha 30 diciembre de 2020 se confirma la sentencia en lo siguiente: El Ministerio de Salud (Minsa) en el plazo de 90 días tiene que cumplir con diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia sanitaria, contando con un plan de acción que contenga lugar, objetivo, plazo, financiamiento, actividades, indicadores de cumplimiento, responsables, plazo, monitoreo y evaluación con finalidad de establecer un programa de atención médica, así como vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, incluyendo el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua. También informar sobre los avances formalmente; es decir, con documentos en coordinación con Municipalidad Provincial de Espinar y Diresa Cusco en apoyo con el Minsa, participando de manera urgente, en las acciones de ejecución que permitan la protección de la salud de los pobladores.
Esto no solo es una sentencia, es un precedente social y jurídico porque esta lucha representa las falencias que tiene el pensamiento extractivo que se practica hace más de 30 años en Espinar, antecedido por el caso Cuninico-Loreto. En tiempos de flexibilización ambiental, es necesario hacerle recordar al gobierno de turno la relación social como garante del bienestar SOCIAL. El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, es un vínculo intrínseco al derecho básico de la existencia como sociedad en conjunto, derecho a la vida digna y de este se desprende el derecho a la salud, derecho a la educación, a la igualdad ante la ley, al protección del niño, madre, anciano, familia, a la consulta previa; derechos fundamentales reconocidos por la constitución.
La exigencia no fue solo por la falta de cumplimiento a la norma, sino también por la afectación de los mencionados, al contaminar el agua se contamina los animales, al consumir la carne de estos, se contaminan los que ingieren esta carne. Este proceso es la bioacumulación de los diferentes metales tóxicos como cadmio, plomo, arsénico, mercurio, que al cabo un par de años se exteriorizara con los primeros síntomas, daños al sistema digestivo, problemas en la piel, dolores de cabeza, huesos y músculos ¿Dónde está su derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida?
Los metales tóxicos provienen de la minera excesiva en Espinar bajo el supuesto crecimiento económico que traerá “progreso” y “desarrollo”. No obstante, no puede superponerse al resguardo de la dignidad de la persona que constituye la prioridad no sólo del Estado (Minsa, gobierno regional), sino de la sociedad (la comunidad campesina Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería, el Comité de Usuarios de Agua Qquetara, el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía ). En este marco se sobreentiende que, en su papel como sociedad, Espinar continúa en la lucha por reivindicar el derecho a la salud humana y ambiental, pero el Estado, al parecer, sigue ausente.
“Tal vez si nuestra agua no estuviera contaminada, pudiésemos vivir sanamente y no padeciendo tantos dolores”
Lideresa Melchora Surco
