Opinión

No estamos solos – Por Katherine Paucar

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Hace menos de un mes participé en el II Seminario Latinoamericano para abogadas/os y defensoras/es indígenas, convocado por “Earth Rights Internacional”, que inició el 28 de marzo y finalizó el 6 de abril. El evento tenía programado iniciar desde el día 28, pero ya desde el 27 en la noche íbamos llegando unos/as tras otros/as al lugar que nos albergaría por dos semanas. Las miradas tenían una expresión constante de alegría, angustia y preocupación, quizá por todo aquello que se avecinaba y por lo que significaba no estar en sus territorios.

En el evento participamos personas de distintas culturas: Quechuas, Aymaras y Wampis de Perú, Embera, U’wa, Kankuamo de Colombia, Kayambi de la nación Kichwa y Siona de Ecuador, Uchupiamonas del pueblo indígena de San José de Bolivia y Mapuches de Chile, todos cumpliendo un rol diferente en sus territorios, algunos desde el liderazgo social como dirigentes y otros siendo abogados.

Cada día del encuentro estuvo cargado de aprendizajes, emociones y compromisos: no solo hablábamos de los mecanismos normativos nacionales e internacional que en concreto nos permitían la posibilidad de defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas, sino también compartimos aquellos casos en los que tener conocimiento de nuestros derecho y en especial del derecho a la consulta previa y el consentimiento informado nos ha permitido la defensa de los territorios.

Los derechos a la consulta previa y el consentimiento informado fueron los que mayor relevancia tuvieron, pues en casi todos los estados el gobierno ha dado muestras de su interés en el crecimiento económico pasando encima, si es necesario, de  los derechos de todas y todos, llegando incluso a emitir normatividad que posibilita la flexibilización de procedimientos administrativos para la ejecución y/o desarrollo de empresas extractivas, autoriza la ejecución de proyectos que alteran el normal desarrollo de los pueblos indígenas y muchas veces omite la fiscalización y sanción de aquellos graves hechos de contaminación ambiental realizados principalmente por empresas extractivas (Hidrocarburos, minería, etc).

Por eso creemos que en estos contextos es importante emplear diversas tácticas, como procesos judiciales que sean abordados desde el litigo estratégico de manera de no solo de exigir el derecho a la reparación, el acceso a la información, derecho a la salud, la vida, la dignidad y otros, sino con el objetivo de generar precedentes que permitan establecer hitos importantes en la administración de justicia nacional e internacional. Esta misma estrategia debe ser empleada en los casos de criminalización de la protesta social y/o de los defensores y defensoras de derechos humanos, pues equívocamente se suele utilizar el derecho penal como herramienta de castigo o represión a comuneras/os, dirigentas/es, líderes y lideresas sociales y abogadas/os que denuncian hechos de contaminación ambiental en los territorios de pueblos indígenas y emprenden protestas sociales por la ejecución de proyectos mineros o de hidrocarburos, sin que exista consulta y debate.

En esa misma línea de acción, creemos que es importante recordar que estas acciones no solo deben realizarse en el ámbito interno, sino también a nivel internacional, acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la OEA, quienes han cumplido un rol importante en establecer directrices en temas como derecho de los pueblos indígenas, consulta previa, las obligaciones de los estados con las poblaciones indígenas, la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos y otros.

Por Katherine Luz Paucar Quispe

Área Legal – Derechos Humanos Sin Fronteras

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