Perú: La defensa de derechos humanos estigmatizada, criminalizada y reprimida

Perú: La defensa de derechos humanos estigmatizada, criminalizada y reprimida – Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación

Ginebra-Paris, 26 de junio de 2018 – Estigmatización, criminalización, un marco punitivo y represivo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos y la absoluta inacción de las autoridades para protegerles, es la realidad en la que trabajan cotidianamente las defensoras y los defensores en el Perú denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) después de su misión de investigación en el país.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú es poco conocida para la comunidad internacional a pesar de los enormes dificultades que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país: según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos entre 2011 y la actualidad 119 personas defensoras han sido asesinadas y en 2017 más de 800 personas defensoras estaban siendo objeto de criminalización.

Durante la misión internacional de investigación el Observatorio ha identificado cinco causas principales para la vulnerabilidad de las personas defensoras.

En primer lugar, destaca la fuerte estigmatización en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos por parte de medios de comunicación pero también por parte de autoridades y funcionarios públicos. Las referencias constantes a las personas defensoras como agitadoras y a las organizaciones de derechos humanos como defensoras de terroristas crean un ambiente que facilita las agresiones en su contra.

En segundo lugar, el Perú ha experimentado desde hace varios años el impulso de una serie de modificaciones constitucionales y legales que han ido cerrando garantías para toda la ciudadanía y, en particular, han generando un marco legal punitivo para la defensa de los derechos humanos. Esto incluye la modificación de los tipos penales que habitualmente son empleados contra las personas defensoras hacia definiciones excesivamente amplias que carecen del principio de legalidad. Otro aspecto alarmante de la transformación del sistema de justicia peruano es la creación de un sistema que permite presentar “denuncias preventivas” ante la Fiscalía de prevención de delitos. El Observatorio ha podido documentar como este posibilidad se ha usado en numerosos casos para amedrentar a personas que van a ejercer el derecho a la protesta social y que son denunciadas de antemano por delitos que pueden suceder durante la protesta con tipos penales como extorsión, secuestro o daños a la propiedad. Aunque los procesos no prosperen, se constituyen como espadas de Damocles sobre quienes ejercen el derecho a la protesta.

En tercer lugar, preocupa particularmente la criminalización de la defensa de derechos humanos que, en el Perú, afecta a numerosas categorías de personas defensoras incluyendo a periodistas, sindicalistas, defensores de víctimas del conflicto armado interno y comunidades en defensa de la tierra y el territorio. Los líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados por la criminalización mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro. Además, preocupa la tendencia de utilizar el tipo penal de difamación en contra de personas defensoras de derechos humanos.

En cuarto lugar, la misión ha podido constatar que el rol de la fuerza pública no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en la zona del corredor minero del sur y en otras zonas de conflicto. La misión ha identificado falencias en relación a su estructura civil, su parcialidad ante grupos empresariales como resultado de los Convenios entre Empresas y la Policías, así como por la tendencia al uso excesivo de la fuerza para reprimir la protesta como puede apreciarse por ejemplo en regiones como Espinar y Chumbivilcas en el Departamento de Cusco, así como en contra de movimientos campesinos, de mujeres o del movimiento LGBTI. Por último, el uso y abuso de la declaración de Estado de Emergencia para aplicarlo de forma preventiva es motivo de alarma y fue uno de los temas centrales abordados en las reuniones con las distintas autoridades peruanas. El Observatorio acoge con satisfacción la reciente decisión de no ampliar el estado de emergencia en el corredor minero pero hace un llamamiento a que se depuren responsabilidad entre las autoridades responsables de las declaratorias previas y a que se establezcan garantías de no repetición.

Finalmente, el Observatorio muestra su preocupación por la alarmante inacción por parte de las autoridades peruanas para establecer garantías para la defensa de derechos humanos y avanzar en la lucha contra la impunidad por los ataques en contra de las personas defensoras. Resulta destacable que el Perú no tenga un mecanismo de protección, ni una política pública sobre personas defensoras en un contexto regional en el que numerosos Estados ya están avanzando en esta dirección.

Contexto:

 El Observatorio celebró una misión internacional de investigación para evaluar la situación de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la República del Perú. La misión fue desarrollada del 4 al 9 de junio en los Departamentos de Lima y de Cusco, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).

La delegación estuvo compuesta por Claudia Virginia Samayoa (de nacionalidad guatemalteca, es Presidenta de la UDEFEGUA e integrante del Consejo Ejecutivo de la OMCT) y Miguel Martín Zumalacárregui (de nacionalidad española, es Director de la oficina en Bruselas de la OMCT y Consejero de Derechos Humanos para el Observatorio en la OMCT). Además, la misión fue acompañada por Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.

El Observatorio publicará en los próximos meses un informe con los hallazgos y recomendaciones específicas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Perú.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para obtener más información, por favor contacten con:

  • OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
  • FIDH: José Carlos Thissen : +51 95 41 31 65

Puedes ver la publicación original aquí

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