Pronunciamiento: INDECOPI pone en riesgo salud y vida de las personas y propone debilitar estándares ambientales y sociales

15 de abril de 2019.-  Las instituciones de sociedad civil y personas naturales abajo firmantes, habiendo tomado conocimiento de la Resolución N° 0077-2019/CEB-INDECOPI que propone que se disminuyan los plazos con respecto al proceso de modificación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA al considerarlo barrera burocrática para las inversiones, debemos señalar lo siguiente:

  1. INDECOPI, actuando de oficio,  ha publicado la Resolución que declara las siguientes barreras burocráticas ilegales: 1) el procedimiento N° 8 del TUPA de SENACE sobre el plazo de 121 días para evaluar la modificación de un EIA detallado general; 2) La imposición de un plazo de hasta ciento veintiún (121) días hábiles para la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d (para el subsector Energía – Electricidad); 3) el plazo de 3 años para la inscripción de Registros de Entidades Autorizadas para la elaboración de Estudios Ambientales (DS N°01-2013-MINAM).
  2. De ello, la medida de mayor riesgo es que las modificaciones a los EIA solo tendrían 30 días para para ser evaluadas y aprobadas por SENACE, ya que se estaría aplicando lo dispuesto a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; es decir, la norma general que no considera las diferencias de fondo entre un procedimiento administrativo común y uno que implique levantamiento de información socioambiental.
  3. El procedimiento de aprobación de dicha Resolución fue irregular al no aceptar el pedido de informe oral por parte del SENACE, organismos a cargo de la evaluación en los EIA, vulnerando el principio al debido procedimiento (Ley N° 27444, Art. 4). Ante esta situación el Ministerio del Ambiente – MINAM ha presentado un recurso de apelación, solicitando la nulidad de la Resolución y se está a la espera de la resolución final.
  4. Los organismos que velan por las inversiones y las reglas del mercado deben saber que la evaluación de impacto ambiental tiene como finalidad prevenir o minimizar los daños que puede producir un proyecto de inversión en el ambiente, las personas y sus formas de vida, por lo que de producirse su solución puede ser muy costosa para la sociedad y el Estado.
  5. Evaluar el EIA de un proyecto o su modificatoria toma tiempo, pues los Estudios de Impacto Ambiental son documentos voluminosos que tienen información altamente técnica presentada por su titular y que el Estado debe evaluar y analizar para determinar si está completa, y si ha sido adecuadamente recogida y analizada, no solo en cada elemento del ambiente sino en sus interrelaciones. Además, debe determinar si las alternativas propuestas para realizar la actividad o el cambio de algún componente son las menos dañinas y si los impactos han sido adecuadamente determinados y dimensionados. Pero también debe determinar si las medidas para prevención y minimización de daños son las idóneas.
  6. En este esfuerzo no solo participa o debe participar el evaluador, sino también las entidades especializadas, expresando su opinión técnica, y la población del entorno, dando a conocer sus preocupaciones, interrogantes y comentarios, que deben ser levantados.
  7. Estamos ante cambios que pueden implicar riesgos o daños y que, por lo tanto, requieren una evaluación rigurosa, que tenga el tiempo necesario. Pretender que se haga en 30 días para apurar las inversiones es sumamente irresponsable. El más claro ejemplo de ellos es el caso Las Bambas, en el cual sus procesos de modificatoria y de evaluación rápida (ITS) no han informado o consultado cambios fundamentales, lo que ha generado protesta social.
  8. Los procesos de “simplificación administrativa para apurar inversiones”, tal como se vienen llevando, no solo debilitan el cumplimiento de funciones del SENACE, sino que afectan derechos de los ciudadanos, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la participación ciudadana, y a la consulta previa; pues ante la exigencia de reducir plazos, se reduce aquello que se considera sacrificable, el conocimiento y difusión de la información para la toma de decisiones de aquellas personas que viven en las zonas donde se ubican los proyectos.
  9. Ante lo sucedido, exhortamos a la Comisión de Eliminación de barreras burocráticas a tener un real conocimiento sobre el proceso que involucra la modificación de una evaluación ambiental, y los derechos humanos que conlleva y resguarda. Además, debe saber que en muchos casos las evaluaciones demoran por la deficiente información que presentan los titulares del EIA o por la información inexistente sobre posibles impactos. Mejorar estos instrumentos es una tarea que se debe poner a los inversores. Como ejemplos de esto tenemos al MEIA del Terminal Portuario General San Martín (TGPSM), ubicado en Paracas, o el caso de proyectos como la Hidrovía Amazónica, donde se viene avanzando sin tener la información técnica necesaria que permita conocer los impactos que generaría el dragado de los ríos, así como los beneficios de la población.
  10. Se debe recordar que este proceso de debilitamiento de la normativa ambiental es una tendencia que se viene dando desde hace varios años por parte del Estado, y se expresa en normas como los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM, la Ley N° 30230 y la Ley N° 30327, así como en sus normas reglamentarias. Al respecto, existe una opinión del TLC Perú –UE que recoge la preocupación de la sociedad civil sobre la progresiva flexibilización de la gestión socioambiental para la promoción de inversiones.

En base a lo expuesto, la sociedad civil y las organizaciones de los pueblos indígenas, exigimos la anulación de la Resolución N° 0077-2019/CEB-INDECOPI, debido a que transgrede los derechos fundamentales, y debilita el rol de SENACE y de las instituciones que intervienen en la gestión ambiental de las actividades extractivas y proyectos de infraestructura; por lo que los plazos para la evaluación de las modificaciones a un EIA no son una barrera burocrática, sino un proceso para la mejora de la gestión del Estado en beneficio de todos los ciudadanos.

Lima, 9 de abril de 2019

Firmantes:

  1. Alternativa Centro de Investigación y Educación Popular
  2. Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
  3. Asociación Arariwa
  4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (ACPI)
  5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  6. Asociación Nacional de Centros (ANC)
  7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
  8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)
  11. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
  12. Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
  13. Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
  14. Confederación Nacional Agraria (CNA)
  15. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
  16. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  17. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  18. Derechos Humanos sin Fronteras (DHS-Cusco)
  19. DESCOSUR
  20. Environmental Investigation Agency (EIA)
  21. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)
  22. Grupo Propuesta Ciudadana
  23. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
  24. Instituto del Bien Común (IBC)
  25. Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC)
  26. Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
  27. Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)
  28. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto
  29. OXFAM en Perú
  30. Proética
  31. Red MUQUI
  32. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
  33. Salud Preventiva Andina
  34. Servicios Ecosistémicos Perú (SEPERU)

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