Comunidades del entorno minero de Espinar denuncian imposición de un nuevo proyecto minero de Glencore denominado: Proyecto Minero Antapaccay – Expansión Tintaya integración Coroccohuayco.
Las comunidades de Paccopata y Huinicoroccohuayco afirman que la empresa manipula, con el aval de los organismos estatales como SENACE, MINAM y el MINEM, la facilitación de charlas informativas sobre ‘la extensión del proyecto’ sin el consentimiento de las comunidades que serían afectadas por el proyecto.
Para fines de octubre los comuneros han denunciado que la empresa, en colaboración con el Ministerio Público y la PNP habrían presionado a presidentes, juntas directivas y comuneras/os a participar de las charlas, y así obtener ‘legalmente’ la llamada licencia social.
¿Desarrollo económico cueste lo que cueste? ¿El Estado promueve la inversión sin consulta previa, ni información a las comunidades? ¿Cuál es el rol del gobierno frente a esta situación?
