La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advierte el grave peligro para los pueblos ind\u00edgenas, en caso de ejecutarse, la arbitraria y vejatoria sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco. La sentencia dictamina el desalojo de sus territorios de m\u00e1s 1000 ciudadanas\/os, entre mujeres, ni\u00f1os y adultos mayores, de la comunidad campesina de Tantaccalla del distrito de Huanoquite, Paruro, Cusco. El denunciante, un ex hacendado, present\u00f3 solo como \u201ct\u00edtulo de propiedad\u201d un certificado de inscripci\u00f3n registral derivado de un testamento, documento prescrito.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales, amparados en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Adem\u00e1s, puede generar, en las actuales circunstancias que vive el pa\u00eds, altos costos sociales y humanitarios\u201d se\u00f1ala, Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH. En este sentido, la CNDDHH insta a no ejecutarse la sentencia y a defender los territorios ancestrales.<\/p>\n\n\n\n
Tantacalla sufri\u00f3 el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria. La comunidad registra su existencia formal desde 1926; y obtiene su t\u00edtulo de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulaci\u00f3n en 1988. Sin embargo, en el 2005, Luis Paz Vizcarra (ex hacendado) denunci\u00f3 a la comunidad por \u201cnulidad e insubsistencia parcial del t\u00edtulo de propiedad, cancelaci\u00f3n parcial del asiento de inscripci\u00f3n registral y reivindicaci\u00f3n de las tierras de la comunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el 2009, la Dra. Bony Gamarra Fl\u00f3rez, destituida por la Junta Nacional de Justicia, a cargo del Juzgado Mixto de Santiago, declar\u00f3 fundada las demandas. Luego, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco confirm\u00f3 la sentencia. Y en el 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Rep\u00fablica declar\u00f3 infundado un recurso de casaci\u00f3n de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
Estas instancias no tomaron en cuenta la jurisprudencia nacional e internacional sobre protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, violando el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), la jurisprudencia de la Comisi\u00f3n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) as\u00ed como la Jurisdicci\u00f3n Especial Comunal reconocida por la Constituci\u00f3n; ni la Ley N\u00ba 24657 sobre caducidad de la acci\u00f3n y vencimiento de plazos en la tramitaci\u00f3n administrativa. Situaci\u00f3n, que hace preveer que dicha sentencia expresar\u00eda graves indicios de corrupci\u00f3n afirma, Jugo.<\/p>\n\n\n\n
De otro lado, la CNDDHH rechaza la Resoluci\u00f3n N\u00ba 269 del 15 de diciembre del 2022, donde se dispone el desalojo de 220 familias, haciendo uso de maquinaria pesada y la presencia de m\u00e1s de 1000 polic\u00edas para la detenci\u00f3n de personas que obstaculicen el desalojo. Finalmente, alerta y denuncia que, de ejecutarse la sentencia, se generar\u00e1 un alto costo social y humanitario; y ser\u00eda una flagrante violaci\u00f3n a los derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas que involucra la responsabilidad internacional del Estado peruano ante instancias internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Texto: CNDDHH<\/p>\n\n\n\n
Leer comunicado aqu\u00ed:<\/p>\n\n\n\n