Redacci\u00f3n DHSF<\/p>\n
La minera suiza Glencore tiene proyectado explotar el yacimiento minero Coroccohuayco, en la provincia de Espinar, con una inversi\u00f3n estimada en US$ 590 millones, lo que le dar\u00eda 30 a\u00f1os m\u00e1s de permanencia en el territorio.<\/p>\n
Este proyecto involucra directamente a tres comunidades originarias. Se trata de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco donde, seg\u00fan denunci\u00f3 el presidente de la comunidad de Pacopata, Felipe Kana, esta empresa minera habr\u00eda adquirido las tierras a 65 d\u00f3lares cada hect\u00e1rea y que las 408 hect\u00e1reas del proyecto Coroccohuayco han sido obtenidas de mala fe.<\/p>\n
Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que haya una Ley de Debida diligencia para que no se sigan vulnerando derechos, \u201cque sea una empresa m\u00e1s responsable, que no afecte al medioambiente y a los ciudadanos. Nosotros ya no vamos a permitir m\u00e1s vulneraci\u00f3n de nuestros derechos\u201d, dijo.<\/p>\n
\u201cTres comunidades han cedido terrenos. El proyecto Coroccohuayco ha obtenido los territorios a 65 d\u00f3lares la hect\u00e1rea, no estoy diciendo metro cuadrado. No se les ha reubicado a las poblaciones, les han puesto en otro lado, donde no tienen las mismas condiciones para sembrar, el territorio para nosotros es nuestro sustento desde nuestros ancestros. Nosotros vivimos de nuestros territorios, es m\u00e1s, nosotros mantenemos a las ciudades con carne, queso, leche, todos los productos. La empresa y el Estado no han valorado eso, definitivamente no han dado esa mirada. Es lamentable que los compa\u00f1eros de Pacopata, de Huini, de Huano Huano han perdido los territorios y ahora est\u00e1n en un conflicto\u201d, explic\u00f3 Felipe Kana.<\/p>\n
SUSTENTO LEGAL<\/strong><\/p>\n Por su parte, Ana Leyva, abogada y subdirectora de CooperAcci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el crecimiento de la actividad minera en Espinar ha implicado la compra de tierras de comunidades como si se tratara de predios privados y no de territorio comunal o ind\u00edgena.<\/p>\n \u201cEso es una diferencia muy grande, porque una cosa es un predio, un espacio de suelo para cultivar y otra cosa muy distinta es un espacio vital donde una comunidad desarrolla todas sus actividades, no solamente productivas, sino tambi\u00e9n culturales, su vida en realidad\u201d, argument\u00f3.<\/p>\n A la vez, Leyva sostuvo que se est\u00e1 vulnerando un conjunto de derechos colectivos que tiene que ver con identidad, cultura, e integridad del territorio \u201cporque tambi\u00e9n se ha ido fragmentando y ellos terminan perdiendo su control\u201d.<\/p>\n \u201cEs decir, hay una serie de impactos que, si no se identifican, no ser\u00e1n visibilizados ni asumidos por el responsable de ellos. Hace mucho tiempo la empresa compr\u00f3 tierras sin que se haya dado un proceso de reasentamiento y ahora estamos ante otra compra que implicar\u00e1 desplazamiento poblacional\u201d, continu\u00f3.<\/p>\n Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, la compra de tierras a las comunidades campesinas es una estrategia de la empresa Glencore para burlar la consulta previa con el silencio c\u00f3mplice del Viceministerio de Cultura y el Ministerio de Energ\u00eda y Minas. Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que durante a\u00f1os las comunidades campesinas de Espinar vienen denunciando el despojo de sus de sus tierras a trav\u00e9s de la compra irregular que solo favorece a proyectos mineros.<\/p>\n El especialista enfatiz\u00f3 que se trata de transferencias de propiedades que carecen de legalidad y de validez, pues el art\u00edculo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas sostiene que solo se puede vender tierras de comunidades cuando 2\/3 de los comuneros calificados as\u00ed lo decidan. Sin embargo, la estrategia de la empresa minera es comprar de manera individual, con ello las comunidades pierden todos sus derechos territoriales como pueblos ind\u00edgenas, como el de beneficiarse de las actividades extractivas, pierden el acceso a los recursos naturales que garantizan su subsistencia. Pierden cualquier posibilidad de reclamar sus derechos, porque el territorio dejo de ser de ellos. Una poblaci\u00f3n fragmentada, dispersa y sin comunidad pierde el derecho a la Consulta previa, libre e informada.<\/p>\n Ruiz explic\u00f3 que hay muchas modalidades para declarar irregular la compra venta de tierras de las comunidades originarias de Espinar, porque un comunero individual no tiene facultad para vender tierras. \u201cLa comunidad es la propietaria y no los comuneros individuales. El presidente no tiene la facultad de vender las tierras de las comunidades campesinas. Esa decisi\u00f3n solo la puede tomar la asamblea de la comunidad campesina y no la directiva. En la asamblea, solo \u2154 de los comuneros calificados pueden tomar la decisi\u00f3n de la venta de tierras de la comunidad\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n \u00a0<\/em>DESPLAZAMIENTO FORZADO\u00a0<\/strong><\/p>\n La explotaci\u00f3n del proyecto Coroccohuayco va a implicar desplazamiento de poblaci\u00f3n, advirti\u00f3 Ana Leyva. \u201cEste desplazamiento y reasentamiento en una nueva zona debe cumplir est\u00e1ndares internacionales, pero no est\u00e1 previsto as\u00ed. El tema no ha sido discutido en el Estudio de Impacto Ambiental como debi\u00f3 ocurrir con la afectaci\u00f3n de un conjunto de derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia minera\u201d.<\/p>\n Tampoco se discuti\u00f3 \u201clas medidas a ejecutar o que se piensan realizar para mitigar o compensar da\u00f1os, y los comuneros debieron pronunciarse en relaci\u00f3n a si esas medidas son id\u00f3neas o no, porque conocen su territorio, esa oportunidad no ha habido, porque lamentablemente en nuestra legislaci\u00f3n no se exige que se determinen los impactos en los derechos colectivos\u201d.<\/p>\n Entonces, las empresas si quieren lo hacen o no, y depende de que apliquen el principio de debida diligencia para que lo hagan. \u201cSi quieren lo hacen, queda en su decisi\u00f3n, en su voluntad hacerlo o no\u201d, dijo Leyva.<\/p>\n \u201cLos impactos sobre derechos colectivos deber\u00edan estar determinados y sobre eso dialogar con las comunidades. Los procesos de reasentamiento y desplazamiento deber\u00edan cumplir los est\u00e1ndares internacionales as\u00ed no lo digan las normas peruanas, la empresa podr\u00eda incluir los impactos en los derechos colectivos, lo podr\u00eda hacer si quiere, y tambi\u00e9n podr\u00eda discutir esos impactos y las medidas de mitigaci\u00f3n de da\u00f1os a los derechos de las comunidades afectadas.\u201d<\/p>\n Por consiguiente, \u201cla aplicaci\u00f3n del principio de debida diligencia debe ser una ley vinculante, para que las empresas garanticen derechos humanos o derechos ind\u00edgenas, as\u00ed la ley o el Estado por su fragilidad no te lo exija\u201d, finaliz\u00f3 la abogada Leyva.<\/p>\n Fuente: con informaci\u00f3n de la nota de prensa de la campa\u00f1a Espinar no puede esperar.<\/em><\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Redacci\u00f3n DHSF La minera suiza Glencore tiene proyectado explotar el yacimiento minero Coroccohuayco, en la provincia de Espinar, con una inversi\u00f3n estimada en US$ 590 millones, lo que le dar\u00eda 30 a\u00f1os m\u00e1s de permanencia en el territorio. 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