El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Pol\u00edticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y C\u00f3digo de Conducta. Este reconocimiento \u2018ideal\u2019 de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes l\u00edneas.<\/p>\n
1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa<\/strong><\/p>\n En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas M\u00e9tricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canad\u00e1) y Glencore (Suiza), que generaron m\u00e1s de 10 mil millones de soles anuales\u00b9. Por ejemplo, para el 2016: S\/. 4\u2019 131,613,000 de Las Bambas, S\/. 3\u2019 690,612,000 Antapaccay y S\/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuraci\u00f3n econ\u00f3mica ha constituido un poder minero hegem\u00f3nico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a trav\u00e9s de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Per\u00fa. 2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos<\/strong><\/p>\n En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garant\u00eda de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores\/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relaci\u00f3n con gobiernos favorables a la inversi\u00f3n minera, la estrategia empresarial y la correlaci\u00f3n de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales act\u00faan a favor de los intereses del capital minero: Polic\u00eda que act\u00faa \u201ceficientemente\u201d cuando est\u00e1n afectados los intereses de la empresa, Polic\u00eda que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegem\u00f3nico minero despliega mecanismos de control social, pol\u00edtico e ideol\u00f3gico: financiamiento a medios y\/o programas radiales para deslegitimar a defensoras\/es, fragmentaci\u00f3n social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, \u201ctrabajo\u201d con aliados\/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y\/o comunidades.<\/p>\n 3. Criminalizaci\u00f3n y privatizaci\u00f3n del uso de la fuerza<\/strong><\/p>\n Un primer patr\u00f3n extendido en el corredor minero es la criminalizaci\u00f3n. La garant\u00eda del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto pol\u00edtico que haya m\u00e1s de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha\u00b2, en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas m\u00e1s de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.<\/p>\n Un segundo patr\u00f3n est\u00e1 relacionado a la estigmatizaci\u00f3n de defensoras\/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y tambi\u00e9n desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y\/o influencia sobre medios de comunicaci\u00f3n transforman a los medios en aparatos de deslegitimaci\u00f3n y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostr\u00e1ndolos como \u201cradicales\u201d, \u201cantimineros\u201d \u00f3 \u201cterroristas\u201d. En Espinar por ejemplo, \u201clos dirigentes que tienen posici\u00f3n son desacreditados a trav\u00e9s del medio de comunicaci\u00f3n. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque hab\u00eda dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no dec\u00edan nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito\u201d\u00b3; mientras que es extendido la pr\u00e1ctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacion\u00e1ndolos con las ONGs \u201cy que dichas ONGs manejan millones de d\u00f3lares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan\u201d4<\/sup>. Dicho patr\u00f3n se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canad\u00e1, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento \u201chabitual\u201d de la polic\u00eda de migraciones, luego de la presentaci\u00f3n del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que convers\u00f3 con un funcionario de la empresa manifestaba: \u201cyo les pregunt\u00e9 de frente, \u00bfpor qu\u00e9 la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canad\u00e1, que las debilidades peque\u00f1as que tiene la empresa eso lo agrandan y ah\u00ed es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo hab\u00edan expulsado porque estaba mal informando a la poblaci\u00f3n, ellos se sent\u00edan satisfechos\u201d5<\/sup>. Siendo claro el objetivo pol\u00edtico de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposici\u00f3n.<\/p>\n Un tercer patr\u00f3n extendido es la privatizaci\u00f3n del uso de la fuerza p\u00fablica a trav\u00e9s de los convenios Polic\u00eda-Empresa que parcializa la actuaci\u00f3n de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneraci\u00f3n de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuaci\u00f3n parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostr\u00f3 claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Polic\u00eda operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dorm\u00edan, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostr\u00f3 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del m\u00e1ximo representante de la Polic\u00eda en Cusco: \u201cEstaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Est\u00e1 sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden p\u00fablico\u201d6<\/span><\/sup>.<\/p>\n Un cuarto patr\u00f3n extendido son los estados de emergencia. As\u00ed, el corredor minero ha sido, es y ser\u00e1 escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la d\u00e9bil o nula articulaci\u00f3n econ\u00f3mica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de \u201cser beneficiados\u201d, y la no expropiaci\u00f3n ni compensaci\u00f3n de las tierras por parte del Estado y la empresa por la v\u00eda por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepci\u00f3n. Es indudable que el objetivo pol\u00edtico no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero\u2022<\/p>\n 1 Las 50 Primeras Compa\u00f1\u00edas Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-D\u00f3lares. Per\u00fa Top Publicaciones 2017. El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Pol\u00edticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y C\u00f3digo de Conducta. Este reconocimiento \u2018ideal\u2019 de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4180,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4179","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"blocksy_meta":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Corredor-Minero.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4179\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEn dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en l\u00f3gica de inversi\u00f3n estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuraci\u00f3n y acci\u00f3n estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.<\/p>\n
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\n2 PERU21. Comuneros buscan una amnist\u00eda para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly\/344Q51j
\n3 Entrevista a dirigente de Espinar.
\n4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
\n5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
\n6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly\/2YFxxn1<\/p><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"