{"id":4340,"date":"2019-07-05T17:06:54","date_gmt":"2019-07-05T22:06:54","guid":{"rendered":"http:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=4911"},"modified":"2019-07-05T17:06:54","modified_gmt":"2019-07-05T22:06:54","slug":"criminalizacion-de-la-protesta-social-y-el-proyecto-de-ley-de-amnistia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/criminalizacion-de-la-protesta-social-y-el-proyecto-de-ley-de-amnistia\/","title":{"rendered":"Criminalizaci\u00f3n de la protesta social y el proyecto de Ley de Amnist\u00eda"},"content":{"rendered":"
\n

Por Jullisa Calle – \u00c1rea Legal DHSF<\/p>\n<\/blockquote>\n

Las provincias de Chumbivilcas y Espinar han sido escenarios permanentes de conflictos sociales ambientales, \u00e9stos conflictos han desembocado en protestas sociales que han tra\u00eddo como consecuencia la interposici\u00f3n de denuncias penales contra l\u00edderes, presidentes de frentes de defensa, vicepresidentes, mujeres lideresas, gobernadores y hasta ex autoridades municipales.
\nEn el 2011, en el distrito de Llusco en Chumbivilcas, se realiz\u00f3 una protesta contra la empresa minera Anabi S.A.C. que se encontraba en etapa de cierre por contaminaci\u00f3n. En este contexto el Ministerio P\u00fablico inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra los representantes de las organizaciones de base del distrito, por los delitos de disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios p\u00fablicos, secuestro, da\u00f1os, usurpaci\u00f3n agravada, y violaci\u00f3n de domicilio; esta investigaci\u00f3n super\u00f3 la etapa preparatoria y lleg\u00f3 a juicio oral. Actualmente se encuentra en el Juzgado Colegiado de Investigaci\u00f3n Preparatoria de Cusco.<\/p>\n

En Espinar sucedi\u00f3 algo similar, en el 2012 el Frente \u00danico de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE, convoc\u00f3 a un paro indefinido contra la empresa minera Xtrata Tintaya por evidentes indicios de contaminaci\u00f3n, adem\u00e1s de exigir aportes de la compa\u00f1\u00eda al desarrollo de la provincia. En este caso la Fiscal\u00eda denunci\u00f3 al alcalde de Espinar, presidente y vicepresidente del FUDIE y otros comuneros que participaron de las protestas; pero solo se promovi\u00f3 acusaci\u00f3n contra ocho personas, acus\u00e1ndolas de atentado contra la seguridad com\u00fan, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios p\u00fablicos, disturbios, apolog\u00eda al delito y tenencia de materiales peligrosos. Este proceso termin\u00f3 con sentencia absolutoria, la cual fue apelada, y lamentablemente anulada en segunda instancia, disponi\u00e9ndose nuevamente el juicio oral. Actualmente este juicio se encuentra reinici\u00e1ndose en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del M\u00f3dulo Penal de Ica contra tres ex dirigentes, Oscar Mollohuanca (ex alcalde), Herbert Huam\u00e1n (presidente del FUDIE) y Sergio Huamani (vicepresidente del FUDIE).<\/p>\n

Ambos juicios han tenido como origen protestas sociales contra empresas mineras y en ambos la Fiscal\u00eda ha denunciado a los l\u00edderes y defensores por el simple hecho de tener el cargo de dirigentes, sin describir la conducta t\u00edpica, sin individualizar y sin tener las pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal. En la pr\u00e1ctica esto se repite con m\u00e1s frecuencia en otras regiones, especialmente en comunidades, distritos y provincias del pa\u00eds donde existen conflictos ecoterritoriales.<\/p>\n

Protestar es un derecho que tiene cualquier ciudadano en un Estado Democr\u00e1tico, si bien no est\u00e1 enumerado en nuestra constituci\u00f3n se manifiesta a trav\u00e9s del derecho a la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n reconocidos en los art\u00edculos 2, inciso 4 y 12 de nuestra Constituci\u00f3n\u00b9. Cuando se denuncia a los dirigentes por convocar a una marcha o plantear una agenda de reclamos de su comunidad se est\u00e1 \u201ccriminalizando el ejercicio de su derecho a la protesta\u201d. No podemos hablar de democracia reprimiendo las demandas y acallando las protestas de la poblaci\u00f3n. El enfoque del conflicto se est\u00e1 desvirtuando por defender intereses privados.<\/p>\n

Por otro lado, el conflicto en Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, que viene teniendo connotaci\u00f3n nacional, demostr\u00f3 una vez m\u00e1s que el Estado no cuenta con un mecanismo apropiado para solucionar conflictos. La detenci\u00f3n de Gregorio Rojas \u2013 presidente de la comunidad- denunciado por pertenecer a una organizaci\u00f3n criminal junto con sus asesores, demostr\u00f3 y evidenci\u00f3 que el Estado prefiere levantar cargos contra los l\u00edderes, denunci\u00e1ndolos penalmente, como ha ocurrido tambi\u00e9n en los casos mencionados en Chumbivilcas y Espinar, en lugar de generar espacios de di\u00e1logo.<\/p>\n

Sin embargo, \u00e9sta vez, la comunidad logr\u00f3 que el gobierno escuchara sus exigencias, aceptando revisar las denuncias y procesos penales que afrontan muchos de los comuneros por protestar contra la empresa minera MMG Las Bambas en el 2015 y 2016 (N\u00f3tese que el conflicto con la empresa no es reciente). Entre los pedidos comunales se desliz\u00f3 la posibilidad de una Amnist\u00eda para los procesados, propuesta que fue acogida por el congresista Richard Arce -Proyecto de Ley N\u00b04273\/2018-CR- que establece amnist\u00eda en favor de aquellos que han sido denunciados por participar en protestas.<\/p>\n

El objeto de la ley es amnistiar a todas aquellas personas que hubieran intervenido en manifestaciones de protesta social, en el \u00e1mbito de influencia del proyecto minero Las Bambas que involucra a los departamentos de Apur\u00edmac, Cusco y Arequipa. El proyecto tambi\u00e9n menciona su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, el cual ser\u00e1 para todos aquellos actos de intencionalidad pol\u00edtica realizados entre el 11 de mayo de 2011 al 09 de abril del 2019.<\/p>\n

Pero \u00bfEs la amnist\u00eda la propuesta adecuada para atender los casos de los procesados por las protestas sociales?<\/strong> Para responder esta pregunta primero se debe comprender \u00bfQu\u00e9 es la amnist\u00eda y cu\u00e1l es su finalidad?, pues hist\u00f3ricamente hemos tenido casos nefastos, como las leyes de amnist\u00eda que se emitieron para favorecer al grupo Colina, otorg\u00e1ndoles impunidad de los cr\u00edmenes de lesa humanidad que cometieron en la Universidad La Cantuta y la matanza de Barrios Altos; \u00f3 la ley de amnist\u00eda aprobada por el congreso a favor de Ollanta Humala Tasso y sus soldados, quien se levant\u00f3 en armas contra el gobierno de Alberto Fujimori.<\/p>\n

La amnist\u00eda es una potestad del Congreso de la Rep\u00fablica – a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de una norma que desaparezca las consecuencias jur\u00eddicas de una conducta calificada como delictiva- y se aplica de manera excepcional para corregir errores que se pudieran haber cometido en la aplicaci\u00f3n del derecho.<\/p>\n

Cuando se amnist\u00eda, se anula la responsabilidad penal de la persona que ha cometido el delito.
\nPara el caso de los comuneros procesados por las protestas contra la empresa MMG Las Bambas, la aplicaci\u00f3n de una amnist\u00eda no ser\u00eda el camino adecuado, porque significar\u00eda en la pr\u00e1ctica para los procesados \u201caceptar que han cometido los delitos que les imputan el Ministerio P\u00fablico\u201d, sin entrar al debate de porque iniciaron una protesta.<\/p>\n

Debemos resaltar que el ejercicio del derecho a la protesta social tiene sus l\u00edmites, y el an\u00e1lisis de la problem\u00e1tica de los criminalizados por protestar contra la empresa Las Bambas debe ser diferente, teniendo en cuenta adem\u00e1s que las protestas siempre tienen una causa y un motivo, y en Challhuahuacho las comunidades ven\u00edan protestando por diversos hechos de contaminaci\u00f3n, ruido y polvareda que generan los camiones de la empresa que transitan por la carretera, hechos de car\u00e1cter ambiental que no fueron respondidos en su debido momento por los gobiernos de turno.<\/p>\n

Por tal motivo, aprobar una amnist\u00eda para todas las personas que est\u00e1n procesadas significar\u00eda legitimar la criminalizaci\u00f3n de la protesta social<\/strong> de parte del aparato estatal. Aceptar que el Ministerio P\u00fablico hizo bien al denunciar sin pruebas, sin identificar a los autores, aceptar que una detenci\u00f3n arbitraria estuvo bien, cuando en realidad fue una represi\u00f3n policial que vulnera derechos fundamentales de las personas que protestaban.<\/p>\n

El tema no va por amnistiar a los dirigentes sociales, sino por entender que la protesta es un derecho<\/strong> y que, vivimos una democracia, la cual permite a cualquier ciudadano ejercer su derecho a protestar. El gobierno no debe reprimir una protesta denunciando a quienes la lideran, sino debe escuchar sus reclamos y atenderlos.<\/p>\n

\n
[1] Derecho a la libertad de expresi\u00f3n (Art. 2, inciso 4): \u201cToda persona tiene derecho: A las libertades de informaci\u00f3n, opini\u00f3n, expresi\u00f3n y difusi\u00f3n del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicaci\u00f3n social, sin previa autorizaci\u00f3n ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley\u201d. Derecho de reuni\u00f3n (Art. 2, inciso 12): \u201cToda persona tiene derecho: A reunirse pac\u00edficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al p\u00fablico no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y v\u00edas p\u00fablicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad p\u00fablicas\u201d.<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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