{"id":4390,"date":"2019-05-16T16:31:14","date_gmt":"2019-05-16T21:31:14","guid":{"rendered":"http:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=4734"},"modified":"2019-05-16T16:31:14","modified_gmt":"2019-05-16T21:31:14","slug":"pronunciamiento-empresas-buscan-dejar-sin-fiscalizacion-la-actividad-minera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/pronunciamiento-empresas-buscan-dejar-sin-fiscalizacion-la-actividad-minera\/","title":{"rendered":"Pronunciamiento: Empresas buscan dejar sin fiscalizaci\u00f3n la actividad minera"},"content":{"rendered":"

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Per\u00fa que acompa\u00f1an y asesoran a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opini\u00f3n p\u00fablica para manifestar lo siguiente:<\/p>\n

    \n
  1. En reciente audiencia p\u00fablica sobre el Expediente N\u00b0 05410-2015-AA en proceso de amparo presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. de capitales norteamericanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental (OEFA); el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido los argumentos de las partes, en particular de la empresa que busca la no aplicaci\u00f3n del \u201caporte por regulaci\u00f3n\u201d.<\/li>\n
  2. Con el proceso presentado\u00a0 por la empresa minera Cerro Verde, suman ya 18 procesos de amparo presentados por empresas en contra de la OEFA con la misma finalidad: no aplicar dicho aporte. Otro de ellos es el caso de la empresa minera Perubar que est\u00e1 pendiente resolver por el TC. Incluso son abogados de los mismos estudios jur\u00eddicos, que patrocinan a distintas empresas con los mismos argumentos. Frente a ello consideramos que se tratar\u00eda en realidad de una estrategia coordinada desde las empresas mineras, para lograr que al menos uno de los casos tenga un fallo a su favor, para que las dem\u00e1s lo utilicen como \u201cprecedente\u201d para otras acciones legales que favorezcan a otras empresas mineras.<\/li>\n
  3. El \u201caporte por regulaci\u00f3n\u201d es una contribuci\u00f3n creada por la Ley 27332, que en el caso de OEFA, de acuerdo a los D.S N\u00b0 129 y 130-2013, tiene como finalidad financiar sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de soluci\u00f3n de controversias y de reclamos; las que se aplican, entre otras, a las empresas que realizan actividades extractivas.<\/li>\n
  4. Eliminar el \u201caporte por regulaci\u00f3n\u201d, pondr\u00eda en riesgo o dejar\u00eda sin capacidad a la OEFA para ejercer sus funciones, puesto que el monto recaudado por dicho aporte equivale actualmente al 70% del presupuesto de la OEFA para dichas actividades. Asimismo, si el TC fallara a favor de la empresa minera, el Estado Peruano tendr\u00eda que devolver a \u00e9sta y las dem\u00e1s empresas mineras que esperan \u00e9ste fallo, cerca de S\/. 700 millones de soles por los aportes realizados desde el a\u00f1o 2014.<\/li>\n
  5. En lo procesal, debemos decir que la Corte Suprema ya fall\u00f3 en segunda instancia declarando infundado el proceso de amparo, lo que tiene calidad de \u201ccosa juzgada\u201d y vincula a todos los poderes p\u00fablicos; y no puede ser desconocido por el TC.<\/li>\n
  6. La defensa de la OEFA ha reiterado que \u201cla miner\u00eda no es una actividad inocua\u201d, quiere decir: que s\u00ed genera da\u00f1os. Por ello se le exige un instrumento de gesti\u00f3n ambiental (EIA u otro) para evaluar c\u00f3mo va a asumir el impacto que generan sus actividades; y la fiscalizaci\u00f3n de la OEFA es justamente para verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicho instrumento.<\/li>\n
  7. De no existir una adecuada fiscalizaci\u00f3n, como buscan las empresas, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de m\u00e1s conflictos sociales como el reciente de Las Bambas en el denominado corredor minero, donde se concentran varios proyectos mineros (Apur\u00edmac, Cusco, Arequipa y Moquegua); el de Morococha con el traslado de la ciudad y sus incumplimientos (Jun\u00edn); los graves problemas de impactos ambientales y en salud en La Oroya y Cerro de Pasco, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n

    Esperamos que el TC asuma su propia jurisprudencia que indica \u201cel Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida econ\u00f3mica de los particulares a fin de garantizar bienes constitucionales por las imperfecciones del mercado (\u2026)\u201d. Desde la Red Muqui se\u00f1alamos que es necesario priorizar la vida de las personas y el impacto en el ambiente, por encima de los intereses econ\u00f3micos de las empresas.<\/p>\n

    Lima, 13 de mayo de 2019<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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