\u201cDe la lectura de la resoluci\u00f3n judicial, el dirigente comunero, Gregorio Rojas, se encuentra privado de libertad en m\u00e9rito a una orden de detenci\u00f3n preliminar que no se encuentra debidamente motivada\u201d sostuvo el Defensor del Pueblo, Walter Guti\u00e9rrez, pidiendo que la Sala resuelva en el m\u00e1s breve plazo, teniendo en cuenta esta observaci\u00f3n. Tambi\u00e9n subray\u00f3 que la Defensor\u00eda ha sostenido de forma reiterada, que las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal deben encontrarse exhaustivamente motivadas y cumplir con los se\u00f1alamientos legales y jurisprudenciales vigentes.<\/p>\n
Guti\u00e9rrez Camacho, se\u00f1al\u00f3\u00a0 que ello no debe impedir en modo alguno que las investigaciones prosigan, ni que puedan tomarse otras medidas legales si fueran necesarias.<\/p>\n
En relaci\u00f3n al bloqueo de la carretera, el Defensor del Pueblo fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que no se puede reclamar derechos vulnerando derechos. \u201cEn el momento que la protesta se convierte en un acto violento deja de ser un acto legal para convertirse en ilegal\u201d anot\u00f3,\u00a0 instando a la comunidad campesina de Fuerabamba y otras, a dejar de lado medidas de fuerza y actos de violencia, como el recientemente acaecido con el apedreamiento al helic\u00f3ptero en el que viajaba a la localidad la comitiva ministerial.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que el \u00fanico camino de soluci\u00f3n es el di\u00e1logo, con representantes debidamente legitimados y una agenda realista que pueda ser abordada con amplitud, flexibilidad y dentro del marco de la ley. En ese sentido, demand\u00f3 que las partes redoblen esfuerzos para encontrar puntos de convergencia. En tal marco,\u00a0 pidi\u00f3 al\u00a0 Ejecutivo no prorrogar la declaratoria de emergencia en la zona, porque contraviene lo prescrito en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
El Defensor del Pueblo manifest\u00f3 que los actores han generado condicionantes para el conflicto. En ese sentido, sostuvo que\u00a0 la empresa \u201cno ha mostrado una vocaci\u00f3n para\u00a0 relacionarse adecuadamente con el nuevo entorno social que gener\u00f3 el establecimiento de una carretera para trasladar los minerales. Y tampoco ha mostrado diligencia para remediar las consecuencias de un cambio significativo al proyecto original, sin contar con la debida gesti\u00f3n social con las diversas comunidades que resultar\u00edan impactadas.\u201d<\/p>\n
En cuanto a la acci\u00f3n del Estado, Walter Guti\u00e9rrez, dijo que ha descuidado su rol regulatorio debido a la flexibilizaci\u00f3n de los mecanismos de evaluaci\u00f3n de los proyectos de inversi\u00f3n. El Defensor del Pueblo, cuestion\u00f3 tambi\u00e9n que el Estado tampoco haya sido diligente para afrontar los impactos del\u00a0 establecimiento de un corredor minero en lugar de un mineroducto. Asimismo, observ\u00f3 que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene pendiente el reconocimiento de los derechos de propiedad necesarios para sanear una v\u00eda que pasa por tierras comunales.<\/p>\n
Walter Guti\u00e9rrez record\u00f3 que\u00a0 la Defensor\u00eda del Pueblo, a trav\u00e9s de sus oficinas descentralizadas de Cuzco y Apur\u00edmac, ha estado presente en las mesas de di\u00e1logo e, incluso, en Lima, sus representantes se han reunido con los dirigentes de la comunidad, de la empresa, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Energ\u00eda y Minas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siguiendo muy de cerca el proceso y emitiendo diversas recomendaciones hasta el momento.<\/p>\n
Finalmente, demand\u00f3 a las partes en conflicto, crear las condiciones para restablecer el di\u00e1logo. En tal sentido, pidi\u00f3 al gobierno no prorrogar el estado de emergencia en la zona; a la comunidad, cesar los actos de violencia porque deslegitiman sus demandas; y a la empresa, transparentar los acuerdos y reconocer que hay un impacto causado por la intensidad del uso de la carretera.<\/p>\n