{"id":4875,"date":"2017-10-11T11:36:56","date_gmt":"2017-10-11T16:36:56","guid":{"rendered":"http:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=3147"},"modified":"2017-10-11T11:36:56","modified_gmt":"2017-10-11T16:36:56","slug":"nueva-ofensiva-del-gobierno-y-empresas-contra-nuestros-derechos-y-recursos-naturales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/nueva-ofensiva-del-gobierno-y-empresas-contra-nuestros-derechos-y-recursos-naturales\/","title":{"rendered":"[PRONUNCIAMIENTO] Nueva ofensiva del gobierno y empresas contra nuestros derechos y recursos naturales"},"content":{"rendered":"

RED MUQUI se dirige a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional para expresar lo siguiente:<\/p>\n

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  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el f\u00fatbol en nuestro pa\u00eds, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicaci\u00f3n, el gobierno del se\u00f1or Kuczynsky, apoyado por grupos de poder econ\u00f3mico est\u00e9 dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljov\u00edn y la Premier Araoz ya hab\u00edan anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, s\u00f3lo buscan la ampliaci\u00f3n de la frontera minera para facilitar la exploraci\u00f3n en la mayor parte del pa\u00eds, en desmedro de la regulaci\u00f3n ambiental de las actividades extractivas, y la eliminaci\u00f3n de las pocas garant\u00edas que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro pa\u00eds.<\/li>\n<\/ol>\n
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    1. Sin que exista criterio t\u00e9cnico alguno, el gobierno ha emitido la Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00b0 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicaci\u00f3n de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana miner\u00eda, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de peque\u00f1a miner\u00eda y miner\u00eda artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican s\u00f3lo poniendo \u00e9nfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)<\/li>\n<\/ol>\n

      Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisi\u00f3n que puede afectar vida, salud y actividad econ\u00f3mica de poblaciones y comunidades.<\/p>\n

      El objetivo de fondo de \u00e9sta medida, en realidad es la ampliaci\u00f3n de las zonas de actividad minera, \u201cordenando\u201d el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participaci\u00f3n ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes h\u00eddricas, que podr\u00edan verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso h\u00eddrico y la calidad del agua.<\/p>\n

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      1. Paralelamente a ello, el d\u00eda 04 de octubre, el Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 por mayor\u00eda en la Comisi\u00f3n de Descentralizaci\u00f3n, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, \u201cley que regula la obtenci\u00f3n de inmuebles requeridos para la ejecuci\u00f3n de obras de infraestructura priorizada<\/em>\u201d. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, a\u00fan vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria a\u00fan est\u00e1 pendiente de revisar en el Congreso.<\/li>\n<\/ol>\n

        Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesi\u00f3n de la tierra de las comunidades y poblaci\u00f3n en general, y de la seguridad jur\u00eddica que \u00e9stas figuras legales les brindan, y prioriza la concesi\u00f3n minera y otras figuras \u201clegales\u201d que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicaci\u00f3n, lo que hace ver que hay una \u201clegalizaci\u00f3n de lo que es ilegal\u201d, e inconstitucional, pues una comunidad es aut\u00f3noma en sus decisiones seg\u00fan la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

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        1. Ambas normas, y otras que est\u00e1n pendientes, como el Reglamento de Protecci\u00f3n Ambiental para las actividades de exploraci\u00f3n minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusi\u00f3n p\u00fablica y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el pa\u00eds. Y el gobierno lo sabe. Por ello, adem\u00e1s ha afianzado en el \u00faltimo tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociaci\u00f3n il\u00edcita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad miner\u00eda.<\/li>\n<\/ol>\n
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          1. Esta normativa adem\u00e1s, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos ind\u00edgenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en miner\u00eda, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana existentes, evitando su aplicaci\u00f3n en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposici\u00f3n, que incluso pasan por encima de un m\u00ednimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.<\/li>\n<\/ol>\n

            Por todo ello, demandamos al gobierno del se\u00f1or Kuczynski y a las empresas mineras que eval\u00faen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar a\u00fan m\u00e1s las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y\u00a0 en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposici\u00f3n de \u00e9stas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecn\u00f3crata que es sumiso al poder econ\u00f3mico que lo presiona, y al cual se debe.<\/p>\n

            Como pa\u00eds debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas fr\u00e1giles que captan y generan recursos h\u00eddricos para la vida y las actividades econ\u00f3micas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un pa\u00eds que ya sufre la consecuencias del cambio clim\u00e1tico, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones s\u00f3lo en base a criterios econ\u00f3micos.<\/p>\n

            Lima, 06 de octubre de 2017<\/p>\n

            RED MUQUI<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            RED MUQUI se dirige a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional para expresar lo siguiente: Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el f\u00fatbol en nuestro pa\u00eds, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicaci\u00f3n, el gobierno del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4876,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"blocksy_meta":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pict61-e1507739758829.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4875\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}