Washington, D.C., 23 de junio de 2017<\/p>\n
La Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su preocupaci\u00f3n por la creciente presi\u00f3n ejercida por diversos sectores al Presidente de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, para que otorgue indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori.<\/p>\n
Alberto Fujimori fue condenado a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n en un proceso judicial que respet\u00f3 las garant\u00edas del debido proceso, y mediante el cual se prob\u00f3 su responsabilidad en varios hechos criminales, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, incluyendo un ni\u00f1o de ocho a\u00f1os; la desaparici\u00f3n forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta; y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. El juicio y su sentencia han sido ejemplo para el mundo de lucha contra la impunidad.<\/p>\n
El indulto presidencial es potestad del Presidente de la Rep\u00fablica, pero existen l\u00edmites en su aplicaci\u00f3n, tanto por la legislaci\u00f3n nacional como por el derecho internacional.<\/p>\n
El derecho internacional proh\u00edbe la aplicaci\u00f3n de amnist\u00edas, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de cr\u00edmenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontr\u00f3 que los cr\u00edmenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen cr\u00edmenes de lesa humanidad. La responsabilidad del ex mandatario Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta y el car\u00e1cter de lesa humanidad de los hechos por los que se le conden\u00f3 fueron posteriormente confirmados por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Per\u00fa en su sentencia del 7 de abril de 2009, y ratificados por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2009.<\/p>\n
Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado destacamos que toda persona bajo la custodia del Estado tiene el derecho a que su dignidad e integridad personal sean respetadas. Para que Fujimori sea beneficiado con un indulto humanitario, seg\u00fan el derecho interno, tendr\u00eda que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativo e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud. Sin embargo, de la informaci\u00f3n difundida por los medios de comunicaci\u00f3n en el Per\u00fa no se desprende que el se\u00f1or Fujimori padezca de una condici\u00f3n m\u00e9dica de esta dimensi\u00f3n y su situaci\u00f3n carcelaria es adecuada, con acceso a tratamientos m\u00e9dicos.<\/p>\n
Por lo anterior, esperamos que la decisi\u00f3n sobre la reciente solicitud de indulto humanitario para Alberto Fujimori se lleve a cabo con absoluta transparencia y en respeto a los tratados de derechos humanos ratificados por el Per\u00fa.<\/p>\n
\u201cUna posici\u00f3n distinta colocar\u00eda a Per\u00fa en la lista de pa\u00edses con graves retrocesos de derechos humanos y alentar\u00eda la idea de que los cr\u00edmenes m\u00e1s graves que atentan contra la humanidad en su conjunto, pueden ser perdonados sin el consentimiento de las v\u00edctimas\u201d, expres\u00f3 Katya Salazar, directora de DPLF.<\/p>\n
Por su parte, Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, recuerda que \u201cSon numerosas los intentos de parte de la familia de Alberto Fujimori de desconocer el fallo condenatorio al ex mandatario por graves violaciones de derechos humanos. Estas acciones demuestran una profunda falta de respeto para el estado de derecho, algo que fue caracter\u00edstico de su gobierno. El se\u00f1or Fujimori debe cumplir su sentencia como cualquier otra persona condenada por hechos tan graves, salvo que su salud se deteriore.\u201d<\/p>\n
\u201cLa condena de Alberto Fujimori constituy\u00f3 un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Per\u00fa en la lucha contra la impunidad\u201d, se\u00f1al\u00f3 Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. \u201cSi bien un indulto es potestad del Presidente de la Rep\u00fablica, existen l\u00edmites en su aplicaci\u00f3n. El gobierno no puede ceder ante presiones que desconocen las obligaciones nacionales e internacionales del Per\u00fa en esta materia.\u201d<\/p>\n
Esperamos asimismo que la decisi\u00f3n del Presidente Pedro Pablo Kuczynski se base exclusivamente en la necesidad de que Alberto Fujimori goce de un tratamiento compatible con sus condiciones de salud y seg\u00fan los procedimientos aplicables a toda persona privada de la libertad en el pa\u00eds.<\/p>\n
CONTACTOS:<\/p>\n
Leonor Arteaga, DPLF: larteaga@dplf.org; +1 (703) 5987085<\/p>\n
Alex McAnarney, CEJIL: amcanarney@cejil.org + 1 (202) 319 3000 ext. 122<\/p>\n
Jo-Marie Burt, WOLA: jmburt.wola@gmail.com; +1 (703) 946-9714<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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