{"id":5119,"date":"2016-11-03T19:46:49","date_gmt":"2016-11-04T00:46:49","guid":{"rendered":"http:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=2042"},"modified":"2016-11-03T19:46:49","modified_gmt":"2016-11-04T00:46:49","slug":"policia-nacional-si-presta-servicios-a-empresas-mineras-brindandoles-proteccion-y-seguridad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/policia-nacional-si-presta-servicios-a-empresas-mineras-brindandoles-proteccion-y-seguridad\/","title":{"rendered":"Polic\u00eda Nacional s\u00ed presta servicios a empresas mineras, brind\u00e1ndoles protecci\u00f3n y seguridad"},"content":{"rendered":"
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\"unnamed<\/a><\/p>\n

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciamos la existencia de convenios entre la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa y varias empresas mineras, entre ellas la titular del proyecto minero Las Bambas en Cotabambas \u2013 Apur\u00edmac.<\/span><\/p>\n

Estos convenios han sido dados a conocer por la organizaci\u00f3n Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco luego de una sentencia judicial, a trav\u00e9s de un habeas data que demor\u00f3 casi dos a\u00f1os, mediante la cual el Poder Judicial orden\u00f3 a la Regi\u00f3n Policial del Cusco entregue a la organizaci\u00f3n en menci\u00f3n estos convenios. Sin embargo, a\u00fan esta informaci\u00f3n no se encuentra disponible para toda la ciudadan\u00eda, ya que a la fecha ninguno de estos convenios, est\u00e9n vigentes o no, no est\u00e1n disponibles en la p\u00e1gina web del Ministerio del Interior, ni han sido difundidos por los medios de comunicaci\u00f3n. Por lo tanto, estos convenios a\u00fan son secretos.<\/span><\/p>\n

Es inaceptable que en un pa\u00eds en el que los conflictos socio ambientales han tra\u00eddo como consecuencia cientos de personas muertas y heridas, ya sean de la poblaci\u00f3n civil o de la PNP, se manifiesten propuestas para s\u00f3lo revisar los marcos normativos que posibilitan o sustentan convenios privados y secretos entre la PNP y las empresas mineras.<\/span><\/p>\n

De otro lado se sabe que en los conflictos generados por los proyecto mineros Rio Blanco en Piura, Tintaya Antapaccay en Espinar, Conga en Cajamarca, T\u00eda Mar\u00eda en Arequipa, entre otros casos, se han dado detenciones arbitrarias, torturas, sembrado de evidencias, uso excesivo de la fuerza (con personas heridas y fallecidas), existencia de comisarias dentro del campamento minero, entre otras irregularidades. En buena parte de los casos mencionados ya exist\u00edan convenios entre la PNP y las empresas mineras.<\/span><\/p>\n

Frente a ello expresamos lo siguiente:<\/span><\/strong><\/p>\n

1. Saludamos que, en su comunicado del 26 de octubre, el Ministerio del Interior reconozca el convenio que existe entre la PNP y la empresa titular del proyecto minero Las Bambas, que fue suscrito el 13 de agosto del 2015 y revalidado por la PNP el 22 de setiembre del 2016. Esta informaci\u00f3n, hasta hace poco reservada, confirma la vigencia de los convenios. De nada sirve que la empresa Las Bambas suscriba los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos a nivel internacional, pues la muerte del se\u00f1or QUINTINO CERECEDA nos demuestra la transgresi\u00f3n que se est\u00e1 cometiendo de dichos principios, que en la pr\u00e1ctica no brindan ninguna garant\u00eda de protecci\u00f3n a los derechos.<\/span><\/p>\n

2. La existencia de estos convenios demuestran que la PNP viene recibiendo hasta tres tipos de beneficios econ\u00f3micos por parte de las empresas mineras: 100 soles diarios para los efectivos policiales que realizan labores de seguridad; 110 soles diarios para efectivos de nivel superior (responsables de Convenios o quienes los suscriben) y el 0.11% de una UIT que se deposita en una cuenta corriente y que ingresa como recursos directamente recaudados. Esta situaci\u00f3n, no s\u00f3lo demuestra la dependencia econ\u00f3mica de nuestra PNP tambi\u00e9n transgrede abiertamente su funci\u00f3n constitucional, someti\u00e9ndola a intereses privados especialmente en territorios de permanente conflictividad generada por los proyectos mineros, donde la desconfianza hacia la PNP y al Estado se va ahondando, en un contexto de impunidad facilitada por los marcos normativos y la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

3. Lo antes mencionado resulta muy grave para el respeto y promoci\u00f3n de los derechos humanos en el Per\u00fa, ya se est\u00e1 produciendo un delicad\u00edsimo fen\u00f3meno de privatizaci\u00f3n de la fuerza p\u00fablica al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero extractivo y de hidrocarburos, al punto que algunos analistas independientes hablan de la mercerizaci\u00f3n de la fuerza p\u00fablica en favor de la defensa de inter\u00e9s de grandes empresas transnacionales. As\u00ed mismo se usan los recursos humanos y materiales financiados por los recursos p\u00fablicos para brindar actividades de seguridad privada utilizando leyes que vulneran la constituci\u00f3n peruana y los instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/span><\/p>\n

4. Efectivamente, existe un marco legal que es permisivo con la prestaci\u00f3n de servicios de seguridad de la PNP con el sector privado, previsto en el art. 55 del D.L. N\u00b0 1148 (Ley de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa) que t\u00e1citamente ha sido ratificado por los Decretos Legislativos 1213 y 1230 que si bien establecen la dedicaci\u00f3n exclusiva del personal que ejerce funci\u00f3n policial y le proh\u00edben expresamente la prestaci\u00f3n individual de servicios de seguridad privada en sus d\u00edas de descanso; tambi\u00e9n establece la posibilidad de que los servicios de seguridad privada puedan ser brindadas por personas naturales o jur\u00eddica p\u00fablicas o privadas. Esta permisividad \u201clegal\u201d, posibilita que la PNP, como en el caso del se\u00f1or QUINTINO CERECEDA, se parcialice optando defender a los intereses del sector privado antes que a la poblaci\u00f3n en su conjunto.<\/span><\/p>\n

5. No es posible admitir que los servicios de protecci\u00f3n y seguridad sirvan para el aprovechamiento de los recursos naturales estrat\u00e9gicos que posibilitan el desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds, como lo ha referido el viceministro de Gesti\u00f3n Institucional, Ricardo Vald\u00e9s, pues con esa justificaci\u00f3n nos preguntamos \u00bfQui\u00e9n responde por la muerte del se\u00f1or Cereceda y los dem\u00e1s fallecidos en conflictos socio ambientales?, \u00bfLa empresa o la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa?<\/span><\/p>\n

6. No es posible que bajo convenios privados se prevea el uso de la fuerza para casos excepcionales, \u00bfQui\u00e9n define el uso de la fuerza en esos casos?, \u00bfCu\u00e1les son esos casos excepcionales? \u00bfQui\u00e9n determina su excepcionalidad? \u00bfFue excepcional la muerte de QUINTINO CEREDA para proteger intereses mayores a una vida?.<\/span><\/p>\n

7. Es insuficiente la revisi\u00f3n del marco legal que permite la suscripci\u00f3n de convenios con las empresas extractivas. La actuaci\u00f3n de la PNP -denunciada por el propio Ministro del Interior- en el \u00faltimo conflicto con el proyecto minero Las Bambas, ha puesto en evidencia que se requieren cambios profundos, as\u00ed como la fiscalizaci\u00f3n de los recursos que desde a\u00f1os atr\u00e1s la PNP percibe como producto de la suscripci\u00f3n de dichos convenios. Exigimos conocer cu\u00e1nto percibe la PNP por este tipo de convenios y en qu\u00e9 se gasta este dinero. Adem\u00e1s, es imprescindible un debate p\u00fablico y transparente. Emplazamos al Congreso de la Rep\u00fablica cumpla con su rol de fiscalizaci\u00f3n, modifique un marco legal inconstitucional que deslegitima y pone al servicio de intereses privados a nuestra PNP, y que se establezcan los niveles de responsabilidad de las empresas mineras en dicho accionar.<\/span><\/p>\n

Cusco \u2013 Lima, 03 de noviembre del 2016<\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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