{"id":5233,"date":"2016-09-08T16:58:31","date_gmt":"2016-09-08T21:58:31","guid":{"rendered":"http:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=1801"},"modified":"2016-09-08T16:58:31","modified_gmt":"2016-09-08T21:58:31","slug":"la-policia-se-mercenariza-cuando-brinda-seguridad-a-una-minera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/la-policia-se-mercenariza-cuando-brinda-seguridad-a-una-minera\/","title":{"rendered":"\u201cLa polic\u00eda se \u2018mercenariza\u2019 cuando brinda seguridad a una minera\u201d"},"content":{"rendered":"

Por: <\/strong>Nylva Hiruelas<\/a><\/p>\n

GRAN ANGULAR La Realidad como objetivo<\/a><\/strong><\/p>\n

Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la m\u00e1s completa oscuridad: los convenios por los cuales la polic\u00eda presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras<\/a>\u00a0 ha tenido que esperar dos largos a\u00f1os hasta que la Justicia le diera la raz\u00f3n y pudiera conocer los convenios suscritos en la regi\u00f3n Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, despu\u00e9s de que la polic\u00eda le negara esta informaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

P.- \u00bfCu\u00e1les son los impactos de los convenios suscritos entre la polic\u00eda y las empresas mineras?<\/em><\/strong><\/p>\n

R.-. Son sumamente preocupantes. Se confirma que hay una relaci\u00f3n directa entre las regiones policiales y las empresas mineras, bajo la cual un determinado n\u00famero de efectivos policiales dotan de seguridad privada a la minera, servicio por el cual reciben una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica, en torno a 100 soles diarios, y 150 soles diarios los jefes del mando superior. La regi\u00f3n policial (por ejemplo, en el caso de Las Bambas, ser\u00eda Cusco-a pesar de que sus operaciones est\u00e1n ubicadas en Apur\u00edmac), adem\u00e1s, est\u00e1 recibiendo una cantidad de dinero, en torno a los 20 mil soles al mes. Se percibe una relaci\u00f3n econ\u00f3mica patrimonial: la polic\u00eda se \u2018mercenariza\u2019 cuando brinda seguridad a la minera.<\/p>\n

Estos convenios se est\u00e1n renovando en la pr\u00e1ctica. Nosotros creemos que en el momento hay todav\u00eda convenios vigentes, los que se han suscrito en el 2014 o 2015.<\/p>\n

En los convenios hemos encontrado algunas cla\u00fasulas que determinan que el polic\u00eda que brinda servicios de seguridad a la mina, en el caso de que viera alg\u00fan hecho vinculado a su actividad, no puede comunicarlo a nadie y solo tiene que reportarlo a la empresa. \u00bfQu\u00e9 sucede si un efectivo policial est\u00e1 brindando seguridad y ve a un comunero que est\u00e1 siendo afectado en sus derechos o ve un derrame? \u00bfEse polic\u00eda no lo va a informar, obviando su deber como servidor p\u00fablico?<\/p>\n

Hay temas de fondo que demuestran la necesidad de que estos convenios se deroguen de manera autom\u00e1tica y las empresas mineras no gocen de ning\u00fan otro privilegio: que ellos contraten de manera directa la seguridad. Detr\u00e1s de ello est\u00e1 el tema de la conflictividad, porque si tenemos a efectivos policiales brindado seguridad en un momento de estallido social \u00bfva a proteger la seguridad de la empresa o va a defender la seguridad de la poblaci\u00f3n?<\/p>\n

P.- \u00bfCon estos convenios se desnaturaliza la funci\u00f3n policial?<\/em><\/strong><\/p>\n

R.- Que la instituci\u00f3n policial reciba recursos directamente recaudados porque sus efectivos prestan servicios a la minera es un hecho sumamente delicado.<\/p>\n

Los convenios est\u00e1n permitiendo que se instalen una especie de oficinas de la polic\u00eda al interior de los campamentos mineros, as\u00ed sucedi\u00f3 en Espinar, aunque las fuerzas policiales lo negaron categ\u00f3ricamente y dijeron que se trataba de una simple oficina para el tema de desactivaci\u00f3n de explosivos.<\/p>\n

Estas \u201coficinas\u201d ofrecen una serie de beneficios a la polic\u00eda en cuestiones log\u00edsticas. Entonces uno entiende por qu\u00e9 en el marco de los conflictos, la polic\u00eda detiene a la poblaci\u00f3n, la gente es detenida en el campamento minero, recepcionan sus declaraciones al interior del campamento minero y la fiscal\u00eda desarrolla de manera \u201cnormal\u201d sus diligencias al interior. Ha pasado en el caso Espinar y se ha repetido en el caso Las Bambas con much\u00edsima normalidad.<\/p>\n

P.- \u00bfQu\u00e9 entidad es responsable de\u00a0 suscribir estos convenios entre la polic\u00eda y la minera?<\/em><\/strong><\/p>\n

R.- Tenemos convenios que han sido suscritos por el Ministerio del Interior, pero esta cartera ha dado la posibilidad para que las regiones policiales puedan suscribir de manera directa. Entonces, estas han ido suscribiendo adendas, convenios, etc. Esta situaci\u00f3n se agrava m\u00e1s porque en los \u00faltimos a\u00f1os se ha ido permitido la instalaci\u00f3n de \u2018frentes policiales\u2019, precisamente, en territorios donde hay mayor conflictividad para garantizar la inversi\u00f3n.<\/p>\n

P.-\u00a0 \u00bfA qu\u00e9 te refieres con frente policial?<\/em><\/strong><\/p>\n

R.- Un frente policial es una especie de entidad que no responde a su regi\u00f3n policial sino que\u00a0 depende directamente de Lima y que se establece en territorios donde hay cierta conflictividad. En el caso de Espinar, el frente policial se encuentra en Sicuani y est\u00e1 para brindar seguridad inmediata, r\u00e1pida, incluso trabajo de inteligencia para las zonas de Espinar y Chumbivilcas. Cada frente policial est\u00e1 a cargo adem\u00e1s de un contingente policial, por ejemplo el Frente Policial de Espinar puede movilizar r\u00e1pidamente 200 polic\u00edas.\u00a0 Esto hay que vincularlo con el tema de los convenios porque en algunas cl\u00e1usulas mencionan que la empresa minera puede comunicarse directamente con la polic\u00eda.<\/p>\n

P.- Es ah\u00ed donde la poblaci\u00f3n comienza a desconfiar de la polic\u00eda.<\/em><\/strong><\/p>\n

R.- La poblaci\u00f3n ve a su polic\u00eda al servicio de la empresa minera y su seguridad y derecho a la igualdad pasan a ser abiertamente vulnerados.<\/p>\n

En territorios donde hay una mayor lejan\u00eda del Estado esta situaci\u00f3n es mucho m\u00e1s compleja, un ejemplo muy claro es Chalhuahuacho, una zona sumamente alejada con una poblaci\u00f3n muy peque\u00f1a\u00a0 que pr\u00e1cticamente convive a metros del proceso de explotaci\u00f3n en las Bambas [Apur\u00edmac].<\/p>\n

La Fiscal\u00eda de Chalhuahuacho no tiene log\u00edstica, no cuenta con movilidad propia y tiene que depender de la polic\u00eda para todas sus investigaciones, pero \u00e9sta a su vez brinda servicios de seguridad a la empresa. Parece complejo exigirle a la fiscal\u00eda una una investigaci\u00f3n independiente. A esto hay que sumarle la gran capacidad operativa que tiene la empresa MMG, Las Bambas. Esta empresa est\u00e1 muy bien representada por un grupo de abogados que act\u00faan de manera permanente, constante, presentando\u00a0 escritos, denuncias. O sea, no es una empresa que est\u00e1 pasiva: est\u00e1 actuando y denunciando. Esto genera una situaci\u00f3n de suma desigualdad ante la poblaci\u00f3n. Lo que necesitamos es pues ministerios p\u00fablicos bien equipados, con una gran log\u00edstica, mayor cantidad de fiscales, asistencia judicial, equipos\u2026 Hay una serie de carencias que son dif\u00edciles para territorios como Apur\u00edmac, por ejemplo, donde el acceso a la justicia es sumamente complejo.<\/p>\n

P.- \u00bfEstos convenios est\u00e1n operando en la legalidad?<\/strong><\/p>\n

R.- Estos convenios est\u00e1n amparados bajo la misma ley de la polic\u00eda y bajo un decreto supremo. Pero si quisi\u00e9ramos ingresar en un an\u00e1lisis de vulneraci\u00f3n de derechos, para nosotros, estas normas son inconstitucionales porque la Constituci\u00f3n le da un mandato a la polic\u00eda nacional en t\u00e9rminos de seguridad a favor de toda la poblaci\u00f3n. Entonces se est\u00e1n vulnerando abiertamente los derechos de seguridad, de igualdad, discriminando a un sector de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

P.- Si nos fijamos en los est\u00e1ndares internacionales, \u00bfser\u00edan legales?<\/strong><\/p>\n

R.- Bajo el marco de los principios de seguridad y derechos humanos las empresas no est\u00e1n respetando sus compromisos.<\/p>\n

Empresas como Las Bambas o Glencore-Xstrata han suscrito estos principios, pero en la pr\u00e1ctica no sabemos lo que estas empresas est\u00e1n haciendo para prevenir y garantizar los derechos de las poblaciones que est\u00e1n alrededor de sus explotaciones. Creo que la empresa privada deber\u00eda acceder a servicios de seguridad privada finalmente.<\/p>\n

Necesitamos abrir una discusi\u00f3n jur\u00eddica sobre si la empresas extractivas adem\u00e1s son responsables civil y penalmente de las vulneraciones a derechos humanos que se est\u00e1n cometiendo, porque est\u00e1n permitiendo-de manera directa o indirecta- que estas situaciones se generen. No podemos permitir que toda la responsabilidad recaiga sobre el Estado. Ante la cantidad de muertes producto de los conflictos sociales las empresas tienen que responder sobre esto.<\/p>\n

P.- Los delitos cometidos en Espinar y Cajamarca son juzgados, desde el 2012, en dos departamentos distintos: Ica y Lambayeque, respectivamente. \u00bfExiste alguna raz\u00f3n que justifique este cambio normativo?<\/em><\/strong><\/p>\n

En el caso de Espinar a Ica, el argumento fue b\u00e1sicamente que hab\u00eda digamos un nivel de alta tensi\u00f3n que no permit\u00eda que los operadores jurisdiccionales pudieran desarrollar su labor de manera adecuada. No podemos seguir permitiendo que la competencia la sigan teniendo jueces de otro \u00e1mbito, no existe ninguna situaci\u00f3n que la justifique en este momento. Nosotros hemos presentado una acci\u00f3n de amparo (en el caso de Espinar) por violaci\u00f3n al derecho del juez natural y acceso a la justicia y defensa.<\/p>\n

Se emiti\u00f3 otra resoluci\u00f3n administrativa al cabo de unos seis meses que dice que ahora las salas penales nacionales que est\u00e1n ubicadas en Lima adem\u00e1s tienen competencia sobre el juzgamiento de casos derivados de conflictividad social. Hasta el momento no hay ning\u00fan caso que la sala penal nacional est\u00e9 llevando a cabo porque todav\u00eda los conflictos que tenemos ahora en materia de judicializaci\u00f3n han sido anteriores a esta resoluci\u00f3n.<\/p>\n

P.- \u00bfQu\u00e9 buscan todas estas medidas y normativas?<\/em><\/strong><\/p>\n

R.- La existencia de convenios con la polic\u00eda, los frentes policiales, la posibilidad del traslado de competencia judicial, la cantidad de cambios normativos que hemos tenido al interior de la legislaci\u00f3n penal, digamos para sobredimensionar y pasar la protesta a actos delictivos. Todo eso yo creo que es parte de una orientaci\u00f3n que no se da solo en Per\u00fa. Todos esos elementos nos hablan de un contexto sumamente grave de criminalizaci\u00f3n de la protesta, de vulneraci\u00f3n abierta al derecho a la libertad de expresi\u00f3n, derecho a la reuni\u00f3n y llevar hacia el lado delictivo la protesta, de tal manera que el Estado no asuma su responsabilidad pol\u00edtica de solucionar los problema de fondo que est\u00e1n detr\u00e1s de los conflictos sociales: utilizas el derecho penal para trasladar un problema.\u00a0 El derecho penal no va a solucionar el conflicto, lo que va a hacer simplemente es intentar encontrar una responsabilidad penal. Lo que en el fondo haces es desgastar el movimiento social y\u00a0 la democracia se relativiza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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