{"id":7428,"date":"2024-08-22T16:19:40","date_gmt":"2024-08-22T21:19:40","guid":{"rendered":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/?p=7428"},"modified":"2024-08-22T16:19:42","modified_gmt":"2024-08-22T21:19:42","slug":"criminalizacion-de-defensores-en-urinsaya-metodo-para-silenciar-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos-y-el-territorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derechosinfronteras.pe\/ingles\/criminalizacion-de-defensores-en-urinsaya-metodo-para-silenciar-a-quienes-defienden-los-derechos-humanos-y-el-territorio\/","title":{"rendered":"CRIMINALIZACI\u00d3N DE DEFENSORES EN URINSAYA: M\u00c9TODO PARA SILENCIAR A QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TERRITORIO"},"content":{"rendered":"

Desde el inicio, el Gobierno peruano no busc\u00f3 el di\u00e1logo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Estado peruano opta por criminalizar la protesta social antes de resolver los problemas de fondo de los conflictos sociales. Este es el caso de la comunidad originaria de Urinsaya. \u00bfCu\u00e1ndo inici\u00f3 este conflicto social que a la fecha no tiene soluci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

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ANTECENDENTES<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La comunidad originaria de Urinsaya, ubicada en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, departamento del Cusco, el pasado 11 de diciembre de 2010, lleg\u00f3 a un acuerdo con la minera Xstrata Tintaya S.A. (en ese tiempo propiedad de la concesi\u00f3n minera Las Bambas) de otorgar una servidumbre para el paso de un ducto (tuber\u00eda de concentrado o mineroducto).<\/p>\n\n\n\n

Este canal funcionar\u00eda como una faja transportadora de mineral que ocupar\u00eda un \u00e1rea de 72.0193 hect\u00e1reas de su territorio comunal y atravesando territorios de otras comunidades en el corredor minero hasta llegar al proyecto minero Las Bambas en la regi\u00f3n de Apur\u00edmac. Dicho acuerdo, entre comunidad y empresa minera, fue inscrito en la oficina de Registros p\u00fablicos de Espinar, el 28 de enero de 2011, en la partida registral 02009045.<\/p>\n\n\n\n

Tal como lo refiere el expresidente de esta comunidad, Isa\u00edas Kana Huillca, la carretera era solo para el traslado de material e insumos en la etapa de construcci\u00f3n mina. \u00a0Si la decisi\u00f3n hubiese sido evitar la contaminaci\u00f3n ambiental, el traslado del mineral habr\u00eda sido por el mineroducto, acuerdo que no se cumpli\u00f3 hasta hoy. Los cerca de trescientos camiones encapsulados de mineral de la minera MMG Las Bambas se trasladan cada d\u00eda por la misma carretera comunal sin asfaltar, transportando cobre, produciendo vibraciones, ruido y polvo, sin contar los accidentes de transito.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno, lejos de atender el problema socioambiental en Urinsaya, emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n Ministerial n.\u00b0 054-2019-MTC, la cual reclasific\u00f3 la v\u00eda comunal del corredor minero a v\u00eda nacional, violando el derecho de todas las comunidades afectadas a la consulta previa, agudizando a\u00fan m\u00e1s el conflicto en Urinsaya iniciado desde el a\u00f1o 2017.<\/p>\n\n\n\n

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INICIO DE LA CRIMINALIZACI\u00d3N<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

La mayor criminalizaci\u00f3n de defensores de Urinsaya inici\u00f3 desde el pasado 28 de enero de 2020, cuando la comunidad convoca a un paro indefinido. Como respuesta, dos d\u00edas despu\u00e9s, dos comuneras y ocho comuneros fueron criminalizados por la Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda de Espinar por el presunto delito de secuestro. Fueron detenidos, el 31 de enero de 2020, los comuneros Abel Kana Quispe (teniente gobernador de Urinsaya) y Jorge Kana Taco (fiscal comunal) y sometidos a una audiencia de prisi\u00f3n preventiva. Asimismo, fueron trasladados a la provincia de Canchis (fuera de la competencia del juzgado de Espinar en la cual les correspond\u00eda) a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Sin embargo, la solicitud de prisi\u00f3n preventiva fue declarada infundada, luego apelada por la Fiscal\u00eda y confirmada la decisi\u00f3n en segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de varias irregularidades en la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda acus\u00f3 a los diez defensores de Urinsaya por el presunto delito de secuestro y solicit\u00f3 una pena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva. Lo curioso de este caso de criminalizaci\u00f3n es que el supuesto agraviado, quien era trabajador de una empresa contratada que brindaba servicio de seguridad a la empresa minera MMG Las Bambas, no conoc\u00eda a los defensores acusados. Incluso, cinco de los defensores acusados no se encontraban en el lugar de los hechos. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 las diligencias en la sede policial de forma arbitraria, sin contar con la presencia del abogado de los defensores acusados. Es m\u00e1s, durante la investigaci\u00f3n no se cumpli\u00f3 con todas las diligencias solicitadas por la defensa de los defensores acusados, como es la ampliaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la testigo Vicki Virginia Cca\u00f1a Ccolque, due\u00f1a del hospedaje donde estaba supuestamente secuestrado el agraviado, la visualizaci\u00f3n de un video, entre otras diligencias. Estas irregularidades afectan el derecho de defensa y demuestra la arbitrariedad con la que act\u00faan en la Fiscal\u00eda de Espinar en contra de los defensores criminalizados, generando desprestigio a una instituci\u00f3n constitucionalmente aut\u00f3noma que se ha ganado el respeto a nivel nacional e internacional por los casos de corrupci\u00f3n de nuestro pa\u00eds, siendo su labor actuar con objetividad en sus investigaciones y tambi\u00e9n defiende a la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la Fiscal\u00eda de Espinar, el 11 de febrero de 2021, presenta acusaci\u00f3n en contra de dos defensoras y ocho defensores solicitando una pena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva y una reparaci\u00f3n civil de diez mil soles, sin mayores medios de prueba que la declaraci\u00f3n del agraviado y la testigo Vicki Virginia Cca\u00f1a Ccolque, quien rindi\u00f3 su declaraci\u00f3n en calidad de imputada y sin la presencia de los abogados de los defensores criminalizados. No obstante, estos testimonios fueron utilizados para sustentar la prisi\u00f3n preventiva y la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el 11 de junio de 2021, el juez de Investigaci\u00f3n Preparatoria de Espinar resolvi\u00f3 archivar el caso respecto a ocho de los defensores criminalizados. Sin embargo, la fiscal Carmen Rosa Salas Archircana apel\u00f3 a la decisi\u00f3n del juzgado. La causa se encuentra en la Sala de Apelaciones de Canchis a cargo de los jueces superiores Eduardo Sumire L\u00f3pez, \u00c1ngel C\u00e1ceres C\u00e1ceres y la jueza superior Vanessa Paulina Castillo Cusi. Luego de la audiencia de apelaci\u00f3n, el 21 de setiembre de 2021, por mayor\u00eda, declaran nulo la resoluci\u00f3n que archivaba el caso de los defensores criminalizados, sin una debida motivaci\u00f3n, rescat\u00e1ndose el voto de minor\u00eda de la jueza superior Vanessa Paulina Castillo Cusi, que confirma la resoluci\u00f3n que archiva el caso.<\/p>\n\n\n\n

No cabe duda que la criminalizaci\u00f3n es un m\u00e9todo para silenciar a defensores y defensoras, y limitarlos en la participaci\u00f3n de la sociedad civil, instrumentalizando el derecho penal para acabar con la protesta social en el Corredor Minero del Sur. Desde el inicio, el Gobierno peruano no busc\u00f3 el di\u00e1logo, reclasific\u00f3 la v\u00eda sin consulta previa y sin ning\u00fan proceso de expropiaci\u00f3n, atentando contra el derecho al territorio de las comunidades, derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.<\/p>\n\n\n\n

Por: Aroldo Andr\u00e9s Vera Villar \u2013 \u00c1rea Legal de DHSF<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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