El Decreto Legislativo N.\u00b0 1589, publicado el 4 de diciembre de 2023, realiz\u00f3 modificaciones al C\u00f3digo Penal. La norma ampl\u00eda los supuestos de delitos penales vinculados a la protesta social y establece un marco normativo que puede criminalizar no solo a quienes protestan, sino tambi\u00e9n el apoyo solidario a una manifestaci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
Frente a este escenario, el Colegio de Abogados de Puno present\u00f3 ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 2 del Decreto Legislativo N.\u00b0 1589, que modifica el inciso 3 del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como contra el art\u00edculo 3 del mismo decreto, que incorpora los nuevos art\u00edculos 283-A y 315-B.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el gremio jur\u00eddico de Puno, estas disposiciones constituyen una injerencia y restricci\u00f3n inconstitucional del derecho a la protesta y a la reuni\u00f3n pac\u00edfica, reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa y en los tratados internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Constitucional ha programado audiencia para el 20 de enero, a las 9:00a.m., y ser\u00e1 un momento clave para evaluar si el Estado corrige un marco normativo que hoy debilita el derecho a la protesta y la participaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 modifica el Decreto Legislativo N.\u00b0 1589?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los nuevos art\u00edculos 283-A y 315-B introducen el delito de colaboraci\u00f3n en los supuestos de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos y de disturbios, estableciendo penas de 3 a 5 a\u00f1os y de 4 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica, esto significa que actos de apoyo solidario pueden ser considerados delito. Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n Estas acciones, que forman parte del ejercicio leg\u00edtimo del derecho a la protesta, podr\u00edan ser interpretadas como \u201ccolaboraci\u00f3n\u201d delictiva, exponiendo a procesos penales a quienes ejercen labores de acompa\u00f1amiento y defensa de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n El problema de fondo: todo es tratado como delito de disturbios<\/strong><\/p>\n\n\n\n Uno de los problemas centrales del Decreto Legislativo N.\u00b0 1589 es que no diferencia entre una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica y actos de violencia. Bajo este enfoque, toda afectaci\u00f3n al tr\u00e1nsito o a servicios p\u00fablicos es tratada como delito de disturbios.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan est\u00e1ndares internacionales, un disturbio implica uso de la fuerza con intenci\u00f3n de causar da\u00f1o a personas o graves afectaciones a la propiedad, algo muy distinto a una medida de fuerza propia de una movilizaci\u00f3n social, no toda medida de fuerza constituye violencia. Interrumpir temporalmente de una v\u00eda p\u00fablica de comunicaci\u00f3n no necesariamente se convierte autom\u00e1ticamente en una protesta violenta.<\/p>\n\n\n\n La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe del 19 de octubre de 2023, concluyo que la mayor\u00eda de las protestas sociales en el Per\u00fa fueron pac\u00edficas y advirti\u00f3 sobre el uso arbitrario de las fuerzas del Estado. El informe precisa que una interrupci\u00f3n temporal de tr\u00e1nsito no constituye violencia, salvo que la perturbaci\u00f3n sea grave y sostenida.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha se\u00f1alado que las protestas sociales son indispensables para la democracia, y que las calles y plazas son espacios privilegiados para la expresi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la Defensor\u00eda del Pueblo, desde el 7 de diciembre de 2022 se han registrado 1 327 actos de protesta en el pa\u00eds. De ellos, solo 153 fueron violentos.<\/p>\n\n\n\n Estas cifras evidencian que la protesta pac\u00edfica es mayoritaria y cuestionan una narrativa estatal que generaliza la violencia y presenta la protesta como sin\u00f3nimo de disturbio.<\/p>\n\n\n\n Una norma que impacta directamente en defensores de derechos humanos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Al no diferenciar entre violencia y protesta pac\u00edfica, ni entre delito y solidaridad, el Decreto Legislativo N.\u00b0 1589 expone a las personas defensoras de derechos humanos a procesos de criminalizaci\u00f3n por realizar labores leg\u00edtimas de acompa\u00f1amiento, apoyo y organizaci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n Para las personas defensoras de derechos humanos, este marco normativo supone un riesgo directo de criminalizaci\u00f3n por realizar labores leg\u00edtimas de acompa\u00f1amiento, organizaci\u00f3n y apoyo ciudadano. La audiencia del 20 de enero ser\u00e1 clave para definir si el Estado peruano corrige este rumbo o profundiza un enfoque que debilita la democracia y restringe derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n Fuente: <\/p>\n\n\n\n https:\/\/es.scribd.com\/document\/642560728\/Informe-SituacionDDHH-Peru-3#from_embed<\/a><\/p>\n\n\n\n https:\/\/noticia.educacionenred.pe\/2023\/12\/dleg-1589-decreto-legislativo-que-modifica-codigo-penal-aprobado-decreto-legislativo-288121.html<\/a> <\/p>\n\n\n\n\n