PRONUNCIAMIENTO: Exigimos el esclarecimiento por el uso desmedido de la fuerza y la violencia en contra de ciudadanas/os de Alto Huarca por parte de la PNP y la empresa minera Glencore en Espinar. 

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

· El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.

· Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.

· La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.

· Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

Cusco, 05 de abril del 2018.

¿Hasta cuándo las comunidades tendrán que soportar la violencia de las empresas mineras?

Los últimos hechos de violencia contra las mujeres de la comunidad de Alto Huarca en Espinar están generando un movimiento de solidaridad y denuncia contra la empresa minera y la Policía Nacional del Perú.Glencore Antapaccay emitió un pronunciamiento que no refleja ningún nivel de autocrítica, ni mea culpa. En el 2014, Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco denunció la existencia de convenios entre la PNP y la empresa minera Antapaccay, gracias a este tipo de contratos inconstitucionales, los efectivos policiales tienen la obligación de proteger a la empresa por encima de la población.Instamos a la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, PCM y a las autoridades correspondientes a pronunciarse sobre estos hechos.#DefensorasNoEstánSolas@cCnddhh Perú Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH CooperAcción Red Muqui Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú @Servindi Defensoría del Pueblo Perú Actúa.pe Amnistía Internacional Perú Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer Defensoras no están solas Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán ONAMIAP La vida no vale un cobre Observadores De Glencore Noticias Provincias Altas – Cusco Espinar Noticias ABC Cusco Noticias Cusco En Portada

Posted by Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco on Thursday, April 5, 2018