Durante los últimos días el denominado corredor vial minero ha vuelto a ser centro de movilizaciones, denuncia a dirigentes y declaratoria de Estado de Emergencia; una situación que involucra fundamentalmente a la empresa MMG Las Bambas, a los procesos de diálogo, ruptura y ahora al séptimo día de huelga indefinida en Velille (Chumbivilcas-Cusco), protesta en Yavi Yavi, y el anuncio de inicio de huelga en Capacmarca, se hace necesario entender que viene pasando en este espacio geoeconómico.
El corredor vial minero y los proyectos mineros
En el sur y en el denominado corredor vial se produjo en el 2017 el 52% (1,283,039 TMF) de la producción nacional de cobre por empresas transnacionales[1] -Cerro Verde (EEUU), MMG Las Bambas (China), Glencore (Suiza), Hudbay (Canada)- lo que se transformó en ventas anuales promedio de más de 9 mil millones de soles anuales[2] (3,690,612 Antapaccay y 4,131,612 de Las Bambas en el 2016, y 1,189,823 de Hudbay en el 2015,) y otros miles de millones en ganancias.
Esta producción y en especial la de concentrados de cobre de la transnacional China Las Bambas –entre 400 a 600 unidades de transporte que trasladan concentrados, insumos y productos tóxicos – desde su centro de operaciones en Challhuahuacho hasta el puerto de Matarani (Arequipa) viene produciendo impactos ambientales y sociales permanentemente denunciados por la poblaciones locales, estas son: rajaduras de parte de las estructuras de las viviendas aledañas a la carretera del transporte minero, afectaciones de los cultivos, pasturas y animales, disminución de sus fuentes de agua por el uso para el riego insuficiente de la carretera, recurrente derrame de materiales o sustancias toxicas por la volcadura del transporte minero (desde el 2015 se han registrado un aproximado de 10 accidentes de vehículos mineros que han derramado concentrado de cobre, emulsión asfáltica y combustibles[3] que no han tenido mayor acción de fiscalización ambiental desde OEFA porque argumentan que no es su competencia), y otros. Además, se suma a ello, por un lado, los incumplimientos de acuerdos con las comunidades y localidades aledañas a la carretera que firmó la anterior empresa minera dueña del proyecto Xstrata Tintaya y que MMG viene incumpliendo según los dirigentes y comuneros, y por el otro, la demanda de las poblaciones locales por el aporte al desarrollo de las localidades por parte de minera Las Bambas. Estas son las razones centrales en la demanda de Velille.
Asimismo, las operaciones de MMG Las Bambas, Glencore y Hudbay tiene en proceso la evaluación y revisión de modificatorias de sus estudios de impacto ambiental, a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), las mismas que contemplan cambios sustanciales de los diferentes componentes de las operaciones mineras y que no están siendo debidamente informadas a las poblaciones afectadas. Este es el caso de la tercera modificatoria de MMG Las Bambas.
Estado de emergencia y criminalización de la protesta
Durante el presente año en el corredor minero por más de 8 meses (hasta junio) se había implantado el Estado de Emergencia “preventivo”. Luego de casi 2 meses el gobierno ha decretado nuevamente en Estado de Emergencia el corredor vial que restringe los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito, y ha dispuesto que más de 300 policías y 100 miembros del ejército resguarden esta vía, no obstante, las acciones de movilización se encuentran focalizadas en Velille y Yavi Yavi, por lo que esta medida es desproporcionada y abusiva, ya que no existe convulsión social en toda la carretera. Lo cierto es que se restringen varios derechos y hasta el momento se ha reportado el uso de la fuerza de manera violenta en el desalojo de las vías en la zona de Yavi Yavi y Velille.
Además, se viene criminalizando al representante del frente de defensa de Velille. En el caso del presidente del Frente de Defensa, German Enrique Salcedo, la empresa minera MMG Las Bambas a través de la Fiscalía provincial de Chumbivilcas nuevamente han interpuesto una denuncia en vías de prevención por los delitos “contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, lesiones; contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y contra la paz pública en la modalidad de disturbios”. La misma figura se viene utilizando contra decenas de personas y/o dirigentes de las provincias asentadas en el corredor minero, denuncias judiciales que en muchos casos llegan a la etapa de juicio oral donde son absueltos o archivados luego de 6 a 8 años de procesos judiciales injustos, como son los casos de Espinar y Chumbivilcas, en la mayoría de ellos la Fiscalía no logra comprobar el nivel de responsabilidad de las personas acusadas, ya que no existen pruebas de estas acusaciones.
El diálogo para resolver los conflictos
Desde Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) reconocemos las demandas y preocupaciones de las comunidades que se encuentran al entorno del corredor vial minero y del impacto ambiental y social que vienen sufriendo, como es la situación de Velille y Capacmarca, ya que en el caso de Las Bambas las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) si fueron sustanciales y estas no fueron ni informadas ni consultadas a las comunidades afectadas a lo largo del corredor vial en su debido momento. Al respecto un último comunicado del SENACE en agosto de este año sobre las modificaciones del MEIA de Las Bambas señala que se deben identificar las comunidades y localidades por todo el tramo de transporte de los minerales y así; evaluar y valorizar los impactos sociales que dicha actividad estaría generando. En efecto esta observación es oportuna pero no queda claro si el MEIA va contemplar la modificación del área de influencia del proyecto. Por ello solicitamos a SENACE que dicha identificación de las comunidades y localidades impactadas se incorpore de manera efectiva en la aprobación de la tercera modificatoria de MMG Las Bambas, aunque en un comunicado reciente la empresa ha señalado que la actividad del transporte terrestre por vías públicas no es una actividad minera prevista en la Ley General de Minería, por tanto, no está obligado a considerar a Velille como área de influencia directa del proyecto. Esta respuesta lamentablemente solo atiza más el conflicto en la zona.
En relación a la nueva declaratoria del Estado de Emergencia y la criminalización de la protesta social de los lideres y dirigentes sociales creemos que no es la mejor estrategia de respuesta de parte del Gobierno Central, es clave restablecer los mecanismos del dialogo, donde el Estado a través de sus entes competentes, debe sentarse las veces que sea necesario para escuchar las demandas de las poblaciones locales, en lugar de escuchar solamente la versión de las empresas mineras, si se insiste en este tipo de respuestas, a través de medidas represivas lo único que se alimenta es el malestar de las poblaciones locales, y no las causas del conflicto.
06 de setiembre del 2018.
Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.
[1] Ministerio de Energía y Minas. Anuario Minero Perú 2017. Consulta: 9 de julio del 2018 <http://www.minem.gob.pe/_publicac ion.php?idSector=1&idPublicacion=573>
[2] Las Minas del Perú. Perú: Proyectos y prospectos 2017-2019. Perú Top Publicaciones 2017.
[3] También según datos del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA hasta agosto de este año se reportaron en Chumbivilcas 5 denuncias ambientales sobre ruido, material particulado, efluentes y residuos sólidos.
