El 2019 fue un año donde la palabra “mujer” fue sinónimo de violencia. No hubo semana en que noticieros y titulares no publiquen rostros de mujeres violentadas, violadas, desaparecidas y/o asesinadas. Cuando se habla de mujer, se habla de violencia, se habla de víctima, se habla de impunidad. Pero las mujeres también tomaron la voz, se escuchó ¡basta ya!, se escuchó indignación, se escuchó furia y se vió su resistencia.
La violencia, año tras año, se ha estado sacando del espacio personal y familiar al espacio público. Donde debe estar, donde nace, donde se justifica y se reproduce. Desde enero 2019 hasta octubre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 127417 denuncias de violencia contra la mujer y 6415 casos de violencia sexual. Hasta noviembre de este año, se reportaron 152 casos de feminicidios, la cifra más alta en la última década que ha dejado 189 menores de edad en situación de abandono.
Casos emblemáticos, como fue la denuncia de una adolescente en el mes de noviembre contra tres policías por violación, resaltaron que la violencia también existe en espacios públicos y que los agresores incluyen a representantes del Estado, docentes de colegios y universidades, como a oficiales de seguridad, generando el lema “el Estado me viola, mis amigas me cuidan”. La promulgación de este lema a nivel nacional soltó como una ola, la frustración acumulada por muchas mujeres que mantuvieron estas violaciones en silencio.
Estos casos junto con las constantes publicaciones de las cifras repugnantes sobre la magnitud de la violencia, ha reconocido a nivel nacional que la violencia contra la mujer es una problemática de la sociedad, como una plaga que vive en todo sector, afectando a ricos, pobres, profesionales y analfabetos.
Toda mujer está expuesta a violencia y que esta se manifiesta de distintas maneras: física, sexual, económica y psicológica, y se cometen en el hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo y hasta en las comisarías. La violencia también es cotidiana y pública. Frente a esta realidad, en julio del 2019 se aprobó el decreto supremo que aprueba la Ley N° 27942, de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
Las mujeres del sur andino.
En el sur andino, las mujeres viven la violencia de manera más aguda, por la intersección de distintas discriminaciones contra ellas: por ser pobre, rural y originaria. Sin embargo, este año, han logrado dos avances históricos en la defensa de sus derechos. En Noviembre 2019 se dió la sentencia que prohibe la emisión del programa “La Paisana Jacinta”, esta denuncia fue interpuesta por un colectivo de mujeres de la provincia de Canchis. La sentencia reconoció que el programa transgrede derechos de las mujeres indígenas andinas, como el derecho-principio de dignidad humana, a la igualdad y la no discriminación o el derecho al honor y la buena reputación, entre otros.
Por otro lado, la lucha larga y constante de mujeres de la provincia de Espinar, quienes por años han denunciado la contaminación ambiental y la afectación de metales tóxicos en su salud, se reconoció en diciembre último, con el fallo que respeta el derecho de las comunidades a la vida, salud e integridad física. Si bien este es un logro colectivo, cabe reconocer el papel importante que tuvieron las mujeres, como Melchora Surco, cuyas demandas, esfuerzos y sacrificios fueron pilares para que la demanda continúe por cinco años, a pesar de enfrentar amenazas y acciones para deslegitimarla.
Estas sentencias evidencian avances en la lucha por los derechos de las mujeres, pero solo dan luz a un porcentaje mínimo de lo que ellas emprenden todos los días, las luchas y logros más íntimos. Como la presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Cultura y Territorio K’ana, Esmeralda Larota, resaltó al ser cuestionada sobre ‘¿Qué hacen las mujeres frente a las situaciones que viven?” durante la presentación, en Espinar-Cusco, del libro ‘Mujeres, Minería y Salud Mental’. Esmeralda respondió textualmente que ‘al igual que la violencia es cotidiana, también lo es la resistencia, es apoyarnos entre nosotras, es reunirse, es compartir y es organizarse’
Y esto es cierto. En el corredor minero, territorios donde intereses privados de empresas mineras alteran el tejido social, toda discriminación existente es profundizada y las violencias contra las mujeres son múltiples.
Durante una discusión sobre lo que se le dice a niñas y niños al crecer, una mujer de Espinar comentó “ella va a sufrir igual que yo”. Y no se refirió solo a las violencias que sufrió al crecer como los golpes y tocamientos indebidos que recibió de niña, la carga de responsabilidades que le asignaban por ser mujer, la educación que no recibió por ser mujer, pero también lo que enfrenta ahora, como los golpes que sufre a manos de su pareja, la falta de oportunidades económicas que tiene por ser mujer, a ser objeto de burlas y chistes de varones cuando trata de opinar en una asamblea, a la inseguridad que siente por los miramientos y comentarios insinuadores que recibe de varones migrantes, a la coima que el policía le solicito cuando denunció agresiones físicas por su pareja, al maltrato que recibe de los doctores cuando denuncia una violación, a la dificultad que tiene en vender sus productos en el mercado por estar contaminados, al temor que siente cuando defiende sus derechos. Toda una vida de violencia, por ser mujer.
Estos territorios mineros también exponen a las mujeres a riesgos adicionales, por ser espacios de alta conflictividad e inestabilidad social. Por ejemplo, en octubre, Higida Humpire perdió su ojo durante un paro de las comunidades de Paruro, quienes denunciaban las afectaciones negativas causadas por camiones encapsulados que transitan frente a sus comunidades día tras día. Algunas mujeres después reportaron que este acto se usó contra ellas para incitarles miedo y restringir su participación en manifestaciones. En noviembre, está situación de conflicto dio a que se declare la zona bajo estado de emergencia. Informes de las comunidades incluyeron denuncias de acoso sexual por militares a niñas en camino al colegio, e intrusiones a hogares intimidando a mujeres para que les cocinen.
La vulneración de los derechos de la mujer, por medio de la violencia, es una herramienta para dominar y controlar su cuerpo, su opinión, su decisión y su libertad. Sin embargo, el año que termina marcó un cambio de perspectiva nacional, reconociendo que la violencia no es un problema de unos cuantos, pero ¿Que nos espera 2020? Pues, seguir construyendo, usar todo lo que se ha logrado para exigir la equidad de género en todo espacio, público y privado, hacer que las normas se traduzcan en procesos tangibles con presupuestos, reconocer a los agresores -incluye al Estado, las empresas, hacer visible la violencia agudizada que viven las mujeres más vulnerables y apoyar sus esfuerzos, incentivar espacios de organización de mujeres y de aliados varones.
Aunque nos falta mucho para llegar a la igualdad de género, tenemos que seguir avanzando, porque la generación anterior no podía hablar de violencia y ahora sí, usemos esto para no tolerar su normalización, es un delito y no podemos esperar a una nueva generación para que finalmente la mujer pueda vivir sin violencia•
