Por: Blga. Karem Luque –
Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente
En marzo del 2020, el país entero recibía a través de los medios de comunicación la información del inicio de un confinamiento social para evitar el contagio del coronavirus que por su propagación mundial ya se convertía en una pandemia, la cual fue ocasionada por un microscópico organismo viral, pero con efectos mortales que anunciaban una gran catástrofe en nuestro sistema de salud pública, algo que no ha cambiado en nada en esta nueva segunda ola del coronavirus en nuestro país.
Previamente a toda la crisis desatada no solo en salud sino en educación, saneamiento, agricultura, economía, entre otros; en el corredor minero del sur andino ya vivíamos en una especie de normalización de los conflictos sociales, debido a que teníamos constantes estados de emergencia “preventivos”, criminalización de protestas sociales, impactos ambientales por las actividades mineras, problemáticas constantes que pedían y requerían atención urgente por parte del Estado. Las mesas de diálogo no estaban siendo la garantía para la resolución de estos conflictos socioambientales, esto sumado a la poca respuesta de las instancias fiscalizadoras en materia ambiental que demandaban las comunidades locales.
Por su parte, la provincia de Chumbivilcas tuvo una reacción heroica para imponer orden y seguridad durante la pandemia. Las rondas campesinas se organizaban y reforzaban los controles para resguardar su salud, una práctica de cuidado colectivo que era admirable y muy arriesgado para estas personas y sus familias, pero que fue siendo un gran soporte organizacional para controlar los contagios en la provincia. Las personas y su ingreso podían controlarse, pero no pudieron con la normalidad funcional de las empresas mineras, quienes privilegiadamente – con autorización del gobierno – seguían transitando y reportando entre sus trabajadores los primeros casos de COVID-19[1].
El escenario de pandemia era muy bien aprovechado por el gobierno y las empresas mineras para debilitar aún más la institucionalidad ambiental en el país, tal como ocurrió con el D.L. 1500 que promovía la virtualización de la participación ciudadana, y que para el proceso de socialización del MEIA Pampacancha sirvió de excusa para que a través del Google Meet pudieran imponer una nueva forma de acelerar licencias sociales sin respetar los criterios de interculturalidad que debe ser aplicado con las comunidades originarias. Asimismo, dicho decreto debilitó la fiscalización ambiental ya que exoneraba los reportes ambientales que debieran hacer las empresas mineras para no generar impactos en el medio ambiente.
En medio de toda esta crisis que va tocando fondo a los bolsillos de los peruanos y peruanas, los pobladores de los distritos de Livitaca, Chamaca y Velille (provincia de Chumbivilcas), pertenecientes al área de influencia directa del proyecto minero Constancia – Hudbay, emprendieron desde la quincena de enero medidas de lucha para poder retomar las mesas de diálogo no concluidas en sus distritos. La demanda de la población local era pedir una real atención que el propio Estado, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Oefa, advirtió en el 2019. Los impactos ambientales que se reportaron en el estudio denominado “Fiscalización Ambiental Corredor Vial ámbito de la provincia de Chumbivilcas” reflejaban que para el componente aire 02 de las 10 estaciones monitoreadas superaban los Estándares de Calidad Ambiental – ECA’s para aire, asimismo, para el componente ruido 22 de las 26 estaciones monitoreadas superaban los ECA’s.
Todos estos excedentes estaban relacionados al exceso de paso de transporte de concentrados de mineral donde se incluía a la empresa minera MMG Las Bambas. A partir de esta presentación pública, el Oefa realizó una serie de medidas preventivas y correctivas para minimizar los impactos ambientales de las zonas estudiadas como por ejemplo: a) Implementar mecanismos de mitigación de material particulado, b) Restringir el flujo de transporte de concentrados entre las 18:00 hasta las 05:00 horas y, c) Ordenar a la empresa minera MMG Las Bambas modificar y/o actualizar su estudio de impacto ambiental. Muchas de estas medidas no fueron cumplidas en su totalidad.
Finalmente, considerando los graves riesgos a la salud por la ingesta de metales tóxicos que se generan producto de los impactos ambientales de las actividades mineras tal como se refleja en Espinar, Cerro de Pasco, La Oroya, Puno, entre otros lugares, es necesario ver con detenimiento los determinantes sociales y ambientales que ya son parte de Chumbivilcas. El costo de vida es cada vez más alto para los que no dependen de la minería, implementar sistemas de saneamiento de calidad no son prioridad para las autoridades locales. La débil fiscalización ambiental durante la pandemia, sumado a la precariedad en los centros de salud desencadenará a futuro conflictos por el agua, por la salud y la vida. Las luchas de ahora tienen que ver también con luchas por sobrevivir ante un sistema que enriquece más a unos cuantos y prefiere sacrificar a muchos otros.
Fuentes bibliográficas:
[1] Los reportes oficiales del MINEM a nivel nacional sobre el contagio de trabajadores mineros hasta fines de agosto sumaron 4634 casos, lo cual represento un gran peligro para las comunidades aledañas a estos proyectos mineros, HudBay no se mantenía al margen a esta suma de casos de trabajadores mineros.
