Escribe: Área Legal DHSF
“Realizar denuncias públicas o exigencias de derechos sociales y ambientales en espacios libres, no constituye delito de difamación, al contrario, la criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales son actos graves y reprochables a nivel nacional e internacional”.
El proceso penal que enfrenta el defensor de derechos humanos y medio ambiente Sergio Huamaní Hilario fue presentada por la Compañía Minera Antapaccay quien interpuso la querella por el delito de difamación calumniosa agravada, la cual es considerada por Huamaní como una estrategia legal que busca silenciarlo e intimidarlo.
La minera, a través de su representado Marco Antonio Vargas Granilla, solicitó una pena privativa de la libertad efectiva de 3 años y trescientos sesenta y cinco días multa, asimismo, la suma exorbitante de 230 mil soles como reparación civil, el cual resulta diminuto según el representante de la Minera.
Con esta querella, el dirigente tiene ocho procesos activos identificados por los presuntos delitos de coacción, daños, extorsión, atentado contra la seguridad común, secuestro, atentado contra la libertad de trabajo, violación de medidas sanitarias, entorpecimiento a los servicios públicos, disturbios, apología del delito y falsedad genérica (varios de estos delitos se repiten en más de un proceso) todos relacionados por ejercer su derecho a la protesta.
Destacar que en mayo del año 2022 fue declarado inocente junto a Herbert Huamán Llave tras 10 años de persecución judicial por haber ejercido su derecho a la protesta social contra la minera Xtrata Tintaya en el año 2012. Estas movilizaciones marcaron un precedente en la lucha por justicia ambiental y social en la provincia de Espinar.
ANTECEDENTES DE LA QUERELLA
Los hechos ocurrieron el 2 de junio de este año, cuando Sergio Huamaní, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar, participó en un webinar organizado por la institución CooperAcción, para realizar incidencia política y generar opinión pública sobre la declaración de culpabilidad de esquemas de manipulación del mercado y soborno en el extranjero ejercida por la multinacional Glencore.
En el webinar el dirigente se pronunció sobre el ingreso de esta minera en Espinar y su relacionamiento con la población y con las autoridades, así como los conflictos sociales registrados desde el año 2012 hasta la fecha.
En otro momento, se refirió al documento “Plan Psicosocial N°02” de la unidad de inteligencia minera Xtrata Tintaya Antapaccay, que data del año 2012, con el cual se menciona que se consideraba como blanco objetivo al defensor Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, quien falleció en marzo de 2022.
Por lo tanto, el análisis que hizo Huamaní fue en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y difusión de pensamiento, además, lo realizó en su condición de defensor de los intereses y derechos ambientales y humanos de la población de Espinar.
Dentro de los argumentos de Antapaccay, también, figura las declaraciones que vertió el dirigente en el programa televisivo Jornada Informativa con respecto al fallecimiento de Oscar Mollohuanca.
Otro sustento de la empresa son las publicaciones que realizaría Huamaní en su cuenta personal de Facebook.
DEFENSA TÉCNICA
En ese sentido, la defensa técnica de Sergio Huamaní consideró que se ha atribuido falsamente la comisión de un hecho delictivo. Y sobre el monto de reparación civil no se encuentra sujeto a las condiciones personales o capacidad económica del querellado, ya que el supuesto daño no existe.
La Juez del Primer Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Espinar ha sido la encargada de resolver esta situación jurídica cuyo juicio oral inició el miércoles 29 de marzo, la misma que tuvo una duración de cuatro audiencias hasta la lectura de la sentencia.
El día 11 de mayo se dictó la sentencia en contra del defensor, la misma que declara autor de delito de difamación agravada, imponiéndole la pena privativa de la libertad de un año, con carácter de ejecución suspendida. Asimismo, fijó el monto de diez mil soles como reparación civil a la Compañía Minera Antapaccay y mil veinticuatro soles que deberá pagar en favor del Estado.
Tras conocer el fallo, el abogado del querellado indicó que apelará la decisión, por lo que, en segunda instancia estará a cargo de la Sala Penal de Apelaciones de Canchis.
Este caso marca un mal precedente y pone en riesgo a los dirigentes y defensores ambientales y de derechos humanos de la provincia de Espinar y a nivel nacional, constituyendo un nuevo patrón de criminalización para atacar la labor de las personas defensoras.
