Por Helio Cruz – Abogado DHSF
El Gobierno del presidente Pedro Castillo y su peculiar primer ministro enfrentan protestas sociales en el país con énfasis en conflictividad socio ambiental en territorios de explotación minera, la primera medida para afrontar estos hechos fue la promulgación de la Resolución de secretaría de gestión social y diálogo Nro. 004-2021-PCM/SGSD[1], esto a exigencia de las comunidades campesinas originarias afectadas en la provincia de Chumbivilcas.
¿En qué momento nos encontramos?
Sin duda, el premier Guido Bellido en el marco de sus funciones ha logrado con éxito reunir en la ciudad de Lima a los actores de la conflictividad socio ambiental del corredor vial minero sur; empresa minera Las Bambas, 10 comunidades campesinas originarias y funcionarios de distintos ministerios.
En la reunión se acordó establecer mecanismos o relación comerciales para incorporar a las Comunidades a través de empresas comunales en la cadena de valor de la minera Las Bambas para proveer servicios de transporte de concentrado, transporte interno de personas, mantenimiento vial, cisternas para regado de vía, línea amarilla entre otros.
Este logro representa un primer paso en atención a la agenda planteada en el conflicto, cabe recordar que las comunidades propusieron 3 ejes del proceso de diálogo, poco respetado históricamente por los gobiernos de turno.
Ejes del diálogo
El primer eje está concentrado en la expectativa para que las comunidades sean proveedoras de bienes y servicios a la empresa minera, este punto tiene avances importantes que requerirán una mayor precisión sobre el cómo se va implementar.
El segundo eje se sustenta en los argumentos del informe de OEFA que fue ratificado en vía apelación en sede administrativa mediante Resolución Nro. 010-2020-OEFA/TFA-SE con la cual se confirma la Resolución Directoral Nro. 00069-2019-OEFA/DSEM de fecha 26 de septiembre de 2019, mediante el cual se ordenó a la Minera Las Bambas S.A. el cumplimiento de las medidas administrativas previstas referido a los impactos y/o afectaciones ambientales en los territorios, modificación del estudio de impacto ambiental incluyendo a las comunidades que se encuentran en el corredor vial minero, a esto se suma las afectaciones económicas, culturales y sociales. Aquí la expectativa tiene un carácter complejo desde la restitución de derechos, compensación e indemnización de daños y perjuicios, todo esto a causa de la reclasificación de vías, comunal a nacional, por parte del MTC para el transporte de concentrados de mineral.
Se discutirá de los mecanismos para incluir al corredor vial minero como componente del proyecto minero, no solo de la minera Las Bambas, sino de todas que son usuarias de este corredor vial.
Se debe enfatizar que a la fecha el gobierno se mantiene en la omisión del proceso de consulta previa que continua afectando territorios de pueblos originarios en forma directa, este derecho que es irrenunciable debe ser implementado con una adecuada información sobre el estudio de impacto ambiental.
El tercer eje se centra en los casos de identificación de denuncias o persecución judicial contra defensoras y defensores que ejercieron derechos constitucionales, hechos en los cuales la policía y la fiscalía decidió criminalizar iniciando investigaciones o reprimiendo las protestas dejando personas heridas afectadas en su salud, en consecuencia aquí se requiere no una limitación del servicio de defensa pública del MINJUS sino una auténtica reparación para víctimas del conflicto socio ambiental y el archivo de denuncias que no son por conductas criminales sino por la defensa del territorio y exigencia por todos los medios de iniciar un proceso de diálogo con transparencia y plena participación.
En mi opinión, el segundo y tercer eje deben tener una mayor atención por parte del gobierno y la responsabilidad social – ambiental de la empresa minera, por un lado, constituyen afectaciones directas en el ambiente y la salud, y por otro se debe iniciar mecanismos de protección, regulación, fiscalización y monitoreo participativo para reducir los riesgos de contaminación ambiental, así como desarrollar los beneficios como derecho.
A la pregunta del título, podemos ver de forma clara que el dialogo para resolver conflictos es un mecanismo democrático con tensiones de todas las partes, sobre este caso se espera que por fin se llegue a soluciones.
[1] Conforman la “Mesa de Diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de la provincia de Candarave, departamento de Tacna”. Ver resolución en el Diario Oficial de El Peruano: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-la-mesa-de-dialogo-para-abordar-integralmente-la-resolucion-no-004-2021-pcmsgsd-1970509-2/
