REDACCIÓN DHSF
La mañana del 18 de julio de 1997, segundo periodo del régimen autocrático de Alberto Fujimori, el último hijo de Felicia Mamani Conza, un recién nacido de tres días, se enfermó con cólicos. Aquel día había llegado a Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, en la región Cusco, una campaña de atención médica gratuita.
La señora Felicia Mamani acudió a pedir ayuda a los profesionales de salud, quienes le dijeron que volviera con el niño a las dos de la tarde para su atención. Cuando estaba por salir de casa, apareció una persona en una camioneta, la recogió y trasladó -junto a su bebé- hasta el Centro de Salud de Condepampa, donde la ingresaron a una sala. Su hijo no fue atendido.
“En la sala había muchas señoras. Como corderos degollados estaban en el piso tirados sobre colchones viejos. Nos han agarrado como cualquier animalito y nos han sometido a esa esterilización sin saber qué males teníamos, ni antes ni después. A mí con agua fría me han bañado y yo les dije que no lo hicieran porque había dado a luz antes de ayer nomás…”, recuerda Felicia Mamani.
Felicia Mamani tenía 29 años cuando fue llevada al centro de salud para ser esterilizada sin su consentimiento. Ahora tiene 53 y recuerda cómo la afectó la violación de su derecho sexual y reproductivo. “Me entraron a la sala de operación, estuve en una camilla y la anestesia me pusieron por vía suero. A mí no me hizo efecto la anestesia. Me dijeron cuenta y conté hasta 1000 y seguía así (despierta). Cuando estaba despierta me han cortado. Sentí dolor y que me estaban cortando con Gillette”.
Cinco horas después de la ligadura de sus trompas, a las siete de la noche, la misma camioneta la recogió y la llevó de regreso a su casa. “Nunca se han acordado de mí. Me dieron tres paracetamoles y así estuve con dolores e infección. A consecuencia de eso ahora estoy mal, me duelen los ovarios y la cabeza”.
Entre 1995 y 2000, el gobierno autocrático de Alberto Fujimori impulsó el denominado Programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que estuvo destinado a combatir la pobreza.
Durante ese periodo se practicaron cerca de 300.000 ligaduras de trompas y vasectomías. La Defensoría del Pueblo identificó que durante ese tiempo se realizaron 272.028 operaciones a mujeres y 22.004 a varones.
Todavía se desconoce exactamente cuántas intervenciones se hicieron sin el consentimiento de las personas, pero el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia tiene más de 8.000 denuncias.
El engaño como método
Era mayo de 1995. Inés Condori Anaya viajó a Cusco junto a un familiar para hacerse una revisión médica general en el Hospital Regional de la Ciudad Imperial. Entró al nosocomio a las ocho de la mañana, una enfermera se quedó con su hija y ella fue llevada a una sala del segundo piso donde vio a varias mujeres sentadas y echadas, que se quejaban de dolor a gritos. “¡Ay, ay, gritaban!”, recuerda Inés Condori.
“Me han cambiado la ropa. Yo dije: me revisarán todo. Entré a otra sala donde había varias mujeres. No me acuerdo cómo me pusieron la anestesia. Solo recuerdo que me preguntaban cómo me llamaba y allí perdí el sentido”, cuenta.
Inés Condori es otra víctima de las esterilizaciones forzadas del fujimorismo. Actualmente es presidenta de las Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de la provincia Chumbivilcas.
A Inés Condori nadie le consultó si quería ser esterilizada, nadie le explicó en qué consistía la intervención, qué riesgos existían ni qué cuidados debería tener después de la ligadura de trompas. Así entró al quirófano y de ahí salió estéril. “Los testimonios y documentos aseguran que no fue un programa de planificación familiar, a las mujeres se las coaccionaba, se las amenazaba, se las llevaba a la fuerza y no se les informaba sobre las intervenciones quirúrgicas que les iban a hacer”, explica Yulissa Casana, coordinadora del área de género de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), entidad que acompaña a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Cuando Inés recuperó el conocimiento habían pasado ocho horas. Despertó en una sala junto a otras mujeres maltrechas y adoloridas. La enfermera le dijo: “hija tienes que irte ya, porque ya te hemos hecho para que no tengas hijos. Ya no vas a tener hijos, porque te han operado. Cuanto tienes muchos hijos hasta tu esposo te puede sacar la vuelta. Ahora te vas a volver jovencita”.
Las mujeres que denunciaron las esterilizaciones forzadas – todas andinas, pobres y quechua-hablantes- señalaron a los fiscales que fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento, bajo coacciones y sin el equipamiento y condiciones mínimas.
Veinticinco años después, la demanda de justicia de las víctimas está a punto de llegar a su final. Desde marzo, el fiscal a cargo del caso, Pablo Espinoza, formula su acusación en la que considera a Alberto Fujimori como «el máximo y principal responsable» de las esterilizaciones forzadas. También están acusados los exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros.
La negación de Keiko Fujimori
Margarita Rojas Qquehue tenía 22 años cuando la convencieron para acudir a un centro de salud en Lutto Kututo del distrito de Llusco, en la provincia de Chumbivilcas. Ella, que ahora tiene 47, cuenta que vio más de 24 esterilizaciones en un solo día.
“Con mi esposo me he separado, porque una mujer que está castrada ya no quiere tener sexo y, entonces, el esposo se va. Además, tenemos algunos dolores, porque no fuimos bien operadas. Yo no puedo levantar peso y eso me dificulta trabajar”, refiere Margarita.
Las víctimas del nefasto plan de Fujimori, Felicia, Inés y Margarita ahora temen que la hija del dictador, Keiko Fujimori, quien defiende el gobierno de su padre, deshaga todo lo avanzado en materia de justicia y reconocimiento de las víctimas.
A mediados de mayo, la candidata negó las esterilizaciones forzadas. “En el caso del proceso que se está llevando sobre las mal llamadas esterilizaciones forzadas, ese es un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y se han archivado en cuatro oportunidades”, respondió Fujimori, cuando fue consultada sobre qué haría de llegar al Gobierno en este caso.
En contraste, para la Fiscalía, Alberto Fujimori y sus exministros Yong, Costa y Aguinaga forzaron la esterilización de mujeres pobres de la sierra para «reducir la pobreza». A causa del programa irregular de esterilizaciones murieron 18 mujeres (cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica) y dejó secuelas físicas en otras 1.300, según María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF).
De acuerdo a un informe del Congreso de la República, las muertes de las mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones forzadas se produjeron en Áncash, Huancavelica, La Libertad, Piura, San Martín, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Loreto, Lima y Lambayeque.
La postura negacionista de Keiko Fujimori hace temer un retroceso en el proceso si gana las elecciones este 6 de junio, porque trata de desconocer las imputaciones fiscales. Ni la defensa de Alberto Fujimori niega los cargos, solo alega que el delito prescribió o que no se configura la figura de autoría mediata.
Yulissa Casana, coordinadora del área de género de DHSF, refirió que las declaraciones de la candidata no sorprenden, porque ese es el verdadero rostro del fujimorismo. “Nos indigna, porque se quiere negar y lavarle la cara al fujimorismo, cuando ellas llevan muchos años buscando justicia”, agregó.
“No debe anularse el caso. Fujimori tiene que pagar su delito. Tiene que pagar con una sanción ejemplar, y a nosotras nos deben una reparación integral… Y no es posible que su hija esté candidateando a la presidencia toda fresca. No, no, no. No puede ser. No sé porque el pueblo peruano no se da cuenta, parece que seguimos con los ojos vendados”, cuestiona Felicia Mamani y vuelve a reclamar justicia.
LEYENDAS
1 Las víctimas de las esterilizaciones forzadas esperan que se haga justicia y se sancione con rigor al exdictador Alberto Fujimori y sus ministros de Salud.
2 Felicia, Inés y Margarita, víctimas de la perversa política fujimorista en Chumbivilcas, reclaman justicia.
3 Keiko Fujimori negó que hayan existido las esterilizaciones forzadas pese a la existencia de evidencias testimoniales y documentales.
4 Alberto Fujimori es acusado de promover ese programa de esterilizaciones.
