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Desde que empezó el estado de emergencia por la COVID-19, muchas localidades de Chumbivilcas y Espinar afrontaron la pérdida de sus productos y la descapitalización, así como los efectos de los conflictos con las empresas mineras que siguieron operando sin muchas restricciones.
El 16 de marzo próximo se cumplirá un año desde el inicio del estado de emergencia sanitario por la pandemia de la COVID-19 en el Perú. La llegada del SARS-CoV-2 tuvo efectos mortales en la salud de la población, afectó la economía y otros aspectos de la vida de las y los ciudadanos.
Las comunidades campesinas, muchas de ellas indígenas u originarias, también sufrieron las consecuencias de la pandemia. No obstante, su situación no ha sido visibilizada ni es atendida por el Gobierno de turno.
Espinar y Chumbivilcas son dos provincias de la región Cusco con una importante presencia de poblaciones campesinas. Según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, en Espinar hay 74 comunidades originarias, mientras que en Chumbivilcas habitan 75 pueblos reconocidos en esa categoría.
En ese punto es necesario precisar que hay un grupo importante de comunidades que se reconocen como originarios y han anunciado que empezarán sendos procesos para ser incluidas en la lista del Ministerio de Cultura.
Las afectaciones
Cuando el Gobierno dispuso la cuarentena rígida se cerraron las vías de acceso y salida de las comunidades y se redujo la comercialización de productos en los mercados locales y regionales en contraste con lo que ocurría en tiempos normales. Los ronderos estuvieron a cargo de controlar el paso de los viajeros para evitar la propagación del virus.
Yobana Laime es una lideresa de la comunidad campesina de Ccoyo (Chumbivilcas), que tiene unos 180 miembros. Yobana, integrante de las Defensorías Comunitarias Cosi Q’oyllor, dice que, desde el inicio del estado de emergencia, los comuneros han sufrido una serie de perjuicios.
El cierre de los mercados y las restricciones al tránsito imposibilitaron el año pasado la venta de sus productos, así como impidió el proceso de abastecimiento de víveres que eran parte de su dieta habitual. “Nosotros producimos hortalizas, frutales y otros, pero como se cerró todo y no había transporte, entonces, no podíamos vender. El año pasado hubo gran pérdida de frutales y maíz”, explica la lideresa.
Cuando un campesino lograba trasladar su mercancía a Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, no contaba con un espacio para vender. “Los revendedores llegaban primero a Santo Tomás y copaban los mejores puestos, y dejaban espacios para los comuneros donde casi no se vendía”, señala Yobana. Los alcaldes nunca implementaron medidas a favor de los campesinos.
Daños al agro
En medio de la pandemia, los comuneros sufrieron otro golpe. Entre octubre y noviembre del año pasado se registró una prolongada sequía que impidió el inicio del sembrío de productos de pan de llevar en sus chacras, que solo producen con las lluvias a falta de sistemas de irrigación.
No es una novedad. El 75 % de tierras cultivables de la región, precisa un reporte de la Gerencia Regional de Agricultura del Cusco, solo producen si hay lluvias. Solo el 25 % cuenta con sistemas de riego.
Cuando ya pudieron sembrar, vino otro fenómeno de la naturaleza. Una serie de heladas “quemó” los cultivos y eso impidió una adecuada producción. “Los productos ya no son del tamaño normal, sino más pequeños porque fueron quemados por las heladas. Eso no se puede vender”, dijo Yobana.
Según la dirigenta habrá baja producción de maíz y verduras. “Ahora los comuneros no tienen dinero para seguir produciendo, ese es el problema que tenemos”, aseguró.
No solo el área rural sufrió con la pandemia. Juan Carlos Quirita, ex presidente del Frente Único de la Juventud Espinarense K’ana (Fujek) y actual secretario del Comité de Lucha de Espinar, recordó que en la ciudad de Yauri muchas personas dedicadas a la venta de gelatinas, agua, comerciantes, etc., tuvieron que dejar sus actividades. “Muchas familias se quedaron sin ingresos y no pudieron atender a sus familias como debía ser”, precisa el joven dirigente espinarense.
Minería y protestas
Un problema común a Espinar y Chumbivilcas es la falta de solución de las demandas planteadas por los ciudadanos y autoridades a las empresas mineras Antapaccay Glencore, que opera en suelo K’ana, y Hudbay Minerals que posee su mina Constancia en territorio chumbivilcano.
Adicionalmente, hay algunos distritos donde persiste el conflicto con la minera MMG Las Bambas, que opera en Apurímac, pero usa el Corredor Vial Sur para el traslado de los minerales hacia el puerto de Matarani (Arequipa).
Al menos cuatro mesas de diálogo estaban en curso entre las dos provincias, el Gobierno nacional y las tres empresas mineras para resolver las demandas ciudadanas. Sin embargo, estas han sido suspendidas a causa de la segunda ola de la COVID-19.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso que las mesas sigan funcionando, pero en forma virtual. La medida ha sido rechazada por varios dirigentes, porque, señalan, no garantiza un adecuado intercambio de posiciones ni una verdadera participación de las organizaciones sociales.
El dirigente Juan Carlos Quirita dijo que hay algunos dirigentes que no tienen un buen manejo de la tecnología para las reuniones virtuales. “Muy aparte de ello, que es lo principal, en las provincias altoandinas no se cuenta con una buena señal de internet. Hemos practicado con el Minem para la reformulación del Convenio Marco y otras mesas, pero el problema es que se cortaba el internet o la línea era muy baja y no se podía escuchar a los participantes”, explicó.
En efecto, el servicio de internet en provincias del Cusco es deficiente. Un ejemplo: en el 2020, según la Gerencia Regional de Educación, en Espinar no pudieron acceder a clases virtuales -por problemas de acceso a internet- 904 estudiantes de Espinar y 2485 en Chumbivilcas.
“El Gobierno y las empresas mineras están usando como excusa para no implementar las mesas de diálogo para atender las demandas de la provincia de Espinar. Es una excusa para no sentarse a dialogar”, anota Juan Carlos Quirita.
La mesa de diálogo, instada el 7 de agosto del año pasado como resultado de casi un mes de protestas en Espinar, fue abandonada por el Ejecutivo y la empresa minera sin resolver los problemas integrales de la población.
La atención inmediata a las personas afectadas por metales tóxicos en la sangre, la reformulación del Convenio Marco y la ampliación del proyecto Corocohuaycco son parte de las demandas que hasta hoy no son atendidas.
A esto, el presidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y de Ambiente de Cotabambas – Chumbivilcas – Espinar – Paruro y Grau, Luciano Ataucuri Chávez, agrega que las cosas pueden agravar si no hay una atención adecuada a las mesas de diálogo. “No es nada productivo. Y ellos están empeorando esta situación. El 20 (de este mes) habrá una reunión en Chumbivilcas para evaluar la suspensión del diálogo presencial”, recordó.
Hoy, en medio de la segunda ola, parece ser inminente la reactivación de los conflictos socioambientales que muestran, una vez más, que el Gobierno prioriza el sector minero antes que proteger los derechos de las poblaciones locales y comunidades originarias cuyas voces no callan.
