19 de Nov. Las 13 comunidades originarias afectadas- social y ambientalmente- por la explotación minera de la empresa Glencore Antapaccay, en la provincia cusqueña de Espinar, sostuvieron una reunión con el Presidente del Consejo de Ministros – PCM, Vicente Zeballos, en la comunidad de Tintaya Marquiri. La implementación de la consulta previa, en un plazo de 30 días, para la extensión del proyecto minero denominado Coroccohuayco, fue el principal acuerdo del espacio de diálogo.
En la reunión estuvieron presentes también el Gobernador Regional Jean Paul Benavente García; el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen: el Viceministro de Salud Gustavo Rossel; la Alta Comisionada de la PCM, Paola Bustamante; el Alcalde de Espinar Lolo Arenas Armendáriz; el Consejero Regional Felipe Pacuri; Alcaldes Distritales, Presidentes de las Comunidades Originarias de: Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Pacopata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.
Los representantes de las comunidades originarias manifestaron sus expectativas, afectaciones ambientales, afectaciones en su salud por la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos, y los incumplimientos de acuerdos y compromisos de parte del Estado y la empresa minera.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas presentó el informe técnico legal que explica la decisión aprobatoria del proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya. Sin embargo, los representantes comunales exigen que el Estado reconozca la omisión de consulta previa. “Se deja constancia de que el asunto de la omisión queda pendiente de ser resuelto” dice textualmente en el acta de acuerdos.
Otro de los acuerdos fue la conformación un grupo de trabajo para diseñar la implementación de un Fondo de Emergencia Social, el que estará coordinado por el Gobernador Regional de Cusco. Este fondo también debería servir también para la atención integral de las personas que tienen metales tóxicos en el cuerpo.
Finalmente, se acordó conformar una comisión multisectorial para evaluar daños ambientales y sociales en las comunidades originarias cuyo resultado permitirá elaborar un Plan de Reparaciones.
