Por Ramiro Llatas, Abogado de Sergio Huamani
El 28 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión del juicio que se lleva a cabo en contra de Oscar Mollohuanca (ex alcalde de Espinar) y de Sergio Huamaní y Herbert Huamán (ex dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE).
El Procurador Público especializado en asuntos de Orden Público, Carlos Eduardo Rosales Sánchez, solicitó como reparación civil a favor del Estado, la cantidad de 5 millones de soles a ser pagados por los acusados, en el caso, sean condenados.
Llama profundamente la atención que haya presentado como nueva prueba, el Informe de Pérdidas Económicas en el Sector Turismo de la Provincia de Espinar, expedido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que ascienden a un millón setecientos mil nuevos soles, entre el 20 y 30 de mayo del año 2012, fecha en la que se llevó a cabo la protesta social, en contra de la empresa minera Xtrata Tintaya. Consideramos que esa cantidad de pérdidas por concepto de turismo, es irreal y no se ajusta a la verdad. En todo caso, quienes han hecho ese documento deberán responder por las responsabilidades que eso significa.
El juez aceptó también las pruebas ofrecidas por la defensa de Oscar Mollohuanca, los convenios policiales, que probarían que los efectivos del orden, habrían dado servicios de seguridad privada a la empresa minera y eso motivó que la represión fuese mayor. Probarían también que en modo indebido se instauró una comisaria móvil en el campamento minero a donde fueron llevados los detenidos arbitrariamente.
Asimismo, se aceptó como medio probatorio de la defensa, el análisis de los monitoreos ambientales de aguas superficiales y subterráneas de Espinar ANA, OEFA, CM MPE (2012 – 2015) que probarían que en algunos puntos cercanos a la actividad minera se encontraron presencia de metales tóxicos que superan los estándares ambientales permitidos, y que esa fue la razón para que el pueblo de Espinar proteste en contra de la contaminación ambiental. La verdad no se puede ocultar.
También se dió la manifestación de cinco efectivos policiales que participaron en la represión de los pobladores en Espinar. Entre ellos el que fue Jefe del Comando Operativo, Gastón Rodríguez Limo, quien reconoció la vigencia de los convenios policiales, la presencia de la comisaría dentro del campamento minero, que consideramos no es usual. Entre otras cosas la detención de Oscar Mollohuanca, de Herberth Huamán, porque había dado declaraciones en un canal televisivo y de Sergio Huamani, quien después fue liberado, porque su detención se consideró arbitraria, según el juez constitucional del Cusco, que ordenó su inmediata libertad.
En todo caso, al ser Jefe del comando operativo, debería responder por las dos muertes que hubo en Espinar. Lamentablemente la Fiscalía de Ica, sobre este supuesto ha archivado las investigaciones. Y, también ha archivado las investigaciones que se vienen dando por el supuesto delito de secuestro por las detenciones arbitrarias que sufrieron principalmente los dirigentes y defensores del medio ambiente.
Llamó poderosamente la atención, que los cinco efectivos policiales que dieron su declaración, hayan concurrido a los tres lugares, donde se llevó a cabo la audiencia por teleconferencia. A Ica llegó el Sr. Rodríguez Limo, con sus guardaespaldas (efectivos policiales) y tres de los testigos. A Cusco fue a declarar otro de los testigos, efectivo policial, que trabaja en Huaral y tuvo que ir hasta Cusco, y a Espinar, fue otro efectivo policial, que no trabaja en la zona. La idea de hacer las teleconferencias es facilitar a quienes tienen que declarar que lo hagan donde viven y no se tengan que desplazar tanto, por eso, nos llamó la atención, porque en este caso, se han desplazado desde distintos lugares y nos quedamos pensando, si no habrán querido intimidarnos con su presencia. Solo decir, que esos métodos cuando estamos batallando por algo justo, no nos asustan, ya que tenemos el respaldo de la población y la esperanza que se haga justicia.
