El último viernes 20 de setiembre debió reiniciar el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, quienes vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012. El abogado defensor Ramiro Llatas señaló que el juicio no se llevó a cabo y fue reprogramado para el 18 de octubre.
Los ex dirigentes espinarenses exigieron a la empresa minera Glencore y al Gobierno Nacional respeto al medio ambiente. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,
Ramiro Llatas, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, está asumiendo la defensa de Sergio Huamani. Llatas nos informa que estas reprogramaciones se estuvieron dando bajo el argumento de que el Juez tenía excesiva carga procesal, por esa razón, de mayo del 2019 se reprogramó para el 20 de septiembre del mismo año, debido a que la 2da Sala Unipersonal de Ica ya no podía asumir el caso, esta fue transferida 4to Juzgado Unipersonal de Ica.
La nueva fecha se decidió porque la fiscal a cargo no se presentó, “se pudo haber iniciado el juicio con cambio de juez, pero no se hizo presente la fiscal alegando vacaciones, el juez de manera oportuna, indicó que si en la próxima no se presenta el fiscal se va mandar una queja a control interno para que inicie una investigación y lo sancionen disciplinariamente”, refirió Ramiro Llatas, quien también agregó que suspender las audiencias implica una afectación para los procesados porque tienen que viajar desde Espinar hasta Ica.
El nuevo juez a cargo está determinando dos horas para la audiencia y está citando a más testigos con el objetivo de terminar el proceso este año, si hasta febrero del 2020 no hay avances significativos hay el riesgo que el proceso se vuelva a quebrar.
»Como alegato de apertura vamos a indicar, que no tiene sentido este proceso judicial, no hay ninguna prueba incriminatoria o con relevancia criminal, todas las pruebas indican que ellos actuaron como dirigentes ejerciendo derechos constitucionales. No deberían haber sometido a juicio”. finalizó Llatas.
