“De la lectura de la resolución judicial, el dirigente comunero, Gregorio Rojas, se encuentra privado de libertad en mérito a una orden de detención preliminar que no se encuentra debidamente motivada” sostuvo el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidiendo que la Sala resuelva en el más breve plazo, teniendo en cuenta esta observación. También subrayó que la Defensoría ha sostenido de forma reiterada, que las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal deben encontrarse exhaustivamente motivadas y cumplir con los señalamientos legales y jurisprudenciales vigentes.
Gutiérrez Camacho, señaló que ello no debe impedir en modo alguno que las investigaciones prosigan, ni que puedan tomarse otras medidas legales si fueran necesarias.
En relación al bloqueo de la carretera, el Defensor del Pueblo fue enfático en señalar que no se puede reclamar derechos vulnerando derechos. “En el momento que la protesta se convierte en un acto violento deja de ser un acto legal para convertirse en ilegal” anotó, instando a la comunidad campesina de Fuerabamba y otras, a dejar de lado medidas de fuerza y actos de violencia, como el recientemente acaecido con el apedreamiento al helicóptero en el que viajaba a la localidad la comitiva ministerial.
Afirmó que el único camino de solución es el diálogo, con representantes debidamente legitimados y una agenda realista que pueda ser abordada con amplitud, flexibilidad y dentro del marco de la ley. En ese sentido, demandó que las partes redoblen esfuerzos para encontrar puntos de convergencia. En tal marco, pidió al Ejecutivo no prorrogar la declaratoria de emergencia en la zona, porque contraviene lo prescrito en la Constitución.
El Defensor del Pueblo manifestó que los actores han generado condicionantes para el conflicto. En ese sentido, sostuvo que la empresa “no ha mostrado una vocación para relacionarse adecuadamente con el nuevo entorno social que generó el establecimiento de una carretera para trasladar los minerales. Y tampoco ha mostrado diligencia para remediar las consecuencias de un cambio significativo al proyecto original, sin contar con la debida gestión social con las diversas comunidades que resultarían impactadas.”
En cuanto a la acción del Estado, Walter Gutiérrez, dijo que ha descuidado su rol regulatorio debido a la flexibilización de los mecanismos de evaluación de los proyectos de inversión. El Defensor del Pueblo, cuestionó también que el Estado tampoco haya sido diligente para afrontar los impactos del establecimiento de un corredor minero en lugar de un mineroducto. Asimismo, observó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene pendiente el reconocimiento de los derechos de propiedad necesarios para sanear una vía que pasa por tierras comunales.
Walter Gutiérrez recordó que la Defensoría del Pueblo, a través de sus oficinas descentralizadas de Cuzco y Apurímac, ha estado presente en las mesas de diálogo e, incluso, en Lima, sus representantes se han reunido con los dirigentes de la comunidad, de la empresa, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siguiendo muy de cerca el proceso y emitiendo diversas recomendaciones hasta el momento.
Finalmente, demandó a las partes en conflicto, crear las condiciones para restablecer el diálogo. En tal sentido, pidió al gobierno no prorrogar el estado de emergencia en la zona; a la comunidad, cesar los actos de violencia porque deslegitiman sus demandas; y a la empresa, transparentar los acuerdos y reconocer que hay un impacto causado por la intensidad del uso de la carretera.
