Por Soc. Jessenia Casani Castillo
DEMUS – Responsable de la Región de Cajamarca
A nivel de la política nacional contra la violencia de género, este 2018 se han tenido avances pero no en la dimensión que se requiere para enfrentar el patriarcado y cultura machista en nuestra sociedad. Se han dado avances con algunas modificaciones normativas que eran necesarias para subsanar los vacíos de la Ley Nro. 30364, Ley contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, y su Reglamento. Se ha tomado importancia a esta problemática desde el más alto nivel del Estado, pero no desde las instancias establecidas en la Ley Nro. 30364 y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género (PNCVDG), debilitando la institucionalidad y los mecanismos ya establecidos, creando un espacio paralelo con la “Comisión de emergencia” y perdiendo de vista mecanismos claves como son la aprobación del Protocolo Nacional Base de Actuación Conjunta para la Atención de la violencia, el Centro de Altos Estudios, el Registro de Víctimas y Agresores, y el fortalecimiento del Observatorio Nacional contra la Violencia de Género.
Sumado a lo señalado, es preciso añadir como desafío importante el abordaje de las dieciséis modalidades de violencia de género establecidas en el PNCVDG, en especial la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, o violencia en conflictos sociales como está nombrada en el PNCVDG. Modalidad de violencia que se mantiene invisibilizada, que no cuenta con data oficial o investigaciones a pesar de ya haber sido lanzado desde el Estado el Observatorio Nacional contra la Violencia de Género, que es uno de los mecanismos establecidos en la Ley 30364. Desde sociedad civil organizada hemos contribuido con el libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales”, que recoge las voces de las mujeres defensoras de cuerpos y territorios dando cuenta de las violencias vividas así como sus resistencias frente al extractivismo y demandas para su buen vivir.
Al ser una modalidad de violencia invisibilizada, las mujeres víctimas no reciben atención y protección adecuada ni especializada, ni se recibe sus denuncias para sancionar a sus agresores. Los servicios estatales que atienden violencia de género, no han sido capacitados para reconocer esta modalidad de violencia ni para su abordaje. Mientras tanto, son muchas las mujeres defensoras, principalmente mujeres indígenas, andinas y amazónicas, que en sus territorios con presencias de extractivas viven, de manera permanente, múltiples violencias por parte de trabajadores de las empresas, policías y militares, periodistas y medios de comunicación, autoridades locales y otros, con el único objeto de castigar y neutralizar su labor de defensa de cuerpos y territorios.
En territorios donde hay conflictos ecoterritoriales, donde hay una disputa por el control del territorio, también hay una disputa por el control del cuerpo de las mujeres, la violencia de género se hace presente y se exacerba. Se exacerba por ejemplo la violencia en relaciones de pareja, la violación sexual, la violencia patrimonial, y se hace presente la trata con fines de explotación sexual. Pero además, la violencia de género se utiliza como mecanismo de ataque hacia las mujeres que deciden desarrollar una labor de defensa de sus cuerpos y territorios, ataque a las que deciden defender sus tierras, su medioambiente, sus ríos y lagunas, sus saberes y culturas, sus cuerpos, su autonomía, sus derechos, su sexualidad, su reproducción, su salud, sus vidas dignas y libres de violencia.
La violencia de género que se usa para atacar a mujeres defensoras se ejerce mediante diversos tipos, física, sexual, sicológica y patrimonial, también es ejercida en diversos contextos, durante estados de emergencia, en situaciones de protestas, en detenciones, en procesos de criminalización, y en situaciones cotidianas de conflicto latente.
La violencia sexual vuelve a ser, como en el conflicto armado interno, la principal violencia usada contra las mujeres, en este contexto para amedrentar, humillar, denigrar y frenar la labor de las mujeres defensoras. Vuelve a ser usada como estrategia de ataque para controlar cuerpos y anular la actuación de defensa que realizan. Usándola de diversas formas, a través de insultos de connotación sexual con carga misógina y racista, muchas veces usados en protestas o campañas de difamación en medios de comunicación, a través de notas escritas de amenaza de violación o hechas a través de terceras personas, a través de tocamientos no consentidos en represión y rasgamiento de ropa para que queden expuestas partes de sus cuerpos, a través de llamadas, mensajes de textos o uso de redes sociales para acosarlas sexualmente, entre otros.
Toda esta violencia de género contra mujeres defensoras debe ser de especial preocupación y atención para el Estado peruano. Por tanto, se requiere aprobación urgente de una Política Pública de protección integral a personas defensoras, donde se aborde el impacto de género y se establezcan medidas y mecanismos adecuados para frenar estos ataques a mujeres defensoras.
Esta política debe contener lineamientos claros de prevención para promover el reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, reconocer y transmitir a nuestra sociedad el valor de contar con mujeres defensoras organizadas en nuestros territorios; lineamientos de atención y protección especializada para cuando una defensora sufre ataques que incluyen violencia de género; y lineamientos de no impunidad que favorezcan la investigación y sanción de las personas, grupos, empresas e instituciones públicas que han ejercido esta modalidad de violencia. Necesitamos además que el PNCVDG y la Ley Nro. 30364 sean implementados y usado para enfrentar esta violencia. Requerimos que el Observatorio Nacional contra la Violencia de Género vaya generando data oficial a través de investigaciones y registros de esta modalidad de violencia de género. Necesitamos con urgencia el Centro de Altos Estudios formando a las autoridades y funcionariado para una respuesta y atención especializada que logre frenar esta violencia y garantizar acceso a la justicia a las defensoras afectadas. Necesitamos mayores servicios, como los Centros de Salud Mental en los territorios altamente afectados por conflictos ecoterritoriales, para trabajar la salud mental comunitaria, promoviendo la labor de las defensoras y garantizando su actuación libres de ataque y violencia de género.
Requerimos protocolos de actuación en zonas rurales y comunidades indígenas, andinas y amazónicas, para una respuesta efectiva por parte de las autoridades que se encuentran más cercanas a las defensoras andinas y amazónicas, como los tenientes gobernadores, jueces y juezas de paz, autoridades indígenas, entre otros; ello permitirá una protección rápida y el cese del ataque. Necesitamos mayor capacitación en el manejo de la Ley Nro. 30364 por parte de operadores de justicia para aplicarla adecuadamente en los casos de violencia de género en conflictos ecoterritoriales, no es posible que se siga pensando que la violencia de género solo es aquella ejercida por la pareja y que por dicho razonamiento se archiven casos de violencia ejercidas por personal policial y de empresas mineras. Actualmente. Demus y Grufides, acompañan una solicitud de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negación de acceso a la justicia de mujer defensora víctima de violencia de género en conflictos ecoterritoriales, pues no obtuvo una respuesta estatal adecuada a pesar de que la norma es clara y contempla este tipo de violencia ejercido por terceros como empresas y representantes del Estado.
Porque no queremos más violencia y muertes de mujeres defensoras, demandamos que esta modalidad de violencia no siga más invisibilizada, que las mujeres indígenas, andinas y amazónicas, puedan desarrollar su labor de defensa libres de violencia, labor de defensa de cuerpos y territorios que benefician a todas y todos•
