El último viernes 14 de diciembre, La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por el congresista cusqueño Wilbert Rozas, en articulación con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, realizaron un foro para reconocer la lucha de los defensores de derechos ambientales y de pueblos indígenas.
En dicho evento, diferentes líderes y lideresas recibieron un reconocimiento público, por su trabajado como defensores de derechos humanos, una lucha, que en la mayoría de los casos, termina con procesos de criminalización y hostigamiento de parte del mismo Estado y algunas empresas.
Entre las personas reconocidas, estuvieron Melchora Surco, una de las mujeres que ha embanderado la lucha por la salud humana en Espinar, territorio en el que existe minería hace más de 35 años, lo que ha provocado que muchas personas vivan con metales tóxicos en sus cuerpos. Melchora, ha sido una de las pocas personas que, decididamente, empezó a hacer pública la situación de afectación en la que se encuentra la provincia cusqueña de Espina. Por otro lado, también se reconoció a Elita Yopla, rondera y esposa del comunicador indígena César Estrada, sentenciado por falsos delitos de secuestro y hurto agravado contra la minera Yanacocha (Cajamarca). Ambos casos expresan la inacción del Estado que no ofrece garantías a quienes defienden los derechos humanos y luchan contra la impunidad. Tanto Melchora Surco como Elita Yopla simbolizan la persistencia y compromiso de los pueblos que protegen nuestras fuentes de vida, el ambiente y su autodeterminación para decidir por el uso de su territorio.
Se sumaron a los reconocimientos el médico Fernando Osores y Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes han sido denunciados por el Estado por el supuesto delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud. Esta denuncia tiene su origen en el 2015 cuando Ruiz y Osores publicaron un artículo sobre la contaminación en Espinar (Cusco) por metales tóxicos, que cobró la muerte de una comunera de Alto Huancané y que evidenció actos de violación de derechos humanos de los pobladores de Espinar expuestos a intoxicación por plomo, cadmio, mercurio, arsénico, entre otros.
Defensoras y defensores, de Madre de Dios, Lima, Cerro de Pasco, Amazonas, entre otros, también fueron premiados por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Frente a un contexto, en el que las y los defensores de derechos humanos, son criminalizados, este tipo de reconocimientos públicos, ayudan a poner en agenda la situación y problemática de muchas regiones del país, especialmente aquellas que conviven con actividades extractivas, pues registran mayor índice de conflictividad social.
