Por: Vladimir Sarmiento – Área DECMA – DHSF
A pesar de los permanentes brotes de conflicto social en Chumbivilcas y Espinar debido a los impactos negativos de la actividad minera en sus territorios y de la controvertida concesión de la Montaña de los Siete Colores (Vinicunca) ubicada en una zona propuesta como área de conservación natural, la necesidad de promover y fortalecer políticas en materia de ordenamiento territorial, como mecanismo para prevenir acciones lesivas a los derechos humanos y el patrimonio natural, no ha cobrado relevancia en los planteamientos técnicos y políticos de estas elecciones.
Del poco interés mostrado en el tema, se puede colegir que existe una escasa aceptación y valoración de este instrumento de gestión como un eficiente mecanismo para la prevención de conflictos y la priorización planificada de decisiones públicas, orientadas al desarrollo local sostenible.
La falta de claridad y posición respecto a este tema podría dar cabida en las gestiones de gobierno local, sin mediar crítica alguna, a las opiniones burocráticas y economicistas de aquellos que conciben el Ordenamiento Territorial como un óbice técnico para el desarrollo de actividades extractivas y para las posibilidades de inversión del capital privado. Y lo que es peor, podría ceder espacios a los argumentos que postulan el enfoque de sostenibilidad en los procesos de gestión del territorio como una simple moda que debe ser revaluada para dar pase a la rentabilidad económica como el criterio más adecuado para juzgar los usos del territorio. Las implicancias de una mirada burocrático – administrativa de este tipo se dejarían ver en la agudización y recurrencia de los problemas ya existentes.
Por otra parte, desde una perspectiva más social se puede decir que, no reconocer la utilidad de gestionar el territorio es oponerse inútilmente a los avances en la reflexión y construcción de “categorías que hoy están siendo reivindicadas por una ciudadanía que cada vez más reclaman mecanismos de exigibilidad de sus derechos y que, al replantear la democracia y el desarrollo con fundamento en los derechos, reclama una dimensión más profunda de la reforma del Estado, no sólo en su aspecto administrativo, sino también en lo que concierne a su régimen político y a la misma relación gobierno-sociedad para restituir a esta última su carácter de soberanía del Estado”¹.
A partir del cotejo de estas dos grandes vertientes que definen el Ordenamiento Territorial primero como un escollo para el desarrollo económico del país y luego como mecanismo para el ejercicio eficiente de los derechos que aporta por añadidura a mejorar el Estado, se torna perentorio que los candidatos definan su posición frente al tema. Es necesario conocer cual será la orientación que seguirán las políticas que encauzarán nuestro desarrollo local y regional.
Creemos que es una decisión política que debe ser tomada y expresada como primer acto de transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
