Como se recuerda, el pasado 03 de abril, alrededor de 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa minera Glencore Antapaccay, se presentaron con maquinarias en un sector de la comunidad de Alto Huarca, Espinar – Cusco, para iniciar con la remoción de tierras y de esta forma desviar el cauce del rio Jutumayo, en esas circunstancia varias personas, sobre todo mujeres, fueron golpeadas y violentadas por intentar defender sus territorios. Rocío Coaquira, María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron las que resultaron con heridas de gravedad luego de haber recibido insultos, golpes y empujones de los policías y seguridad de la minera, así mismo Vidal Coaquira también resultó herido.
Han pasado varios días y ninguna institución del Estado se ha pronunciado, por su parte la empresa minera emitió un pronunciamiento afirmando que no hubo ningún acto de violencia, hecho desmentido por la serie de fotos y videos difundidos por Pulso Regional y DHSF. Frente a esta situación ¿Cuál es la responsabilidad de la PNP en este tipo de situaciones? ¿Quiénes deben ser sancionados por la violencia en contra de las mujeres de Espinar? ¿Qué acciones legales se están tomando?
¿A quién protege la Fiscalía?
Para el 09 de abril, Rocío Coaquira, María Coaquira, Eufrosina Umasi y Vidal Coaquira, con la asesoría de Ramiro Llatas, Abogado de DHSF, presentaron una queja ante el Decano de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Dr. Walter Becerra Huanaco, y ante la Jefa del Órgano de Control Interno (OCI) del Distrito Fiscal de Cusco, Dra. Griselda Venero de Monteagudo. En los documentos las victimas solicitan: 1. Iniciar acciones legales en contra de la Fiscal Adjunta de Espinar, Delia Avendaño Yucra, por haber ordenado una intervención policial, que ha generado en excesos cometidos en contra de su integridad física y psicológica; 2. Qué se incluyan en las investigaciones al personal de seguridad de la empresa minera y a los que resulten responsables de los presuntos ilícitos penales cometidos; 3. Se de una intervención inmediata ya que está en riesgo de pérdida su posesión de los terrenos en la Comunidad Campesina de Alto Huarca y. 4. Se cambie de Fiscal para el conocimiento de futuros ilícitos penales. Y se inicien las acciones legales que el caso corresponde.
Esta primera acción legal, es significativa porque las víctimas adjuntan registros fotográficos y audiovisuales en los que se evidencia la violencia ejercida por la PNP y funcionarios de Antapaccay. En el escrito se detalla que los representantes de la empresa minera, antes de ejercer violencia en contra de las mujeres, solicitaron que se firme un documento que las personas que viven en Alto Huarca no podían leer ni entender. Otro de los puntos que se destaca es la ausencia de la Fiscal, pues frente a este tipo de situaciones es necesario que la Fiscalía tome en cuenta medios de verificación para futuras denuncias.
· Respaldo del Convenio 169 de la OIT
En ambos documentos se resalta que la comunidad campesina de Alto Huarca está catalogada como un pueblo indígena “quechua” registrada oficialmente en la base de datos del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, por consiguiente esta comunidad es respaldada por el Convenio 169 de la OIT, sin embargo los mecanismos de diálogo y sus derechos como pueblo originario no están siendo respetados, pues las normas internacionales de derechos humanos, que regulan a los pueblos indígenas y nuestra propia ley de consulta previa, dispone que para entrar a estas comunidades se necesita de una autorización previa de la comunidad, algo que no ha pasado, ya que existe una resolución emitida el 25 de enero por el ANA que autoriza la ejecución de obras en fuentes naturales de agua para desviar el río Jutumayo, acción que los miembros de la comunidad desconocían.
· Por el agua y sus tierras
‘Nosotros somos posesionarios del predio Cetu, en la Comunidad Campesina de Alto Huarca y como tal se debe respetar nuestra posesión, pero, sobre todo, lo que pedimos además es que se respete nuestro acceso al agua, de una fuente de agua cerca al lugar donde vivimos. La empresa minera pretende quedarse con esta agua. No imaginamos nuestras vidas sin nuestro predio y mucho menos sin acceso al agua. No tendríamos para comer y nuestros animales se morirían, no tendríamos también el agua para nuestra pequeña agricultura’ cita textualmente uno de los párrafos. La preocupación de las personas de Alto Huarca apunta a que el rio Jutomayo estaría considerado como “sitio de reserva arqueológico Huto de Alto Huarca” por el Ministerio de Cultura, hecho, que no está siendo investigado por la Fiscalía, pues sería ilegal cualquier tipo de intervención en la zona.
Caso Alto Huarca by Derechos Humanos Cusco on Scribd
Desde Derechos Humanos sin Fronteras hemos notificado, con Carta N°118 -2018, sobre los hechos ocurridos en Alto Huarca, ante la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, y hemos suscrito un pronunciamiento interinstitucional, exhortando a que los operadores de justicia emitan una respuesta inmediata, pues hasta la fecha ni un solo representante del gobierno se ha pronunciado.
