La ilegalidad de la pena de muerte
Por Ramiro Llatas, Presidente de DHSF
El Ministro de Justicia, Enrique Mendoza, sabe mejor que nadie, que la propuesta de pena de muerte, no es posible legalmente y, que si renunciamos a la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, quedaríamos como país paria, como país incivilizado, le negaríamos el derecho a todas aquellas personas que al no haber obtenido justicia en el Perú, vayan al sistema interamericano de Derechos Humanos, a obtener justicia; pero supongamos, que salimos, y se aprueba la pena de muerte.
¿Quién aplicará la pena de muerte en el Perú? ¿Quién investigará? ¿Quién juzgará? Obvio que el Poder Judicial, pero no nos olvidemos que está institución, lamentablemente, en términos de confianza, está entre las últimas por la sensación de corrupción que existe.
La situación se agravaría, si prosperaría, la propuesta de ley de PPK para politizar la elección de los jueces. O imaginemos, menos mal que no pasó así, que los aproximadamente 800 indultados por Fujimori por haber sido sometidos a procesos de terrorismo, siendo inocentes, se le haya aplicado la pena de muerte. Nadie iba a reparar esas vidas pérdidas.
El Ministro de Justicia por lo que ha dicho, debería renunciar. No se trata sólo de discrepar ideológicamente, en el contexto peruano, una propuesta así, es totalmente ilegal, mentirosa y peligrosa. Hay más países que se dan cuenta que la pena de muerte no resuelve el problema. No garantiza en nada que haya menos criminales. Para muestra Estados Unidos.
En Perú, desde el condenado Fujimori, se han ido agravando las penas, hasta cadena perpetua y no paran los delincuentes. Terminemos con la farsa de la pena de muerte. Busquemos otras formas de afrontar la problemática.
