Por Ramiro Llatas – Presidente DHSF
Cuándo uno comete un delito, o si queremos una falta grave, lo normal, es que sea sancionado. Se trata, de evitar que se vuelva a hacer daño a las persona o a la sociedad. Ese es el fin de una sanción. Pero cuando no existe sanción, lo más probable es que quien cometió el delito vuelva a delinquir, porque actúa en modo tal, que sabe, que no le va a pasar nada. Esto es uno de los efectos de la impunidad. De parte de las personas, existe un deseo frustrado de Justicia, mezclado con indignación y otros sentimientos.
Esta es la sensación que tenemos muchas personas en relación al nuevo fenómeno Fujimori, cuyos representantes actuales son Keiko Fujimori, Kenji Fujimori y Cía. Aunque a veces nos quieran hacer creer que serían diferentes.
El último escándalo de Yesenia Ponce, informando sobre la actitud de Keiko de obstruir el proyecto de irrigación de Chinecas en Ancash, para que se ejecute, en su posible gobierno del 2021, gráfica lo que venimos diciendo: se le aperturará investigación ante la Comisión de Ética a la Congresista, pero a Keiko no se le tocará. Nadie se atreve a plantear, al interior de su bancada y de sus buenos amigos y amigas, que ella, podría ser responsable, del delito de obstrucción de la ejecución de los servicios públicos, ya que estamos hablando de un proyecto de carácter público, que beneficiará a miles de familias por el agua que llegará a sus tierras y servirá para irrigarlas. Un paréntesis, el proyecto público viene demorándose varios años. Si hubiese sido proyecto privado para beneficiar a unos cuantos, seguramente ya se habría terminado su ejecución. O sino veamos cómo ha crecido en negocio de la agroexportación y las grandes empresas mineras, en beneficio de los más ricos de nuestro país.
Pero volviendo al caso de la impunidad de Keiko, la Congresista Ponce, se humilla ante la gran Keiko, para pedirle disculpas. Le falto dignidad señora Congresista, usted representa a las ciudadanas y ciudadanos que lo eligieron. Es usted autoridad. Keiko a lo mucho es jefa de su partido y candidata presidencial perdedora. Es más, existen serias dudas sobre sus ingresos económicos.
Keiko está involucrada en denuncias más serias. Algunas están en investigación fiscal, muy lenta, cuyo fin es archivar y otras ni siquiera se han atrevido a denunciar. Recordemos de quien pago sus estudios en la universidad de Harvard, en Estados Unidos. Sobre el posible delito de lavado de activos con su socio comercial Joaquín Ramírez o sobre los delitos de corrupción por la plata que recibió en su campaña a la Presidencia en el 2011 de Marcelo Odebrecht. O las denuncias por irregularidades durante su campaña electoral del 2016, donde le favoreció un JNE muy complaciente, entre otros aspectos.
Felizmente, también están las respuestas de la sociedad. Probablemente sea declarada persona no grata en Ancash. Y, esperamos que jueces que condenaron a su padre por asesino y corrupto, vuelvan a aparecer, pues parece que últimamente están escondidos, o tal vez perseguidos.
La impunidad hace fuertes a unos cuantos. Nos niega derechos para favorecer a los «grandes” delincuentes. A veces a una persona que roba en un mercado terminan linchándolo, produciéndole grave daño o pérdida de su vida. Y, con gente que probablemente ha robado tanto no pasa nada. Viven felices y participan en la vida política. En el caso de Keiko y su hermano, incluso, según la encuestadora GFK aparecen en los primeros lugares para las elecciones presidenciales. Es un problema la permisibilidad de los ciudadanos y ciudadanas que hemos debido,hace mucho tiempo, levantarnos en contra de estos mal llamados líderes políticos que hacen mucho daño a la sociedad.
