Como se recuerda, mañana a las 3:30 p.m. se llevará a cabo la audiencia de alegatos finales del caso Espinar, donde están procesados Oscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia cusqueña; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, principales dirigentes del Frente de Defensa en el año 2012.
Durante el proceso, que viene durando más de cinco años, diferentes organizaciones de base e instituciones se han pronunciado en contra de este proceso judicial, advirtiendo que se trataría de un caso más de criminalización de la protesta social. A puertas de terminar el proceso, Front Line Defenders, una importante organización defensora de Derechos Humanos a nivel internacional y con mucha incidencia en Latinoamérica, se ha pronunciado recientemente sobre este caso. En las siguientes líneas replicamos el contenido de su pronunciamiento:
<<Perú: juicio penal contra los defensores de derechos humanos Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani y Herbert Huamán>>
El 11 de julio de 2017 se celebrará la audiencia final en el juicio en curso contra los defensores de derechos humanos Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani y Herbert Huamán. Los defensores se enfrentan a hasta ocho años de cárcel, además de multas de 27.000 euros (100.000 soles).
Oscar Mollohuanca es un defensor de derechos humanos de la provincia de Espinar, en el sur del Perú. Sergio Huamani y Herbert Huamán son ex dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE. Los defensores de derechos humanos y varias comunidades indígenas y campesinas de Espinar se han organizado y movilizado para denunciar los daños al medio ambiente y la salud humana causados por las actividades mineras en Espinar y exigir un nuevo acuerdo con la empresa minera «Xtrata Tintaya» (ahora «Glencore»), una mina de cobre que opera en las afueras de la ciudad de Espinar. Las demandas de las comunidades incluían normas ambientales más estrictas frente a los niveles alarmantes de contaminación ambiental, que las actividades mineras permitieran un desarrollo efectivo y sostenible de la región, que se realizara un monitoreo independiente de la mina y que se mantuvieran los derechos de las comunidades.
El 11 de julio de 2017, en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica, se celebrará la audiencia final en el juicio en curso contra los defensores de derechos humanos Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán. Son acusados penalmente por delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Los cargos se refieren a actividades de defensa de derechos humanos, y se relacionan con siete días de protestas públicas en Espinar en mayo de 2012, en las que se denunciaron los daños a la salud y al medio ambiente causados por las actividades mineras en la región. Se espera conocer la sentencia pronto después de la audiencia.
El juicio en curso está relacionado con la movilización y paro general organizados por las comunidades de Espinar y FUDIE en mayo de 2012. El 21 de mayo de 2012, las comunidades de Espinar iniciaron un paro general para presionar a la mina de cobre Xtrata Tintaya a negociar un nuevo acuerdo y relación con comunidades locales. Durante los siete días de la huelga, civiles desarmados ocuparon y bloquearon las vías de acceso a la mina. En respuesta, el presidente Ollanta Humala declaró estado de emergencia en la provincia, suspendiendo los derechos constitucionales y desplegando unidades especiales de policía contra los huelguistas. Como consecuencia, tres civiles murieron en los enfrentamientos, más de 100 personas resultaron heridas (civiles y policías) y varias personas fueron detenidas arbitrariamente y sujetas a malos tratos bajo custodia policial, entre ellas los defensores de derechos humanos Herbert Huamán y Sergio Huamaní.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática y que, en general, esta forma de participación en la vida pública, como ejercicio de libertad de expresión, juega un rol social crucial. Asimismo, ha destacado que en muchos de los países del hemisferio, la protesta social y la movilización se han convertido en herramientas para hacer demandas a las autoridades públicas, así como canales para denuncias públicas de abusos o violaciones de derechos humanos.
Front Line Defenders ha viajado extensamente por la región de Espinar para investigar los conflictos mineros en curso y ha informado previamente sobre la difícil situación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Perú. Front Line Defenders también ha planteado preocupación por el uso de la violencia y la criminalización contra líderes sociales en conflictos socioambientales relacionados con proyectos extractivos, como en el caso reciente de las comunidades Aymaras de Puno, Perú. En marzo de 2017, Front Line Defenders concluyó que Perú ha fallado reiteradamente en brindar protección a defensores y defensoras de derechos humanos.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el proceso de criminalización que enfrentan los defensores de derechos humanos Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani y Herbert Huamán y solicita a las autoridades de Perú que retiren inmediatamente todos los cargos contra ellos, ya que Front Line Defenders cree que estos cargos están directamente vinculados a su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades del Perú a:
- Retirar de inmediato todos los cargos en contra de Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ya que Front Line Defenders cree que están siendo criminalizados únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de los derechos humanos;2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con los defensores de derechos humanos, para garantizar su integridad física y psicológica y su seguridad, así como de sus familias y representantes legales;3. Abstenerse de utilizar el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a los defensores y defensoras de derechos humanos;4. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluido el acoso judicial.
Puedes ver el pronunciamiento aquí: goo.gl/HbgLiu
