COMUNICADO INSTITUCIONAL
El 14 de octubre de 2016, el conflicto en torno al mega proyecto minero Las Bambas sumó un muerto más. En este caso, los análisis realizados no son suficientes para abordar un conflicto social que ha tenido varios episodios a lo largo de más de 10 años. Y es que un mega proyecto como Las Bambas, además de una inversión millonaria y su importante aporte al PBI nacional, tiene impactos de magnitudes que van más allá de lo previsto en sus estudios de impacto ambiental. Por sus dimensiones, el mega proyecto minero Las Bambas va cambiando la vida de miles de personas de los territorios en donde opera, en términos no solo económicos, sino también sociales y culturales. En medio de contextos de población campesina e indígena vulnerable y de institucionalidad inexistente, estos impactos se multiplican y potencian a límites que muchas veces son incomprensibles para el estado y la opinión pública.
Desde nuestra experiencia de trabajo junto a comunidades y organizaciones sociales de la zona hemos podido identificar demandas, denuncias y propuestas legítimas; así como intereses, expectativas y temores de múltiples actores, que coinciden y se alejan entre sí. En estos escenarios de cambio, el papel tradicional de las autoridades de estos ámbitos se ve desbordado y no está contribuyendo a la construcción de escenarios de justicia y de desarrollo para todos los habitantes de la región.
No obstante, desde el 2015 con gran esfuerzo organizaciones sociales, dirigentes, alcaldes y autoridades de Cotabambas y Grau convocaron a un espacio de diálogo de manera de canalizar sus demandas y necesidades bajo un contexto de paz, en rechazo a los escenarios de muerte, violencia y represión que sufrió la provincia luego del paro de setiembre de 2015. Lograr el compromiso y la presencia de las autoridades del estado fue difícil y lo fue más construir un escenario de diálogo equitativo y de respeto entre las partes. La lucha por lograr acuerdos concretos ha sido constante.
En ese camino el espacio de diálogo de la mesa de Cotabambas logró como una de sus primeras medidas, y luego de mucho insistir, que la empresa minera y las autoridades se comprometan a otorgar 850 soles mensuales, por dos años, a las familias de las tres personas muertas por disparos de la policía en las protestas del 2015. Las esposas de las víctimas y sus hijos se encontraban en un estado de total abandono. Además, estas personas que viven en comunidades de Cotabambas y hablan en quechua, en casi un año, no pudieron cobrar el seguro, la CTS y otros beneficios a cargo de las empresas para las que trabajaban las víctimas; recién en 2016 con el nuevo gobierno, el Ministerio de Justicia se comprometió a ayudarlos con los trámites. Ese sector brindó además servicios de defensa pública para los más de 70 comuneros y comuneras acusadas por las manifestaciones de setiembre de 2015 en un proceso penal que continúa. Mientras, la empresa se ha constituido como tercero civil contratando para ello un importante estudio de abogados de la capital.
Bajo ese contexto, la Mesa de Diálogo se convirtió en el único espacio multiactor de la provincia donde la población en su conjunto podía expresar sus demandas. Este espacio se mostraba alternativo a aquellos otros bilaterales que la empresa minera mantiene y que han dado lugar a múltiples contratos bajo cláusulas de confidencialidad con dirigentes y algunas comunidades para la adquisición de tierras, acceso al tránsito y otros, generando expectativas y en muchos casos, relaciones insostenibles en el tiempo. El espacio de la Mesa de Diálogo intentó canalizar, agrupar y transformar las múltiples demandas y necesidades, en agendas concretas en materia ambiental, de derechos humanos, de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sostenible de la población de la provincia de Cotabambas.
Así, en este espacio los dirigentes exigieron al Estado que haga públicas las cifras de los verdaderos aportes de la minería a la provincia. El gobierno mostró cifras de regalías más no de canon, los que al parecer llegarían recién en cinco años o más. Frente a ello, las organizaciones plantearon la propuesta de un Convenio Marco mediante el cual la empresa otorgara un aporte social que permitiría financiar de manera sostenible proyectos de envergadura e impacto para todos en la región.
Otro tema importante planteado en la Mesa fue el de la carretera de transporte minero, vía afirmada por donde transitan diariamente 125 camiones de alto tonelaje para el transporte de concentrados y 60 vehículos para insumos, de ida y vuelta. Los afectados denunciaron los impactos que venían sufriendo: polvo, ruido y vibración, que afecta la salud de las personas, sus cultivos, pastos, animales y viviendas. Ante ello, señalaron la necesidad de asfaltar la vía y regularizar la situación de las tierras comunales, ya que la carretera se había construido sin tener en cuenta a sus propietarios. El día 6 de octubre, los funcionarios del Estado informaron que se había constituido una comisión para evaluar las alternativas de asfaltado y se aceptó el pedido para integrar en ella a un representante de la sociedad civil. No obstante, el acuerdo no incorporó el tema del saneamiento de las tierras ocupadas por la carretera, pues los funcionarios lo consideraron implícito. Tampoco se establecieron plazos para el trabajo de la comisión. No hubo difusión del acuerdo por las autoridades. Este tema ha sido el que desencadenó la protesta social del 14 de octubre.
Hoy, a pesar de los varios esfuerzos de sus organizaciones y dirigentes, el espacio de la Mesa no ha logrado aún alcanzar los objetivos esperados. Sus acuerdos son todavía muy limitados y no han conseguido atender a las múltiples demandas y necesidades reales de la población en la provincia. Las actitudes de los funcionarios del gobierno central, resistiéndose constantemente a comprometerse con plazos y presupuestos en medidas concretas; mellaron el camino del diálogo y los pequeños impulsos de esta gestión han llegado quizás, demasiado tarde. Los tiempos de la burocracia estatal y de coordinación entre los sectores, no caminaron con los tiempos de la población, causando la sensación de impotencia y el cansancio de los líderes sociales que participan en el diálogo.
Se entienden así las razones por las que la población exige ahora la presencia de los ministros o del propio Presidente de la República, convencida de que en el país solo esas autoridades tienen poder de decisión y de acción rápida. Otros actores critican el espacio y proponen alternativas de continuar con los esquemas de negociación directa y bilateral que la empresa mantiene durante años en la zona. No obstante, desde CooperAcción hemos acompañado y promovido los canales del diálogo para Las Bambas desde sus inicios, convencidos de que esta es la única vía para lograr la vigencia de derechos humanos de los hombres y mujeres de las comunidades campesinas y la población de Grau y Cotabambas.
El desborde social junto con la violenta represión policial que dejó el saldo de una persona fallecida, han conducido a una nueva situación de crisis en la provincia. La confianza en el diálogo se ha perdido y se requiere de un gesto político que indique que las cosas van a cambiar. Tal vez un mensaje del Presidente de la República expresando sus condolencias por el fallecido, llamando la atención a quienes satanizan a las comunidades, manifestando su disposición a escuchar su demandas, y su voluntad de resolver en el más breve plazo, sea el gesto que se necesita en el escenario actual.
21 de octubre de 2016.
