PRONUNCIAMIENTO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta profundamente la muerte de Quintino Cereceda Huiza, muerto por un impacto de bala de la Policía Nacional del Perú este viernes 14 de octubre, en el marco de la respuesta policial al bloqueo de vehículos pesados en la carretera que une el proyecto minero Las Bambas con el poblado de Quehuira en Apurímac.
En este sentido, expresamos nuestro más enérgico rechazo al uso indebido de la fuerza por parte del Estado en sus intervenciones en los conflictos sociales. La PNP no puede actuar al margen de la Ley, desconociendo lo normado en el Decreto Legislativo 1186 y su reglamento, así como en las directivas del propio Ministerio del Interior (resumidas en la RM. 813-016/IN). En este sentido valoramos el inicio de la investigación sumaria del Ministerio del Interior (1) .
Exhortamos que la Fiscalía investigue a cabalidad los hechos y denuncie por las responsabilidades que encuentre con relación a la muerte del señor Quintino Cereceda Huiza. Demandamos también se conozca la relación de todas las personas heridas y que se brinde la atención médica necesaria a todas las personas heridas.
Requerimos a todas las autoridades y actores comprometidos en este proceso a mantener y aumentar el diálogo, e incrementar sus esfuerzos por informar a toda la ciudadanía involucrada sobre los acuerdos tomados y los avances en su implementación.
Exhortamos una vez más al gobierno central para que hagan públicos todos los convenios privados vigentes entre las Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, y que estos sean finalizados de manera urgente, ya que vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así también constituyen una amenaza cierta e inminente al derecho a la seguridad ciudadana, a la libertad de expresión y ponen en riesgo la vida y la integridad de peruanas y peruanos, tal como ha sucedido con la vida del señor Quintino Cereceda.
Invocamos especialmente al gobierno central a no permitir la muerte de un solo peruano más. Consideramos que esta muerte fue totalmente evitable y que es deber fundamental del gobierno central y todos los sectores involucrados en este proceso: Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciónes, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el emprender una política que profundice el diálogo para la prevención y solución de conflictos sociales, que incluya el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se arriben, y que no sean reemplazados por la represión como ocurrió sistemáticamente en quinquenios anteriores. Solo así será posible la aspiración de no tener ni un muerto más.
Lima, 17 octubre 2016.
