EN FORO PARLAMENTARIO
A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la promoción de propuestas favorables respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.
Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.
Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente
RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.
Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social, ya que solo es de carácter informativo una vez aprobado que el Estado da luz verde para el inicio de un proyecto. “En ese escenario, la consulta previa, por más norma que se tenga, está sometida bajo esa misma lógica”, remarcó.
Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es consecutiva de derechos.
Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.
Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de “bajar” el problema”, señaló.
Propuestas a impulsar
Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.
Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.
A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.
Fotos: Comunicaciones RED MUQUI
