Un reciente informe de fiscalización evidenció falencias en la prevención, atención y sanción de casos de acoso sexual en tres universidades de la región del Cusco: la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), la Universidad Andina del Cusco (UAC) y la Universidad Intercultural de Quillabamba (UNIQ).
La presentación del documento se realizó el 30 de octubre en el salón Machupicchu de la Municipalidad del Cusco donde participaron representantes de universidades, instituciones públicas y estudiantes universitarios. El diagnóstico revela que, pese a los avances normativos de igualdad y protección frente a la violencia de género, los espacios universitarios continúan siendo inseguros para muchas estudiantes, quienes enfrentan trabas, revictimización y desconfianza institucional al denunciar.
El informe identifica cuatro problemas estructurales que reflejan la fragilidad de los mecanismos universitarios frente al acoso sexual:
- Débil prevención y respuesta frente a las denuncias, con comités y autoridades que no aplican los reglamentos de manera uniforme.
- Falta de capacitación en docentes e integrantes de los comités encargados de instruir y sancionar los casos.
- Escasa difusión de las rutas de denuncia y los espacios seguros para las y los estudiantes.
- Ausencia de medidas de protección efectivas para denunciantes y testigos, lo que genera miedo a represalias.
De acuerdo con los datos recopilados, la Universidad Andina del Cusco (UAC) registró 15 casos de acoso sexual, con solo 4 sanciones que derivaron en destitución de los responsables.
En la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), se identificaron 16 casos; sin embargo, estudiantes y organizaciones estudiantiles afirman que existirían más denuncias no registradas formalmente.
La situación es aún más crítica en la Universidad Intercultural de Quillabamba (UNIQ), donde se documentaron casos agravados por situaciones de discriminación y racismo hacia estudiantes indígenas y amazónicos.
“El problema no se limita al acoso, sino al trato desigual hacia jóvenes de provincias. Se descalifica de expresarse, lo que vulnera su dignidad y evidencia una falta de comprensión intercultural”, advirtió una de las especialistas durante la exposición.
El informe también alerta sobre omisiones en la actuación de las autoridades universitarias que podrían tener consecuencias administrativas o hasta penal para las autoridades. En varias instituciones se detectaron comités que no cumplen con los plazos ni procedimientos establecidos, además de casos en los que las víctimas debieron acudir reiteradamente a distintas oficinas sin recibir respuesta efectiva.
“Toda autoridad que tiene conocimiento de un posible delito y no actúa incurre en omisión. No basta con enviar oficios o exhortaciones; el deber es garantizar una investigación inmediata y acompañamiento a las víctimas”, señala el documento.
La falta de respuesta oportuna genera desconfianza y la idea de que el acoso puede quedar impune dentro de las universidades. Frente a esta problemática, el informe propone la creación de un Registro Nacional de Hostigadores Universitarios, que impida la contratación o recontratación de docentes y personal sancionado por acoso sexual. Este registro permitiría un control efectivo de los antecedentes de quienes
Asimismo, se exhortó a fortalecer la articulación entre las universidades, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el fin de garantizar espacios académicos seguros, libres de hostigamiento y discriminación.
Los hallazgos del informe confirman que el sistema universitario en el Cusco aún no garantiza condiciones adecuadas para la protección de las mujeres ni para el ejercicio pleno del derecho a una educación libre de violencia y discriminación. Las instituciones universitarias deben ser espacios donde se promueva la igualdad, el respeto y la convivencia segura. Sin embargo, los casos expuestos muestran que la falta de recursos, capacitación y voluntad política sigue siendo una barrera estructural para erradicar la violencia de género en las aulas.
Por: Área de comunicación – DHSF.
