La reciente ley de amnistía aprobada en el Perú beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
La reciente ley de amnistía aprobada en el Perú beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
¿Qué pasará con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación?
La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la norma que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, investigados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La medida fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio, contenida en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, y alcanza incluso a delitos calificados como de lesa humanidad.
¿A quiénes beneficia?
Favorece a agentes condenados o acusados por graves violaciones, contradice resoluciones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y debilita los avances logrados en materia de justicia transicional. Estos retrocesos ponen en riesgo las garantías de no repetición y el cumplimiento de los estándares internacionales que protegen a las víctimas.
Desde Derechos Humanos Sin Fronteras alertamos que esta ley representa un grave retroceso en la protección y garantía de los derechos humanos en el país. Su aplicación podría consolidar la impunidad en casos emblemáticos, debilitar la independencia judicial y desconocer las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. Recordamos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía.
¿Quiénes promovieron?
La ley fue impulsada y aprobada con los votos de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción durante su mandato.
Riesgo de impunidad
Organizaciones y familiares de las víctimas han iniciado protestas y acciones legales para frenar la aplicación de la amnistía. La Corte IDH ha convocado a una audiencia pública para el 21 de agosto, donde se escuchará a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, así como al Estado peruano, para evaluar las implicancias de esta norma que, según especialistas, podría consagrar la impunidad.
