José Antonio Lapa Romero, Área de Comunicación e Incidencia DHSF – Cusco
En el Perú, en los últimos años, se ha dado un viraje en la concentración de inversión, concesiones, explotación, conflictos y criminalización hacia el sur. Este viraje al sur y en especial en el denominado “corredor minero”, ha constituido un campo económico donde domina el capital internacional legitimado y promovido por el Estado capitalista peruano, y un campo político donde a nivel local se estructura el poder hegemónico minero atravesado por permanentes momentos de disputa, movilización, conflicto y vulneración de derechos. Así, el corredor minero, circula el capital, las ganancias, el poder minero, la coerción, la represión estatal y los sueños de desarrollo de la población aún esquivo.
1. Capital minero internacional en el corredor minero
En el Perú el sector minero representa el 65% del total de las exportaciones (26 mil millones de dólares), genera 174,126 empleos directos (61, 873 por compañías y 112,253 por contratistas) y se ha constituido en el poder económico más influyente del país que estructura el milagroso modelo peruano. Poder económico que ha venido influyendo sobre los sucesivos gobiernos “democráticos” y la constitución del Estado.
De la cartera de proyectos de 51 mil millones de dólares, 48 mil millones están concentrado en el sur. La producción del capital internacional de 5 empresas en el 2016 representaron el 65% de la producción de cobre, 1,519,200 de 2,353,859 TMF: Cerro Verde (EEUU), Southern Perú Cooper Corporation (México y EEUU), MMG Las Bambas (China), Glencore (Suiza), Hudbay (Canada). Estas tres últimas en el sur del Perú han configurado el corredor minero desde Cotambambas (Apurimac), Chumbivilcas (Cusco), Espinar (Cusco) y llegando hasta el puerto de Matarani (Arequipa). Configuración geográfica y económica donde fluyen diariamente más de 500 camiones denominados “encapsulados” trasladando concentrados de cobre generando impactos ambientales y económicos (polvareda que afecta pastos, cultivos y personas que se encuentran en el trayecto de la carretera). Corredor minero articulado débilmente a las economías agrarias fundamentalmente de subsistencia y donde los campesinos solo ven pasar la ruta del capital minero. El poder minero internacional y los intereses económicos en juego han configurado este corredor en estratégico para la economía y el Estado ha intensificado su acción empleando la fuerza, la represión estatal y la inversión pública para desmovilizar con el objetivo de crear condiciones de estabilidad política y social para el desarrollo del capital minero en una imaginada paz perpetua y ausencia de conflictos.
2. El rol del Estado: entre la fuerza y el consenso
El Estado y el gobierno se mueven en dirección del capital minero, legitimando y empleando el aparato político, represivo y legal para defender sus intereses. Así, dado la constitución estratégica del corredor minero, al involucrar los intereses de empresas mineras internacionales y habiéndose constituido un Estado dependiente, el Estado peruano viene actuando, por un lado, con dos mecanismos que se han vuelto parte de la práctica política cotidiana del Estado en el corredor minero: fuerza y consenso. En efecto, en el conflicto de Espinar (2012), Cotabambas (2015), y los conflictos en Chumbivilcas (2016), el Estado ha empleado la represión, la coerción y la denuncia de líderes, dirigentes y autoridades con la finalidad de desmovilizar, desestructurar y contener la protesta social, y en paralelo (o posteriormente al conflicto) a través del dialogo comprometer millones de soles, “lluvia de inversiones”, financiar “matriz o planes de desarrollo”, con el objetivo político de legitimar y desmovilizar la protesta y por lo tanto crear mejores condiciones sociopolíticas para el desarrollo del capital minero, es decir, evitar la paralización y la afectación de los intereses del capital minero: Espinar (Mil 600 millones) y Chumbivilcas (2 mil 700 millones en el 2017).
Por otro lado, se ha vuelto una práctica política recurrente la declaratoria de estados de emergencia por los gobiernos cada vez que se moviliza la población por la afectación de sus derechos en el corredor minero: distrito de Coporaque de la provincia de Espinar (febrero 2017), provincia de Cotabambas, (febrero 2017), distritos de Haquira, Mara y Chalhuahuacho de la provincia de Cotabambas (Agosto 2017 hasta la actualidad), y distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas (setiembre 2017). Estados de emergencia cuyo objetivo central es impedir la afectación de los intereses del capital minero, sin resolver lo que da origen a las movilizaciones.
Además, en el corredor minero se ha privatizado el uso de la fuerza pública. Así, Glencore (antes Xstrata Tintaya), Hudbay y MMG Las Bambas tiene convenios con la policía, que no solo implica la asignación de personal de la policía (y también de inteligencia en el caso de Glencore) para actuar a favor de los intereses del capital minero, sino que el rol de imparcialidad del Estado tiende a borrarse, mostrándose con claridad que los intereses del capital son los intereses del Estado y que los intereses del Estado son los intereses del capital, lo que niega la posibilidad de un Estado liberal y afirma un Estado capitalista.
3. Conflictos y criminalización en el corredor minero
La intensificación de la explotación y producción minera en el corredor minero ha abierto al mismo tiempo otros escenarios de conflictos cuyos orígenes han sido fundamentalmente económicos y ambientales. Así, al conflicto de Espinar del 2012 se han sumado conflictos en Chumbivilcas (2016) y Cotabambas (2015 y antes). En efecto, según datos de la defensoría del pueblo del 2016, los conflictos socioambientales en Apurímac son 13 y Cusco 13. Estos conflictos han sido conflictos fundamentalmente de convivencia, es decir, por la disputa de las condiciones económicas, sociales y ambientales de la actividad minera en las zonas de operación, dado que, las poblaciones, en general, no se oponen a la actividad minera, sino exigen su mayor articulación económica y aporte al desarrollo de las localidades, y el control de sus impactos ambientales.
Con los conflictos, también se vienen dando procesos de criminalización de la protesta social en el corredor minero. Así, en Espinar desde el 2010 se tiene alrededor de 3 ciudadanos, en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014) y en Cotabambas mas de 20 (luego del 2015). Lo que muestra una práctica recurrente del Estado y los gobiernos de envolver en procesos judiciales a los líderes (as) y dirigentes (as) denunciándolos por entorpecimiento al funcionamiento de vías, disturbios y asociación ilícita para delinquir, lo que genera efectos de desmovilización y desarticulación sobre la representación social•
