Tras 5 años de un proceso judicial marcado por contradicciones, el Poder Judicial de Cusco absolvió a 8 comuneros y 2 comuneras de la comunidad campesina de Urinsaya, en la provincia de Espinar. Los defensores fueron acusados del supuesto secuestro de un trabajador de seguridad de la empresa Las Bambas durante una protesta pacífica en enero de 2020.
La sentencia, leída el 23 de octubre de 2025 por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco, constituye un precedente relevante en uno de los casos emblemáticos de criminalización de la protesta en las provincias altas.
La protesta pacífica que dio origen al caso Urinsaya
La comunidad campesina de Urinsaya del distrito de Coporaque de la provincia de Espinar, iniciaba una protesta pacífica el 27 de enero de 2020 en el puente Huañamayo, exigiendo el cese a la contaminación ambiental producido por transporte de minerales y la anulación de la Resolución Ministerial N°054-2019MTC hecho que clasificó la carretera comunal en vía nacional del corredor minero, sin haberse realizado un proceso de consulta previa con la comunidad.
El incidente que originó la denuncia por secuestro
Durante la jornada de lucha, los comuneros notaron la presencia de un sujeto desconocido que los fotografiaba y grababa videos a los comuneros presentes. Ante esta situación, los dirigentes y comuneros se acercaron para pedirle que se identificara y explicara los motivos de su presencia en la zona.
El sujeto se presentó inicialmente como ganadero y dijo llamarse Elvis Flores Maldonado, asegurando que se encontraba hospedado en un alojamiento recientemente. Sin embargo, luego de ser interrogado por las rondas campesinas, el propio Elvis Flores admitió que trabajaba para la empresa PROSEGUR, encargada de brindar servicios de seguridad a minera MMG Las Bambas.
Tras identificarse, Elvis Flores Maldonado, se retiró libremente hacia su hospedaje, sin que la comunidad interfiriera en su desplazamiento. La protesta en el puente Huañamayo continuó con normalidad durante el resto del día. Horas después, sin embargo, la versión oficial cambiaría drásticamente.
El inicio de una denuncia marcada por irregularidades
Aquella tarde, el coordinador de Elvis Flores identificado como Juver Huiche Aguilar informó a la Comisaría de Velille denunciando un presunto secuestro. Ante esta alerta, la Policía comunicó de inmediato la situación a la fiscalía provincial de Espinar, que dispuso una diligencia en la comunidad con asistencia de la Polícia Nacional del Perú, donde hallaron a Elvis Flores en la habitación del hospedaje donde se alojaba. En el lugar, se procedió a detener preventivamente a Vicky Virginia Ccaña Ccolque, dueña del hospedaje bajo sospecha de haber participado en el supuesto secuestro.
Ese mismo día se elaboró un acta de constatación fiscal en la comisaría de Espinar no en el lugar de los hechos firmada por la fiscal encargada del caso, los agentes policiales Willian Serrano, Máximo Gómez y Zenaida Huanca, además del propio Elvis Flores Maldonado y Vicky Virginia.
Inconsistencias y contradicciones en el proceso
El Ministerio Público de Espinar inició investigación por el presunto delito de secuestro agravado contra ocho comuneros y dos comuneras de Urinsaya, solicitando 20 años de prisión efectiva y S/10 000 (diez mil con 00/100 soles) de reparación civil.
Sin embargo, las pruebas se sustentaban únicamente en el acta policial y declaraciones que luego se contradirían en el juicio.
Durante el juicio, Elvis Flores Maldonado declaró que no reconocía a ninguno de los comuneros como autores del supuesto secuestro. También se reveló que Juver Huiche Aguilar, quien figuraba como denunciante, el pleno juicio, negó haber presentado denuncia alguna, pese a que en la investigación fiscal Huiche es la persona que interpone la denuncia con firma y huella.
La sentencia absolutoria
El 23 de octubre de 2025, luego de más de cinco años de proceso judicial, el colegiado presidido por el Juez Miguel Ángel Castelo Andía emitió sentencia absolutoria para los diez comuneros y comuneras.
En la lectura del fallo, el magistrado sostuvo que no existían pruebas suficientes ni testimonios consistentes que acreditaran el delito de secuestro, calificando la acusación como “una construcción basada en especulaciones y contradicciones”.
Además, el tribunal determinó que tres de los acusados no se encontraban en el lugar de los hechos el día de la protesta y que no hubo restricción de libertad ni violencia alguna contra el trabajador de PROSEGUR.
Cinco años después, el caso Urinsaya se convierte en un precedente judicial en favor del derecho a la protesta y la defensa del territorio. La justicia reconoció lo que la comunidad sostuvo desde el inicio que nunca hubo secuestro, sino una protesta legítima en defensa del ambiente y la autodeterminación comunal.
Por: Área de comunicación – DHSF.
